La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz, presentó el primer informe de “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: un problema estructural que profundiza las desigualdades de género”. Tuvo lugar en la Casa de la Provincia de Buenos Aires junto a la subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos. Allí, se presentó una batería de propuestas para promover el cumplimiento de las obligaciones parentales por parte de los varones, en el marco de un enfoque de derechos y en pos de la eliminación de las violencias contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
El informe resulta de un proceso de investigación cuyo objetivo es construir una hoja de ruta para la acción, visibilizar y proponer soluciones a la violencia económica y documentar los obstáculos existentes en el sistema actual. La finalidad es plantear propuestas a los diferentes poderes y niveles de gobierno para realizar cambios que acerquen a las mujeres, niñas, niños y adolescentes el acceso al derecho a la obligación alimentaria.
Los resultados indican que el 51,2% de las mujeres encuestadas no perciben ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos. Del 41,2% que sí recibe dinero en concepto de obligación alimentaria, un 24,9% lo percibe con regularidad, y un 15,3% de manera irregular. Es decir, más de la mitad de las encuestadas (66,5%) no recibe obligación alimentaria, o sólo la percibe eventualmente. En una notable menor proporción (7,9%), las mujeres señalan que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de la cobertura de gastos y necesidades de manera directa.
Por otra parte, la gran mayoría de las encuestadas indicó que en los casos en que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de dinero, el monto resulta escaso o alcanza a cubrir solo algún gasto o necesidad particular. El dato más significativo, sin dudas, es que solo el 10% considera que el monto es suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades de niñas, niños y adolescentes.
Frente a la insuficiencia del monto percibido, o ante el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, las mujeres encuestadas describieron múltiples estrategias para garantizar las necesidades de sus hijas e hijos. Las mujeres trabajadoras y de sectores populares deben incrementar los niveles de dependencia de otras redes, tanto económicas como de cuidado, incrementar la cantidad de horas de trabajo o endeudarse. Así, el incumplimiento de la obligación alimentaria hace pasar a las mujeres de la condición de acreedoras (ya que a ellas se les debe la distribución en igualdad de la manutención y el cuidado de hijas e hijos) a la condición de deudoras, afectando la posibilidad de ejercer una vida autónoma.
“La transformación individual es posible a partir de proyectos y experiencias colectivas. Por más desalentador que sea el resultado de esta investigación, nunca es triste la verdad, pero creemos que tiene remedio. Ese remedio es con Estado presente, es con políticas, gestión pública y con mucha articulación y fortalecimiento de nuestras organizaciones, políticas, sociales, comunitarias. Es el lugar desde donde vamos a construir cada vez más igualdad que es a lo que aspiramos” señaló Estela Díaz.
Las iniciativas para transformar esta situación de desigualdad estructural, planteó Estela Díaz, se enmarcan en políticas que aborden la distribución más justa de los cuidados, las desigualdades en el acceso a la vivienda, al trabajo “El desendeudamiento se liga al tema de adquirir deudas informales y formales. Estamos desarrollando en la provincia de Buenos Aires una iniciativa de desendeudamiento que pone el eje en estos sectores: hogares monomarentales, sostén de hogar con personas a cargo, para ir a ese núcleo a quienes afecta especialmente la situación de falta de compromiso coparental de responsabilidad en relación a los cuidados” señaló. “El gran deudor, una vez más, es el Poder Judicial. La falta de acceso a la justicia con perspectiva feminista” detalló la Ministra, y desarrolló 10 propuestas centrales de acción de las 34 iniciativas desarrolladas en el informe:
1) Promover en diálogo con el Poder Judicial bonaerense dicte resoluciones que favorezcan la unificación de los criterios y la celeridad en las respuestas a las demandas de incumplimiento de la obligación alimentaria.
2) Promover el establecimiento de presunciones que funcionen como pisos mínimos respecto al costo de la crianza y el cuidado mediante una Ley nacional.
3) Establecer la obligatoriedad para el Poder Judicial de dictaminar alimentos provisorios, y a la mayor brevedad posible,
4) Establecer una forma automática de ajuste de los montos de la obligación alimentaria, teniendo en cuenta el rango etario de las niñas, niños y adolescentes beneficiados.
5) Facilitar la notificación judicial mediante medios electrónicos que no impliquen mayores demoras.
6) Fomentar el intercambio de información entre las áreas de Políticas de Género y los juzgados intervinientes.
7) Promoción de buenas prácticas para profesionales del derecho en articulación con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA).
8) Potenciar el alcance del Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos y el cruce de información con diversos organismos.
9) Formación y asesoramiento especializado en derecho de familia, en áreas de Políticas de Género en el marco de las múltiples capacitaciones y políticas de fortalecimiento del Ministerio a los municipios.
10) Tareas de difusión y sensibilización. Incorporar la temática en la formación de Ley Micaela y diseñar campañas dirigidas a difundir el derecho de mujeres, niñas y niños y a concientizar a los padres respecto de sus responsabilidades.
El incumplimiento de las obligaciones alimentarias vulnera el derecho de las infancias y juventudes a ser cuidadas, en todos los aspectos de su vida y desarrollo, por sus progenitores. La falta de aporte económico al sustento vital de las y los hijos tiene un impacto sobre la situación de pobreza, la falta de autonomía y la sobrecarga de tareas de cuidado en las mujeres, a las que suelen hacer frente los hogares monomarentales.
La subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos dijo: “Hablar del incumplimiento de la cuota alimentaria es hablar de violencia económica pero también es hablar de dos fenómenos sociales muy importantes que son la feminización y la infantilización de la pobreza, y de la concentración de la riqueza en manos de varones. Sabemos que la lucha contra las desigualdades estructurales es una lucha por la redistribución de la riqueza”.
El informe es el primer paso para abordar una problemática que es síntoma de una situación a nivel estructural. El propósito es acercar una herramienta de diagnóstico cualitativo desde las voces de las protagonistas y se propone como un insumo, desde un enfoque propositivo, para ayudar a remediar el actual escenario de injusticia social y reproductiva.
La directora provincial de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad Claudia Villamayor reflexionó sobre la importancia de la investigación a la hora de generar políticas públicas: “Pensamos la investigación como una estrategia que tiene que ver con el diseño de la política de Estado, por eso es fundamental conocer el terreno y tener una perspectiva situada, lo que nos permite saber por dónde viene la acción política para lograr normativa. La investigación es una herramienta política”.
La presentación de los datos y resultados de la investigación estuvo a cargo de la coordinadora del informe Sabrina Cartabia, la directora de Investigaciones Sol Calandria y la directora de Programas Especiales para la Igualdad de Género Lucía Cavallero.
La investigadora, socióloga, historiadora y educadora Dora Barrancos, quien participó como comentarista, señaló: “Es un informe pionero, que nos muestra que no hay sanción social para este brutal incumplimiento. Hay una naturalización, una suerte de indolencia social, donde el incumplimiento está permitido. Necesitamos un poder judicial que se entienda con la justicia”. Y agregó: “Si tuviéramos una retención en la fuente de la cuota alimentaria, estaríamos en una enorme condición diferencial respecto a este presente tan inequitativo, tan desprovisto de derechos, tan ilegal, tan mancillador de los derechos humanos”.
Por su parte, la diputada nacional María Rosa Martínez destacó: “Es importante que esta investigación tenga el sentido de transformar la política pública, de afianzar derechos. No cualquier gobierno hace una investigación de este tema y se compromete a investigar acerca de esta desigualdad profunda, acerca del incumplimiento de derechos de niñas, niños y mujeres”.
La investigación
Para llevar adelante esta investigación se implementó una estrategia metodológica cualitativa y cuantitativa, con instrumentos que se aplicaron de forma simultánea entre junio y agosto de 2021: a) una encuesta autoadministrada y espontánea mediante plataforma virtual con preguntas abiertas y cerradas; b) entrevistas en profundidad con un cuestionario semiestructurado.
En relación a la encuesta, se obtuvieron un total de 6.442 respuestas. La mayor parte de las encuestadas se ubica en los rangos medios de edad (un 40,4% entre 26 y 35 años, y otro 48,7% entre 36 y 55 años). En cuanto al nivel de estudios, predominan las de nivel superior (terciario o universitario) en un 56%, seguidos por un 25% con secundaria completa. Respecto a la condición laboral, si bien la mayoría de las mujeres se encuentran trabajando en relación de dependencia formal (41,7%), también se registraron desocupadas (18,1%), trabajadoras por cuenta propia (9,8%) y de la economía popular (19,4%), y empleadas informales (7,3%). El 54% de las respuestas corresponden a hogares monomarentales.
Las entrevistas en profundidad fueron realizadas a tres grupos, con una muestra total de 52 personas. El primer grupo estuvo formado por 18 informantes clave del Poder Judicial, entre ellas y ellos, juezas y jueces, abogadas y abogados, y defensores oficiales en contacto con la problemática. Un segundo grupo estuvo integrado por 7 referentas de organizaciones sociales y colectivos que trabajan con la temática. Asimismo, se realizaron 15 entrevistas a diversos agentes del Poder Ejecutivo que desempeñan funciones clave, como representantes de las Áreas de Políticas de Género de varios municipios. El tercer grupo estuvo conformado por 10 mujeres que deben percibir obligación alimentaria por parte del progenitor no conviviente, así como también un adolescente y una psicóloga que trabaja con la temática.
Participaron las diputadas nacionales: Jimena López, Natalia Zaracho, las diputadas provinciales: Lucía Klug, Mariana Larroque, Micaela Olivetto, Lucía Iañez y Débora Galán; la directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados bonaerense Mariela Breard; la directora nacional de Economía, Igualdad y géneros Sol Prieto; la directora provincial de Juventudes Ayelén López; la primera titular del Consejo Nacional de las Mujeres Virginia Franganillo; la subsecretaria de Abordaje Territorial Eugenia Meana; la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género Josefina Kelly; la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género Laureana Malacalza; la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género Carolina Varsky; la directora nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de la Mujer de la Nación Lucía Cirmi Obón; funcionarias nacionales y provinciales; la periodista especializada en temas de género Mariana Carabajal; la editora de Género y Diversidades de la agencia de noticias Télam Silvina Molina; la periodista y asesora del Ministerio Sandra Russo; representantes del ámbito académico, de organizaciones políticas y de la sociedad civil.
Estuvieron presentes por el Ministerio la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género Flavia Delmas, la subsecretaria de Políticas Transversales de Género Lidia Fernández, la directora provincial de Comunicación Lucía García Itzigsohn, el director de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género Ariel Sánchez, la directora de Sensibilización y Promoción de Derechos Lourdes González.
