El ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, firmó hoy junto a representantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJBA), un convenio para reforzar la seguridad de la documentación de origen judicial dirigida a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ).

A través de este acuerdo, se implementa el sistema de “Folios de Seguridad” para que los oficios y documentos emitidos por magistrados y funcionarios del Poder Judicial que requieran ser inscriptos o anotados en la DPPJ cuenten con las medidas de seguridad correspondientes (tipo de papel, tintas, numeración, entre otras).
El Ministerio realizará la confección del Folio de Seguridad, en tanto que la SCJBA arbitrará los medios necesarios para la distribución de los mismos en los órganos judiciales existentes en la Provincia.
Participaron de la rúbrica el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Pettigiani; la Procuradora General, María del Carmen Falbo, y el subsecretario de Justicia, Carlos Cervellini.
También se firmó un convenio del concurso nacional de ideas y anteproyectos para la ejecución del Complejo Judicial de Mar del Plata, junto al intendente de esa ciudad, Gustavo Pulti, y autoridades de los Colegios de Abogados y Escribanos marplatenses.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Rosario condenó a cuatro personas por el delito de trata de personas, las cuales habían sido detenidas tras un allanamiento en una vivienda de Pinto 235 de Pergamino, donde hallaron a dos mujeres menores de edad.

La Justicia Federal condenó a María Elida Espíndola, Flavia Evelín Muñoz, José Luis Ayala y Fernando Ariel Muñoz, que recibieron duras penas por parte del Tribunal integrado por el doctor Ricardo Moisés Vázquez, en carácter de presidente, y los doctores Laura Inés Cosidoy y Omar Paulucci, como vocales.
Espíndola fue condenada a 10 años de prisión por ser considerada responsable del delito de trata de personas en concurso real y agravado, en tanto que Flavia Muñoz recibió una pena de 8 años por ser coautora del mismo delito. Por su parte, Ayala obtuvo una condena de 4 años de prisión como partícipe secundario y Fernando Muñoz de 4 años y 6 meses de prisión, también como partícipe secundario del delito.

La investigación

Las cuatro personas condenadas por la Justicia Federal fueron detenidas en una compleja investigación que encabezaron los fiscales Mario Daniel Gómez y Guillermo Villalba, titulares de las Unidades Funcionales de Instrucción Nº 1 y 5 del Departamento Judicial de Pergamino, respectivamente.
El 8 de mayo de 2010, los fiscales dispusieron cuatro allanamientos en simultáneo en distintos locales nocturnos de la ciudad: Venus, situado en avenida Juan Manuel de Rosas y ruta nacional Nº 32; Saloon y Bar El Trece -también conocido como Sky Ranch- en la zona del Segundo Cruce y la vivienda ubicada en Pinto, entre Alberti y Moreno.
Para realizar el procedimiento, Gómez y Villalba contaron con la intervención de la División Trata de Personas de la Policía Federal, el Grupo de Rescate del Ministerio del Interior de la Nación y el cuerpo de instructores judiciales de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, a cargo del doctor Amorín.
En la vivienda de Pinto 235, además de secuestrarse distintos elementos de prueba, se encontró a dos mujeres menores de edad, una de las cuáles era de nacionalidad paraguaya y tras una minuciosa y ardua tarea, Gómez -actual Fiscal General- y Villalba, pudieron acreditar que era un caso típico de trata de personas, lo que motivó que la causa continuará su trámite en un juzgado de competencia Federal.(DIB).

Los alumnos que hayan aprobado el sexto año en la antigua EGB (Educación General Básica) y hubieran interrumpido su escolaridad antes de los nueve años que imponía ese sistema, podrán solicitar la certificación oficial del término de sus estudios primarios. Así lo resolvió la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Gvirtz, en una decisión que “garantiza el cumplimiento de un derecho reconocido en las leyes nacionales y provinciales de Educación”.

De esta forma, a partir de la vigencia de la resolución 173/12, queda garantizada la certificación de los estudios primarios a todas los chicos que aprobaron el sexto año y que, debido a diferentes situaciones, aún no tienen acreditada la terminación del nivel primario.

Vale recordar que desde que entró en vigencia la nueva Ley de Educación, el sistema educativo quedó conformado con seis años de primaria y seis de secundaria, poniendo fin al viejo sistema de la Educación General Básica de nueve años y el Polimodal de tres.

La nueva norma ampara a todas las personas que han aprobado el sexto año del nivel primario de EGB entre el año 1996 y el 31 de marzo de 2007 y que no obtuvieron la certificación debido a los procesos de transformación curricular o por no haber finalizado el tercer ciclo de la EGB.

Las personas que cumplan estas dos condiciones y deseen solicitar su certificado deben acercarse a la escuela primaria donde finalizaron el sexto año de la EGB, o en caso de no ser posible a la escuela primaria más cercana.

Los trámites que correspondan, según la situación en la que se encuentre el solicitante, se realizan en la escuela más cercana a su domicilio más allá de que sea o no su escuela de finalización de sexto año.

Fuente: Dirección General de Cultura y Educación.