«Nosotras lucharemos hasta que haya justicia porque esto no fue un accidente. Mi hermano murió porque alguien prendió un fuego intencional en el lugar que funcionaba mal habilitado por un sistema corrupto», afirmó Sandra Barícola, hermana de Pedro, uno de los dos rescatistas de Defensa Civil que murieron en el incendio.

Enérgica, dolida y dispuesta a «esperar lo que haya que esperar para ver los responsables en la cárcel», Sandra y sus hermanas Liliana y Patricia son una parte activa de los familiares que desde el primer día reclamaron que se esclarezca lo que sucedió el 5 de febrero de 2014, cuando el fuego consumió gran parte del depósito ubicado en Azara 1245 destinado a la guarda de documentación de diferentes empresas y organismos públicos.

En el mismo sentido, Jorge Olmos, padre de Sebastián, quien era bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha, sostuvo que «durante estos dos años nosotros sentimos que estamos cada vez más lejos de que se haga justicia, dos pericias dieron que fue intencional y nadie está preso».

Fuentes judiciales confirmaron que la causa se encuentra todavía en su etapa de instrucción en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 37, actualmente a cargo de Romina Monteleone, y que como aún falta el peritaje de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) no se han realizado imputaciones.

«Esta pericia será la más contundente, en efecto, intervino el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), que aportó instrumental de precisión para realizar complejas mediciones, y las conclusiones estarían disponibles para fines de marzo», informaron las fuentes.

Más allá de esa pericia, que ha sido la más costosa y una parte de la demora tuvo que ver con que no se resolvía quién iba a costear el procedimiento, en febrero del año pasado, el informe elaborado por los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina determinó que el incendio había sido intencional.

Un comunicado de la Fiscalía, entonces a cargo de Marcela Sánchez, informó que «los peritos concluyeron que el fuego comenzó entre los depósitos N°7 y N°8, aproximadamente a 7 metros de la línea de edificación de la calle Benito Quinquela Martín».

«Asimismo, se encontraron rastros de sustancias combustibles y se estableció que el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados al efecto, ya que también se encontraron restos de conductores y transformadores de energía, que no se correspondían con partes de equipos del lugar», explicó la fiscalía.

Estas conclusiones fueron ratificadas por especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

«Desde entonces la causa se encuentra caratulada como ‘Estrago doloso seguido de muerte’ y tiene conexo con otra causa por lavado de dinero que tramite en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 a cargo de Sergio Torres», indicó por su parte Miguel Arce Aggeo, quien en noviembre del año pasado tomó la representación de familiares de nueve de las diez víctimas.

El abogado indicó que «desde la querella estamos solicitando que se cite a indagatoria a seis funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son quienes deberían haber controlado el depósito».

Para el ingeniero Edgardo Castro, el inspector de Trabajo porteño que en 2008 había solicitado la clausura del galpón, «cualquiera que tenga conocimientos mínimos se daba cuenta de que el incendio fue intencional, sino no hay forma de quemar media manzana en diez minutos».

Antes de que estuviera la confirmación de los primeros dos peritajes, Castro ya hablaba de que «en el incendio hubo al menos cuatro focos y fue provocado por un especialista que sabía muy bien lo que hacía».

En referencia a los controles y la habilitación del depósito, la Legislatura porteña realizó ocho pedidos de informes al Gobierno de la Ciudad de los cuales sólo cuatro fueron respondidos recién al año de la tragedia.

«Las respuestas no fueron contundentes. De hecho, en cuanto a la habilitación del galpón lo que nos dijeron desde la Agencia Gubernamental de Control, entonces a cargo de Juan José Gómez Centurión, fue que el expediente se encontraba perdido», indicó a Télam el legislador porteño por el Frente para la Victoria, Gabriel Fuks.

El diputado abundó que «la Justicia no ha tenido la celeridad que debería haber tenido. Pero más allá de este accionar, el Gobierno de la Ciudad no se ha puesto a disposición de la Justicia para darle toda la documentación necesaria, entonces, hay una cantidad de ‘errores’ administrativos cuya responsabilidad política no se ha determinado y castigado».

A las 8.15 del 5 de febrero del 2014, cuando las llamas ya habían tomado la totalidad del depósito de documentación, varias dotaciones de bomberos de la Policía Federal y los voluntarios de Vuelta de Rocha y de La Boca acudieron al depósito, pero se encontraron que el portón estaba herméticamente cerrado y mientras esperaban órdenes, una pared de más de diez metros de alto se derrumbó sobre la vereda.

Además de Pedro Barícola y de Sebastián Campos, el impacto de los escombros acabó con la vida del comisario inspector Leonardo Day, de la subinspectora Anahí Garnica, de los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz y de los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli, todos de la Policía Federal.

También murieron en el momento José Luis Méndez Araujo, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico, que se encontraba allí como rescatista de Defensa Civil, y Facundo Ambrosi, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha.

El titular del PAMI, Carlos Regazzoni, expresó la necesidad de dar con la red delictiva involucrada en la estafa que desde 2013 se vino dando en el organismo por 500 millones de pesos anuales con la compra de medicamentos utilizando los datos de afiliados fallecidos, para lo cual dispuso una auditoría para estudiar las irregularidades que se venían advirtiendo y realizó una denuncia penal tras asegurar que la corrupción abarca a la propia estructura de esa obra social.

«Ya hicimos una denuncia penal y se están preparando otras conforme van apareciendo diferentes datos de esta auditoría», dijo en diálogo con Radio 10, tras añadir que esta estafa fue posible gracias a complicidades internas porque «no me cabe ninguna duda, primero está el tema de levantar los controles teniendo advertencias, porque la institución había sido advertida varias veces de estos desvíos por diferentes entidades farmacéuticas, con lo cual se sabia que había desvíos que eran inaceptables».

Destacó que el PAMI no puede dar «un mejor servicio que llegue a todos los afiliados si no se recompone su situación económica, y eso pasa en gran medida por controlar las actividades espurias que tienen que ver con corrupción, falta de control, con no advertir los datos que estaban a la vista».

De este modo, «vamos a poder generar los fondos para recomponer la deuda, para que los prestadores recompongan su situación financiera y que los afiliados tengan mejores turnos y más acceso a medicamentos de primera necesidad», dijo.

Regazzoni precisó que encontraron «en delegaciones de diferentes partes del país cientos de sillas de ruedas y camas ortopédicas nuevas sin usar, en galpones, y eso debería haber ido a la gente».

Contó algunos casos, que «había un médico que prescribía 39.000 recetas por año, que es imposible», y que «en 2013 varios profesionales advirtieron que se habían falsificado sus firmas para hacer recetas que ellos nunca habían hecho».

En este marco, el nuevo titular del PAMI explicó los mecanismos de autorización de las compras que no se llevaron a cabo con el objetivo de cometer la estafa, al asegurar que «la obra social tiene que tener padrones que deben estar chequeados permanentemente para ver bajas, y después tiene que haber empadronamiento de pacientes con enfermedades que utilizan medicamentos especiales, y además tienen que hacerse auditorías permanentemente para detectar irregularidades porque hay delincuentes que se dedican a utilizar nombres, falsificar firmas de médicos o recetas y de esta manera generar compras espurias».

A su vez, relató algunos casos que descubrieron cuando comenzaron a analizar el consumo de medicamentos y encontraron «irregularidades, como el caso de una mujer de más de 80 años que aparecía que había comprado 33 remedios distintos en 19 farmacias en 4 provincias en un mes por más de 50 mil pesos».

«También -continuó- analizamos algunos consumos y vimos que había pacientes que después de 2 ó 3 meses de fallecidos empezaban a consumir medicamentos completamente distintos a los anteriores, que se usaban sus nombres para prescribir fármacos que no habían utilizado antes, por cifras millonarias».

Otros casos que encontraron fue la utilización de los nombres de «pacientes que no eran diabéticos para hacer negocios con tiras reactivas e insulina», aseguró.