La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa –CARBAP – presentó su propuesta de política agroindustrial y agropecuaria para una Argentina representativa republicana federal, la cual será entregada al Gobierno Nacional, a los partidos políticos y a las distintas instituciones de la república.
En conferencia de prensa, el presidente de CARBAP Horacio Salaverri, remarco que “la República esta sufriendo complicaciones desde lo institucional y el país desde lo económico, y no se ven soluciones. Es por ello que hemos elaborado este instrumento, como un aporte, para ser presentado oficialmente al Gobierno y a todo el arco político».
El Coordinador de la Comisión que elaboró dicho documento, Juan Jose Linari, manifestó que “el trabajo apunta a la «calidad institucional», ya que CARBAP a través de diversas manifestaciones ha reivindicado la necesaria división de poderes como esencial para una vida representativa y republicana”.

EL TEXTO COMPLETO
PROPUESTA DE POLÍTICA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL PARA UNA
ARGENTINA REPRESENTATIVA REPUBLICANA FEDERAL
I. VALORES
– Respeto irrestricto a la Constitución y a las Instituciones de la Nación.
– Defensa de la República y el Federalismo.
– Construcción de Capital Social, con base en la ética y el rescate del espíritu
emprendedor y de la iniciativa inversora de los empresarios.
– Promoción de la equidad distributiva.
– Equilibrio regional, alentando las posibilidades de desarrollo y promoviendo la
radicación de la población en el interior del país. Moderna, equitativa y eficiente
relación fiscal Nación- Provincias.
II. OBJETIVOS ECONÓMICOS GENERALES A SER RESPETADOS.
a. Lograr tasas sostenidamente altas de crecimiento económico, atemperando los ciclos y las fluctuaciones bruscas, de manera que la promoción de inversiones atractivas en la Argentina contribuya a reducir el desempleo y a promover el desarrollo regional, alentando a la población a radicarse en todo el territorio nacional.
b. Promover una mejor distribución de la riqueza (distribución personal,  sectorial, funcional y regional), reduciendo los niveles de pobreza y eliminando la marginalidad y la pobreza extrema. Recuperar la cultura del trabajo. Redistribución basada en la política fiscal, sin distorsionar precios ni tarifas de servicios públicos.
c. Defender el valor de la moneda y la estabilidad de precios, a través de la
independencia del Banco Central, el respeto a la seguridad jurídica de los
inversores externos e internos y el cumplimiento de los compromisos por
endeudamiento público.
d. Promover la inserción competitiva de la Argentina en el mundo, tanto a nivel
comercial como financiero, asegurando políticas de Estado que atraigan a largo
plazo inversiones externas e internas, orientadas al desarrollo económico y social.
e. Promover la actividad emprendedora de nuestros ciudadanos, asegurando una tasa
sustantivamente alta de creación de nuevas empresas y promoviendo el espíritu
pionero, para rescatar el interior del país. Volver a la auto-regulación de las
instituciones de los mercados de capitales, promoviendo la emisión de acciones y obligaciones bajo la regulación de la CNV y respetando el derecho de las minorías, sin obstruir la eficiente toma de decisiones ni desalentar el espíritu emprendedor.
f. Estimular la calidad ambiental y evitar la contaminación o disminuir sus niveles, preservando el medio ambiente, cumpliendo los compromisos internacionales contraídos e incentivando la mayor oferta de servicios ambientales y de proyectos que favorezcan la remediación del daño ya ocurrido. Promover los proyectos, las actividades y las tecnologías que hagan posible la conservación de nuestros suelos, y en general el uso racional y sustentable de los recursos naturales.
III. OBJETIVOS SECTORIALES O DE POLÍTICA AGROPECUARIA.
Los objetivos sectoriales deben ser coherentes con los valores y objetivos generales. De esta manera se consigue que el interés particular de los actores económicos sectoriales vaya en línea con el interés general y que las políticas se sostengan a largo plazo (Políticas de Estado).
IV. POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES Y ESPECÍFICAS.
1-POLÍTICAS CAMBIARIA Y COMERCIAL EXTERNA.
a- Tipo de cambio nominal que asegure la protección de los sectores eficientes de la economía y no sea sometido a las fluctuaciones derivadas de su empleo como
instrumento de política anti-inflacionaria o de redistribución de ingresos.
b- No habrá control de cambios ni restricciones a operar en moneda extranjera. Libre movimiento de capitales, remesas de utilidades, regalías, etc. Aplicación de políticas adecuadas en el caso de que el ingreso de capitales especulativos afecte la paridad cambiaria o el cumplimiento del Programa Monetario Anual del Banco Central. Eliminación de restricciones cuantitativas, cuotas y toda trabapara exportar e importar. Implementación de un sistema informativo, de
referencia de precios y determinación de base imponible para la tributación que
no implique ningún tipo de distorsión abierta o encubierta al normal flujo del
comercio.
c- No habrá derechos de exportación, excepto aquellos aprobados por Ley del
Honorable Congreso de la Nación con el objeto de promover la industrialización
de materias primas en el país y con tasas que no deben superar el 4%.
d- Aranceles de importación no superiores a 10% para todos los bienes. Proponer esta política en el MERCOSUR y en toda negociación comercial externa. 
e- Procurar la plena vigencia de los principios fundamentales del Tratado de
Asunción, gravemente distorsionados a través de mecanismos de comercio
administrado que conspiran contra el proceso de integración regional y el efectivo funcionamiento de un Mercado Común.
f- Reintegros a la exportación de valor agregado agroindustrial, fundados en el cálculo estricto de impacto de los impuestos indirectos internos (Ingreso brutos,
principalmente). Aplicación del principio de no exportar impuestos, aceptado en la OMC.
2-POLÍTICAS DE FORMACIÓN DE PRECIOS Y MERCADOS.
a- Libertad de precios para todos los bienes y servicios.
b- Retorno a la política comercial externa vigente hasta principios de 2006, fundada en la Ley 21.453, que implica un régimen de declaración jurada de las operaciones de venta al exterior que permite cerrar la ecuación económica al fijar el tratamiento impositivo al momento de la Declaración y que ha regulado por más de dos décadas el sistema de comercialización externa de los granos, aceites y harinas proteicas, posibilitando la formación de los precios para toda la cadena agropecuaria y la realización de operaciones de compra-venta de granos a futuro con valores ciertos.
c- El MINAGRI tendrá sólo facultades de control comercial con el fin de preservar la lealtad comercial, asegurar la transparencia y garantizar la correcta organización de los mercados agropecuarios. Las estadísticas y la información que provea deben servir para mejorar el funcionamiento de dichos mercados. Todas las resoluciones emitidas para restringir operaciones o distorsionar precios serán derogadas. No habrá otros órganos de control comercial, ni de regulación de precios o cantidades.
d- Fortalecimiento de la Comisión de Defensa de la Competencia en el marco de la plena vigencia de la Ley 25.156, agilizando su actuación en casos de poder de
monopolio o maniobras colusivas que perjudiquen el correcto funcionamiento de los mercados. Actuación de oficio del Estado en caso que se disponga de pruebas suficientes para lograr la sanción de las conductas monopólicas u oligopólicas, en la medida en que éstas puedan provocar un perjuicio para el interés económico general.
3-POLÍTICA CREDITICIA Y DE COBERTURA DE RIESGOS (DE PRECIOS Y
CLIMÁTICOS).
a- Promoción de los mercados a Término, regulados por la Comisión Nacional de
Valores.
b- Promoción de las coberturas de riesgo climático, con participación del Estado, hasta asegurar la generalización de su empleo (con racionalidad económica en los casos en que los riesgos sean imprevisibles), con primas de seguro que induzcan al productor a cubrirse.
c- Legislación que propicie el empleo de los Warrants, como instrumento de garantía crediticia.
d- Promoción del crédito y de la asistencia financiera en condiciones de mercado y asistencia promocional del BICE y del Banco Nación en los casos de proyectos
productivos de largo aliento que puedan formar parte de la promoción de regiones o actividades de interés para la política pública. Creación de una Unidad evaluadora de proyectos sectoriales (UEPA), para facilitar el desarrollo de Pymes o Asociaciones de Productores o el acceso a préstamos o donaciones de organismos multilaterales.
e- La UEPA aprobará programas subsidiados (por el MINAGRI) de Agricultura
Familiar y de desarrollo de la industrialización en origen, en base a Clusters de
producción y comercialización, redes de valor, y todo mecanismo apto de acceso eficiente a los mercados y al crédito. Promoción de “marcas” locales y regionales, a cargo del MINAGRI y los Ministerios Provinciales.
4-POLÍTICA TRIBUTARIA.
La política tributaria debe basarse en la plena vigencia del principio de Legalidad (“No hay tributo sin ley”), el respeto por el Federalismo, la igualdad ante la ley, la no confiscatoriedad, la proporcionalidad y la equidad. En este marco, se adoptarán las siguientes medidas:
a- Simplificación del sistema tributario, facilitando el cumplimiento de las
obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.
b- Eliminación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias.
c- Eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
d- Adecuación de los mínimos no imponibles y la escala de tasas en el Impuesto a las Ganancias. Simplificación y corrección de la normativa con respecto al
reconocimiento de los efectos de la inflación, en particular en las amortizaciones de bienes del activo fijo o la realización de bienes cuya enajenación no es habitual.
Optimización de los sistemas de control, agilizando y digitalizando todos los
mecanismos, de modo de facilitar la operatoria de los contribuyentes. Promoción de mecanismos que garanticen la correspondencia fiscal y el control social del gasto en el sistema de coparticipación federal.
e- Baja progresiva de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) para toda la economía. Simplificación de su instrumentación, eliminación de los sistemas diferenciales y reducción al mínimo de los sistemas de percepciones y pagos a cuenta. Eliminación de la mayor cantidad posible de exenciones, para disminuir las presiones sectoriales y evitar las distorsiones en la asignación de recursos entre diversas actividades productivas. Implementación de sistemas ágiles de reintegro de saldos, a fin de no desalentar la inversión. Rápida devolución del IVA contenido en la exportación. Principio de no exportar impuestos.
f- Análisis de los impuestos internos sobre consumos específicos caso por caso,
partiendo de los fundamentos, cuya justificación debe ser precisada (cuidado de la salud, consumos que  reflejan alto poder adquisitivo, etc.) y las alícuotas revisadas caso por caso, teniendo en cuenta su incidencia en la asignación económica de recursos.
g- Sustitución del Impuesto a los Ingresos Brutos por otro instrumento más eficiente de imposición directa que afecte sólo la etapa final de las operaciones con consumidores finales (mercado interno).
h- Revisión de la coordinación de las potestades tributarias contenidas en la Ley de Coparticipación Federal, disponiendo:
*La inaplicabilidad de tributos municipales, cualquiera sea su definición, que en
esencia revistan la misma naturaleza económica que los impuestos nacionales o
provinciales.
*La necesaria existencia de radicación física y la existencia de un servicio
asignable individualmente para la procedencia de las tasas.
*La necesaria proporcionalidad entre el monto de las tasas y el costo del servicio brindado.
i- Asegurar la fiscalización de todos los contribuyentes a fin de evitar o reducir a un mínimo la evasión, como una forma de combatir la competencia desleal y premiar a los buenos contribuyentes. Facilitar que éstos propongan y/o acuerden con la Autoridad de Aplicación sistemas simplificados que permitan optimizar la administración particular de sus tributos, de modo de disminuir el costo privado de pagar impuestos. Promoción de los derechos del buen contribuyente.
j- Creación de mecanismos de desgravación que promuevan el cuidado de los suelos y la recuperación de sus nutrientes.
5-POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO Y DE PRODUCCIÓN DE BIENES
PÚBLICOS.
a- Reorganización del Sistema de información agropecuaria y de mercados.
Publicación on-time y on – line de los datos procesados sobre el funcionamiento de los mercados. Puntual realización del Censo sectorial, cada diez años, con encuestas muestrales cada dos años. Reordenamiento y tecnificación de las áreas de Estimaciones Agrícolas y ampliación a cultivos no pampeanos.
b- Preparación técnica de programas de promoción comercial externa del sector. La información analizada, se traducirá en proyectos a ser ejecutados por Cancillería (Export-ar, embajadas, etc.). Ampliar el número de agregadurías agrícolas en el exterior. Unificar áreas de promoción Pyme con provincias y municipios, a fin de evitar duplicaciones. Ventanilla única de trámites de exportación.
c- Promoción de la sanidad y calidad animal y vegetal. Reforma y modernización del SENASA para la prevención y el combate de enfermedades y plagas. Sistemas de alerta on-time y on-line, con participación de los empresarios y entidades del sector.
Simplificación y agilización de los controles aduaneros y portuarios y
abaratamiento de sus costos para el usuario. Programas plurianuales para
actividades específicas. Programa de capacitación técnica de recursos humanos, regionalización operativa integrada y en interacción con los sistemas provinciales.
Informatización de las delegaciones y programas de administración eficiente de los recursos humanos y materiales.
d- Gestión de la tecnología por proyectos o por módulos de proyectos y no por
actividad. Control transparente de la gestión de cada proyecto con información
pública on line. Promoción del financiamiento externo a programas de
investigación y desarrollo, con participación de los beneficiarios a través de
organizaciones por cadena o UTEs , que aseguran la formación de capital social y la apropiación pública de los beneficios de la mejora tecnológica. Organización y administración flexible, por parte del INTA (el financiamiento de cada proyecto tiene plazos y la evaluación de los resultados debe ser pública, pudiendo ser consultada on line). Evaluación de proyectos auditada mediante sistemas internacionalmente aceptados. Promoción, en los casos que sea factible, de concursos por proyectos y publicación de los fundamentos de la selección. Todo ello a fin de lograr un salto cualitativo hacia la Sociedad del Conocimiento, retener en el país a los investigadores destacados y promover la dedicación de los más jóvenes, eliminar la investigación “burocrática” y asegurar que los bienes públicos provistos por el Sistema Científico-Tecnológico lleguen a las empresas y los potenciales destinatarios.
e- Promoción de la Biotecnología. Revisión y actualización del marco legal,
jerarquizando la CONABIA. 
f- Respeto a la propiedad intelectual y modernización de la legislación, adecuándola a estándares internacionales. Fortalecimiento del INASE y revisión de la Ley de Semillas, de manera de asegurar que los beneficios lleguen a los productores en la proporción de los pagos que efectivamente realicen. Reglamentación del llamado “uso propio” para que cumpla sus objetivos sin desalentar el desarrollo genético y biotecnológico.
6-POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA COMERCIAL Y DE
TRANSPORTE.
a- Participación activa del Área agropecuaria en el diseño y la priorización de
proyectos de inversión pública, en base al trabajo técnico de la UEPA, con la
asistencia y trabajo activo de empresas, asociaciones de productores, cámaras del sector y autoridades provinciales.
b- Reforma del Régimen de Iniciativa Privada, para facilitar la inversión privada en el sector. Asistencia técnica de la UEPA. Creación de un Programa que facilite la capitalización de la deuda pública, a fin de que se puedan emplear en el pago de determinados impuestos títulos públicos con perfiles de vencimiento compatibles con los plazos de maduración de los proyectos privados de utilidad pública. De esta manera se reduce la necesidad de recaudar para cancelar deuda, y se propicia la inversión privada sin el requerimiento de ahorros que pueden ser destinados a la actividad productiva. 
c- Régimen de promoción de la inversión en proyectos de utilidad pública vinculados al sector. Acuerdos estratégicos con los gobiernos de países con los cuales
sostenemos el mayor comercio externo sectorial.
d- Desarrollo de una política que apunte a la creación de un sistema nacional de
transporte que integre armónicamente el componente fluvial, ferroviario y
carretero, para lo cual deben implementarse las siguientes medidas:
d.1- Propiciar el desarrollo eficiente del transporte fluvial. Asegurar la
profundización de los canales navegables, en las principales vías de acceso a los
puertos y al transporte marítimo. Realización de las inversiones requeridas para el adecuado mantenimiento de las hidrovías, Paraguay-Paraná y del río Uruguay.
d.2- Recuperar el transporte ferroviario a través de una adecuada política de
inversiones y una inteligente articulación público-privada.
d.3- Mejora de la red vial de caminos naturales, con participación de las provincias, los municipios y entes de productores.
d.4- Promoción de la consolidación y logro de la escala económica adecuada en las
empresas de transporte camionero, a fin de reducir el costo por fletes de la actividad
agropecuaria.
d.5- Desregulación del tráfico aéreo y promoción de la construcción, a través del
Régimen de Iniciativa Privada, de aeropuertos locales en pequeñas ciudades del
interior, a fin de vincular la producción en fresco con mercados de destino y facilitar
el traslado de personas.
e- Promoción de un programa de subsidio a la inversión privada para el acceso a las
redes de energía comercial de los dos millones de usuarios rurales dispersos.
f- Desarrollar una adecuada infraestructura de comunicaciones en las zonas rurales,
como una manera de mejorar la calidad de vida de la población rural y facilitar las
transacciones comerciales.
g- Asegurar la aplicación de tarifas sociales (devolución de impuestos y control de
consumos) en servicios públicos regulados desde el orden nacional, para beneficio
de los usuarios rurales de menores recursos.
h- Asegurar que la recaudación de impuestos y tasas de afectación específica se asigne
en su totalidad a la ejecución de las obras para cuyo financiamiento fueron creados.
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7-REGÍMENES LABORALES Y PREVISIONALES.
a- Adaptación de los regímenes laborales, a fin de adecuar los sistemas de
contratación de mano de obra a las características de la producción agropecuaria.
Política transparente y activa de fiscalización del cumplimiento de dichos sistemas
de contratación, orientada a la desaparición del trabajo en negro.
b- Promoción de proyectos generadores de empleo en las ciudades del interior como
instrumento de desarrollo regional. Reducción por cinco años del aporte patronal (a
dos tercios del nivel actual) por la contratación de cada nuevo trabajador.
8-POLÍTICAS SOCIALES Y DE DESARROLLO.
a- Extender a la familia rural todos los beneficios de las políticas sociales y
asistenciales de nivel nacional. Principio de no discriminación: en el campo
también se necesita de la asistencia del Estado y también hay pobres,
discapacitados, desnutridos, como en todos los países, incluso los más
desarrollados.
b- Generalizar el empleo de las tarjetas inteligentes para asistir a los sectores de
menores recursos, con subsidios explícitos al consumo alimentario. Sistema
transparente y no clientelista. Los montos de la asistencia por persona o por familia
deben ser decrecientes, a fin de evitar el desapego al trabajo.
c- Reducción de la exclusión social: rápida determinación (diagnóstico
profesionalizado) de la causa de exclusión y de cuáles políticas sociales deben ser
aplicadas (capacitación, asistencia a la vejez o invalidez, etc.), en el marco de las
Misiones y Funciones del Ministerio de Desarrollo Social. Control social local del
sistema de asignación, con padrones únicos. Políticas específicas de los Ministerios
competentes: Salud, Educación, etc. y de Agricultura para incluir a los menos
favorecidos en el medio rural.
d- Revisión del Régimen de Promoción Forestal, para hacerlo extensivo a
forestaciones que faciliten el logro de escala industrial o masa crítica, para la
elaboración de productos en el lugar, evitando fletes onerosos que distorsionan el
sentido de la promoción. Estricto cumplimiento de los pagos a los beneficiarios,
una vez comprobado el objetivo o condición del subsidio: “forestación lograda”.
e- Promoción de Clusters productivos regionales. El Sector Público Agropecuario
debe coordinar con el sector privado y los gobiernos provinciales y locales la
promoción (con proyectos específicos y estratégicos) de una actividad principal y
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de sus servicios ligados. Los subsidios para estos programas, cuantificados y
evaluados por la UEPA, deben ser presupuestados y aprobados por el Congreso de
la Nación.
f- Políticas de promoción sector-específica. Si, luego de la aplicación de esta
Propuesta integral de política, un sector no lograra solucionar una situación de
crisis a largo plazo o no consiguiera encuadrar en los regímenes promocionales,
tendrá la opción de ser asistido por la UEPA para presentar un “Plan Estratégico” a
ser presupuestado para su envío a aprobación por el Congreso de la Nación, en el
cual deberá ponderar principalmente la radicación de mano de obra local.
V. ROL DEL ESTADO
Reconocer al Estado como estructura social al servicio del bien común y elemento
fundamental para el pleno despliegue de las potencialidades materiales y espirituales del
hombre, en el respeto irrestricto de su dignidad y libertad. El Estado debe garantizar los
derechos individuales –a la vida desde la concepción; a la libertad e integridad de la persona;
a la libertad de conciencia; a la autodeterminación de la familia; al derecho exclusivo de los
padres para la educación de los hijos; a la libre exteriorización de la propia opinión; a la libre
asociación y a la cooperación en la configuración y gestión del bien común – fundando el
ejercicio del poder en los principios que alumbraron el nacimiento y organización de la
Nación, sintetizados en el Preámbulo de la Constitución Nacional.
Garantizar el respeto al derecho de propiedad, a la libre iniciativa y al libre ejercicio de la
actividad económica, de acuerdo con el principio de Subsidiariedad como sustento de la
libertad y de los intereses individuales en el seno del ordenamiento del bien común, según el
cual ni el Estado ni ninguna otra sociedad deben sustituir jamás la iniciativa y la
responsabilidad de las personas y de las comunidades intermedias en sus respectivas esferas
de acción.
Propender a la eliminación de toda forma de centralización, burocratización, asistencialismo y
presencia injustificada y excesiva del aparato público en la vida social, como expresiones del
ejercicio de un creciente poder hegemónico en perjuicio de la libertad y la dignidad de las
personas.
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Defender la plena vigencia del Estado de Derecho, en el cual es soberana la Ley y no la
voluntad arbitraria de los hombres.
Instrumentar un régimen de meritocracia para el acceso a los cargos públicos de nivel no
político.
VI. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Obtener mejoras cualitativas y cuantitativas sustantivas y sostenibles en el tiempo en el logro
de los objetivos en los cuales la intervención del Estado es indelegable, tales como educación,
salud, seguridad y justicia, asegurando la igualdad de oportunidades y la protección a los
sectores de la sociedad con necesidades insatisfechas.
Instaurar un régimen jubilatorio que respete el principio de solidaridad, pero además
promocione el mérito y la actitud de ahorro, para que su resultado sea canalizado en genuina
inversión productiva.
Mejorar los mecanismos de representatividad y participación de los ciudadanos, asegurando
sin discriminación la provisión eficiente, eficaz y económicamente sustentable de los Bienes
Públicos. Eliminar la discrecionalidad en el diseño y la ejecución de las Políticas Públicas,
como primer paso importante en el combate a la corrupción. Máxima transparencia en el
accionar gubernamental: los ciudadanos deben conocer, vía Internet, todas las decisiones del
poder público y sus fundamentos técnicos.
Promover el desarrollo de los conocimientos, tanto técnicos como de gestión, que tienen
creciente importancia tanto para las actividades productivas como para el logro de los
objetivos enunciados.
Propender a la mejora del sistema de elección de autoridades mediante la eliminación de las
listas «sábanas» y el voto electrónico.