La justicia penal de La Plata ordenó la detención de los cuatro responsables de la fiesta clandestina desarrollada en una casa quinta de Melchor Romero, en el partido de La Plata, donde una joven de 26 años murió ahogada en una pileta.
La medida había sido solicitada por el fiscal que investiga el hecho, Alvaro Garganta, tras considerar que Raúl Ismael García; Carlos Federico Bellone, dueño de la quinta; Santiago Piedrabuena, el empresario dueño de un reconocido boliche platense y Gastón Haramboure, son autores de los delitos de homicidio culposo, por la muerte de la joven Yésica Uscamayta Curi, y de desobediencia, ya que realizaron la fiesta pese a que la municipalidad de La Plata los había intimado previamente a que no la hagan debido a que el lugar no estaba habilitado.
Los delitos que se les imputan son excarcela bles, aunque en el caso de Haramboure, que ya había sido condenado en el 2009, a 10 años y 8 meses de prisión por la muerte de Juan Andrés Maldonado, crimen ocurrido frente al boliche Alcatraz de Berisso y de Piedrabuena, condenado por tenencia de arma, no podrá acceder a ese beneficio por tener estos antecedentes penales.
El fiscal penal Alvaro Garganta confirmó a la agencia estatal Télam que «Haramboure ya está detenido; Piedra buena estaba tramitando el pedido de eximición de prisión; y los otros dos, Bellone y García se estima que también presentarán el pedido de eximición».
Haramboure, condenado a 10 años de prisión por el crimen del boliche Alcatraz, había accedido al beneficio de prisión domiciliaria, lo que al parecer infringía, ya que organizó la fiesta donde murió Uscamayta Curi y regenteaba un local bailable de la diagonal 74 e de La Plata.

Un tiroteo y una persecución por el interior de la provincia de Santa Fe ocurrió esta mañana entre tres delincuentes y gendarmes que realizaban operativos y allanamientos en búsqueda de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, los tres fugados de General Alvear. Fuentes policiales y judiciales, en diálogo con Infobae, admitieron que efectivamente se trata del trío de condenados por la masacre de General Rodríguez. El nuevo raid delictivo –que repite situaciones similares a las ocurridas en Ranchos, en el interior bonaerense, donde hubo otro tiroteo con uniformados– se inició alrededor de las 10, cuando personal de Gendarmería buscaba a los evadidos en una amplia zona rural del interior de Santa Fe, desde San Carlos Norte a Gessler y Matilde. Ese paraje, donde se imponen los extensos campos sojeros, era rastrillado desde anoche por orden del juez federal Sergio Torres.
Allí, en torno a las rutas 6 y 11, una patrulla de gendarmes revisaba esta mañana galpones e inmuebles abandonados, cuando descubrieron la camioneta Kangoo, patente NCD 960, que tenía pedido de secuestro. El vehículo era el que estaban buscando por tener nexos con la familia de los delincuentes. A poco del hallazgo, según lo que pudieron reconstruir las fuentes del caso, tres delincuentes la emprendieron a tiros con armas largas contra los uniformados.

«Estamos poniendo en marcha una iniciativa que le va a cambiar la vida a miles y miles de argentinos», señaló Macri al hacer el anuncio en un acto efectuado en el Salón Blanco, donde expresó su «compromiso de que el proyecto se termine en este semestre, se licite en el segundo, y la obra comience a fin de este año, y esté terminado sí o sí antes de fines de 2019».
En presencia de los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Juan, Sergio Uñac, el presidente recordó que «desde hace muchos años se prometió que muchas de estas rutas se iban a convertir en autovías, para permitir que la gente viaje mejor, más segura, más rápido, para posibilitar el desarrollo de las comunidades y el crecimiento de las economías regionales, pero lamentablemente eso no se hizo». Señaló que «cuando llegamos al gobierno encontramos que había intentos de parte de Mendoza, de un lado, y San Juan, de otro, para resolver el problema de esta ruta vital que une a las dos provincias, pero con todo lo que significa la descoordinación de que no actúe como debe un gobierno nacional, ocupándose de una buena coordinación».
Macri explicó que para realizar la obra, que dará ocupación a unos 2.000 trabajadores, se aplicará un nuevo sistema de contratación, «con licitacio nes en uno o dos tramos, a lo sumo, en vez de dividirlo en seis tramos, como estaba previsto, que no ha funcionado y que ha llevado a un montón de problemas como el encarecimiento de las obras».

El Tribunal Superior de Justica (TSJ) de la Ciudad resolvió, por mayoría, que la Policía puede solicitar documentos de identidad en la vía pública con la fin de prevenir el delito, siempre que la disposición se ejerza en forma razonable. La medida de máximo tribunal revocó un fallo de la Cámara que había declarado nulo un control policial.
Los jueces del Tribunal, en el Expte. N° 11835/15, revocaron un fallo de la Cámara que había declarado nulo un procedimiento policial por considerar que el personal no posee facultades para solicitar documentos de identidad a la población.  En la interpretación de la Sala II de
la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, esa solicitud resultaba  equiparable a una privación de la libertad ambulatoria sin que existiera orden escrita de la  autoridad competente.
Los hechos. El 14 de abril de 2014 la fuerza de seguridad detuvo a Lucas Abel Vera en la estación de trenes de Constitución; luego de reconocer que poseía una arma cuando le solicitaban el documento de identidad. La Cámara de Apelaciones anuló lo actuado «por entender que la policía no se encuentra autorizada a impedir la libre circulación -aunque fuese por un tiempo mínimo- y de exigir la exhibición de documentación si no cuenta con un motivo válido para hacerlo».

El Gobierno nacional prorrogó por otro año la disminución de la alícuota -del 21 al 7%- del Impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio Final de Venta de Cigarrillos.
La reducción de la alícuota hasta el próximo 30 de abril fue establecida mediante el decreto 26, que se publica hoy en el Boletín Oficial.
«De acuerdo con los informes técnicos pertinentes, teniendo en cuenta las metas de recaudación del Gobierno Nacional y con el objeto de lograr un equilibrio razonable entre las distintas partes que operan en el campo productivo del sector tabacalero, se hace aconsejable en esta instancia establecer la misma reducción de la alícuota del gravamen para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1 de enero de 2016 y hasta el 30 de abril de 2016», indican sus considerandos.
La medida había sido anunciada el pasado 30 de diciembre por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, junto a otras de carácter impositivo.

La Corte Suprema le ordenó a un juez correccional investigar por presunta «violencia de género» a un novio despechado que, tras romper con su pareja, publicó en la red social Facebook fotos de ella en la intimidad, añadiéndole su teléfono y una supuesta oferta de servicios sexuales.
La causa se inició por denuncia de la víctima ante la Oficina de Violencia Doméstica, donde relató que «luego de dar por terminada su relación, (su ex pareja) la hostigó».
Posteriormente, «por medio de un pariente se enteró de que existía un usuario de la red social Facebook, que tenía fotos de la denunciante en su privacidad, que habrían sido obtenidas por el hombre así como su número telefónico y el ofrecimiento de servicios sexuales».
La Corte, siguiendo un dictamen de la procuradora general adjunta de la Nación Irma García Netto, consideró que «se estaría ante distintos episodios de un mismo conflicto de violencia de género», el hostigamiento y las injurias.
«Atento que de la lectura de las constancias agregadas al incidente no es posible determinar aún si los hechos investigados constituyen delito o una infracción al Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde al magistrado nacional conocer en las presentes actuaciones», dispusieron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
La investigación es llevada adelante por el Juzgado en lo Correccional número siete, a cargo interinamente del magistrado Raúl García.