El Gobierno bonaerense comenzó formalmente hoy las conversaciones salariales con los gremios que representan a los empleados estatales, y si bien no realizó una oferta concreta adelantó a los gremios su intención de ofrecer un incremento anual con tres aumentos en marzo, junio y septiembre y una revisión en noviembre.
El encuentro fue encabezado por los ministros de Hacienda y Finanzas, Pablo López; y de Trabajo, Mara Ruiz Malec, mientras que del otro lado estuvieron los representantes de los gremios que nuclean a los trabajadores agrupados en la Ley 10.430.
Como ocurrió el viernes último con los gremios docentes, el Gobierno no presentó una oferta salarial, pero sí adelantó a los gremios su intención de acordar una paritaria anual con aumentos trimestrales en los meses de marzo, junio y septiembre, con apertura y revisión en noviembre.
Al respecto, el titular de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar De Isasi, lamentó la falta de una “oferta concreta”, pero sostuvo que una eventual propuesta del Gobierno debe contemplar “que este año no perdamos a mano de la inflación y empecemos a recuperar el poder adquisitivo perdido durante el gobierno de Vidal”.
En tanto, el ministro López indicó: “Seguiremos con la vocación y la convicción de alcanzar los consensos necesarios para llegar a nuevos acuerdos paritarios, porque de esa manera se fortalece el Estado y todos los bonaerenses”.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, destacó que “esperamos poder alcanzar nuevamente amplios consensos en la política paritaria para el 2021, con aumentos que logren sostener e incrementar el poder adquisitivo de los salarios públicos”.
Participaron del encuentro representantes de ATE, UPCN, FEGEPPBA, AEMOPBA, AERI, AJAMOP, AMRA, AMS, APLA, APOC, CICOP, SGP, SOEME, SOSBA y SSP.
Los gremios reclaman, además del aumento salarial, que el bono de $ 2.000 percibido por algunos sectores pase a formar parte del salario, el pase a planta permanente de un grupo de trabajadores con los que se había comprometido ese movimiento y un fecha concreta para negociar los pedidos de recategorización de algunos sectores.
También reclamaron por la “puesta a punto” de las escuelas para el reinicio presencial de las clases. “Escuela que contiene los protocolos y que garantiza el funcionamiento con seguridad de los trabajadores y de la comunidad educativa, escuela que se abre con alegría. Escuela que no tiene garantizada esta línea de trabajo, escuela que no se abre”, advirtió De Isasi. (DIB)

El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina (Cofeci) presentó una propuesta al Estado para afrontar la morosidad en los alquileres:
que se subsidie a los inquilinos que no puedan afrontar el pago mensual de la renta a través de una tarjeta, a la que denominaron “tarjeta AlquilAr”, al estilo de la “tarjeta AlimentAr” que distribuye el ministerio de Desarrollo Social. La proposición, que incluye el pedido de que no vuelva a prorrogarse el DNU que congela alquileres, fue definida el fin de semana pasado, en una reunión plenaria de las entidades que conformar el consejo en la ciudad de Rosario.
En un comunicado, el Cofeci aseguró que “los profesionales inmobiliarios representados en el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina somos conscientes que hay personas y familias que viven situaciones delicadas, con pérdidas de la fuente laboral, acumulación de deudas y sin acceder a soluciones reales”.
Luego se refieren al DNU que congeló los valores de los alquileres y prohíbe los desalojos, extendido en marzo y prorrogado ya dos veces: “Desde CoFeCI entendemos que continuar con la prórroga indefinida del DNU con las actuales condiciones establecidas, profundiza la problemática de los inquilinos, propietarios e inmobiliarios, generando una incertidumbre angustiante”.
Para intentar “resolver esta delicada situación” y “ser parte de la solución”, entonces, presentaron una serie de propuestas. En el primer punto reafirman: “Sugerimos que una vez vencido el plazo del decreto 66/2021 NO volver a prorrogar el mismo”.
En el segundo punto mencionan la creación de “AlquilAr”: “Proponemos que los inquilinos con necesidades para abonar el alquiler puedan ser asistidos por el Estado Nacional a través de una ‘tarjeta AlquilAR’. De la misma manera que hace con las familias en sus necesidades alimenticias a través de distintos programas como por ejemplo la tarjeta AlimentAr. Esta iniciativa podría ayudar de manera específica a cada inquilino en situación vulnerable, sin perjuicio de distorsiones en todo el sistema de alquileres”.
Además de la tarjeta, los martilleros reunidos en Cofeci sugieren “aplicar los programas de financiamiento Ahora 18 y 24 para aquellos inquilinos que hayan generado deudas durante la prórroga del DNU”.
La lista de planteos continúa con ideas relativas a la construcción de casas para renta: “Para incentivar la construcción de nuevas viviendas, proponemos la eximición de impuestos nacionales y provinciales a las unidades habitacionales de hasta 60m2 destinadas para alquiler, que se construyan por el termino de 9 años. Este sería el aporte fundamental para disminuir el déficit habitacional, generando además mano de obra genuina, colaborando con la disminución de la desocupación y promoviendo la utilización de compre nacional”.
Finalmente, el Colegio propone “que se reactive la entrega de las viviendas de los distintos programas nacionales como por ejemplo Procrear o similares, que posee miles de unidades habitacionales construidas listas o a terminar para ser habitadas. Esto impactaría de manera muy positiva en las familias que siguen pagando alquiler mientras esperan acceder a la vivienda prometida”.
Cofeci está integrado por los colegios inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires (más de 20 colegios profesionales), Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Rosario, Salta y San Luis.
De inquilinos a propietarios
El Cofeci no es la única agrupación que busca estas soluciones. La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y la Federación Inmobiliaria Argentina (FIRA)
también están trabajando en propuestas del mismo tipo. “Son propuestas que buscan convertir a inquilinos en propietarios; promovemos que se generen incentivos al que invierte en una propiedad para poder destinarla al alquiler. Hay que encontrarle una salida al tema”, señaló Claudio Vodanovich, secretario de la CIA.
“Los inquilinos que no pudieron hacer frente a los pagos son la menor cantidad. La gran mayoría de las inmobiliarias nos dedicamos a administrar y
cobrar los alquileres y sabemos que el estado de las cobranzas es muy alto. Lo último que deja de pagar la gente es el lugar donde vive. En algunos casos, se ha hecho uso del DNU para pagar los incrementos al final del congelamiento y, en menor caso, dejar de pagar”, agregó Vodanovich, citado por Infobae. (DIB)

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $ 21.393 y con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 y 1 cobrarán en las sucursales bancarias correspondientes, por ventanilla.
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 tendrán acreditado el dinero.
Además, los beneficiarios de la AUH con igual terminación de documento recibirán el pago de la tarjeta Alimentar.
Las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 6 dispondrán de la prestación que podrán retirar con su tarjeta de débito.

Recomendamos lectura de la nota al presidente de la Federación Económica, publicada por el Diario La Nación.
La venta ilegal sigue siendo uno de los problemas más importantes de las pymes y comercios. De acuerdo a un informe a nivel nacional de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el 84% de las localidades relevadas no se están aplicando controles a la venta informal. Y los que se hacen no son suficientes para parar con esta modalidad que perjudica no solo a los comerciantes y rabajadores, sino también a toda la sociedad.
Por su parte, los relevamientos de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA),muestran que el AMBA es uno de los puntos de mayor tráfico de venta informal. Si bien la Salada es uno
de los principales focos, también se da una gran concentración en localidades como San Justo, La Matanza, Morón, San Martin, Florencio Varela y Lanús, por nombrar algunas zonas. Allí proliferan manteros en calles, avenidas del centro y periferia. Esta situación impacta directamente en el desempeño de los comercios, que desde el dvenimiento de la crisis sanitaria en marzo del pasado año
están vendiendo por debajo del 50% de lo que vendían antes.
Desde FEBA vemos que muchas zonas de la provincia, especialmente de los grandes centros urbanos,están liberadas a la informalidad, perjudicando a las pymes y a las familias de comerciantes que pagansus impuestos y que están haciendo un gran esfuerzo para mantener sus fuentes de trabajo en el escenario de pandemia. Es lamentable ver que cuando el comercio formalmente establecido empezaba a retomar cierto nivel de actividad, las mafias organizadas sigan controlando la venta ilegal y operando sin problemas.
Los comercios vienen haciendo un gran esfuerzo económico y social, absorbiendo los costos de protocolos y el sostenimiento de empleados vulnerables. Y además tienen que hacer frente a créditos que pidieron para evitar bajar las persianas. No es posible que las autoridades hagan la vista gorda ante los vendedores ilegales y no cuiden a uno de los sectores productivos más importantes de la Argentina.
No se trata de un tema exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, esta actividad clandestina está fuertemente instalada en todo el país. Así lo demuestra el relevamiento de CAME, que advierte sobre focos importantes en Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y La Rioja, entre otras provincias.
En el contexto actual, además de los perjuicios económicos, la venta informal representa un riesgo para la salud de todos, ya que los puestos y centros de compras donde se lleva a cabo no respetan ninguna medida preventiva, ni protocolo de higiene alguno.
Se da una situación contradictoria y frustrante, ya que a los comerciantes les piden cumplir cientos de medidas sanitarias para que puedan trabajar y mantener el local abierto al público, mientras que los manteros hacen lo que quieren, sin respetar ninguna norma, ni de distanciamiento ni de higiene.
La venta informal afecta a la sociedad en su conjunto: menos recaudación significa menos seguridad,menos salud y menos desarrollo y crecimiento económico del país. Hay que erradicar la venta ilegal, que viene creciendo en forma exponencial, y defender el empleo formal en este difícil momento. Entre todos debemos sacar adelante a las pymes, empresarios, comerciantes y emprendedores que todos los días luchan para mantenerse a flote y superar las dificultades que plantea la situación actual, pagando sus impuestos y dando trabajo a miles de familias.

Buenos Aires, 22 de febrero de 2021- Silvio Zurzolo, Secretario. Camilo Alberto Kahale- Presidente