Un total de 11.400 ciudadanos bonaerenses fueron seleccionados, a través de un sorteo especial de la Lotería de la provincia de Buenos Aires, para definir la conformación de los jurados populares que intervendrán sólo en casos por delitos graves, es decir, cuya pena sea superior a los 15 años de cárcel. Las personas elegidas al azar fueron aquellas cuyos DNI finalizan en los números 983 y 461, y tienen entre 21 y 75 años.

El sorteo se realizó en el Instituto de Lotería y Casino de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, y estuvo encabezado por el gobernador Daniel Scioli, y el ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal. Allí, el mandatario bonaerense sostuvo que la responsabilidad de los ciudadanos que integrarán los juicios por jurados “será máxima” porque se pronunciarán “sobre la inocencia o culpabilidad de un delito cuya pena superen los 15 años”.
El primer número sorteado fue el 983 y como sólo hay 10.890 bonaerenses con esa terminación en el DNI, se necesitó un segundo sorteo para cubrir el cupo propuesto y salió el 461.
No obstante, las autoridades del ministerio de Justicia procederán a depurar la nómina dentro los próximos 15 días, para realizar una exclusión de todos aquellos que no cumplan con los requisitos expuestos en la ley, en primer término los menores de 21 y los mayores de 75 años.
Cabe señalar que sólo podrán ser jurados los argentinos nacidos o naturalizados con no menos de cinco años de ciudadanía, que cuenten con la aptitud física y psíquica para el desempeño del cargo. Además, desde Justicia deberán excluir a quienes tengan cargos públicos por elección popular o con rango equivalente o superior a director, en los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. Tampoco podrán ser jurados los funcionarios o empleados del Poder Judicial Nacional o Provincial, ni integrantes de las fuerzas de seguridad. Y por último, estarán inhabilitados los abogados y escribanos, y los condenados por delito doloso.
De acuerdo a la ley, los tribunales estarán integrados por un juez, quien ejercerá el poder de policía y disciplina sobre los doce ciudadanos jurados. Además, y para casos extremos, habrá 6 suplentes de los jurados titulares.
La participación del proceso es obligatoria por considerarse como una «carga cívica», mientras que será remunerada con la suma de dos jus diarios, es decir, alrededor de 580 pesos, para las personas desempleadas o para quienes tengan trabajos independientes. No obstante, el Estado garantizará el pago correspondiente del salario por parte del empleador para quienes trabajen en relación de dependencia. Asimismo, se asignará a los jurados una dieta diaria o viático para cubrir los gastos de comida y transporte que pudieran darse en caso de que el juicio no se realice en la ciudad donde tiene domicilio. Es que su función como jurado se enmarcará en el departamento judicial correspondiente, por lo que muchas veces deberá recorrer distancias para acudir a las audiencias, algunas de las cuales pueden extenderse a lo largo de meses.
Por último, se especificó que en caso de no existir acuerdo entre los integrantes del jurado, la votación se repetirá en tres oportunidades y de seguir así se planteará la no culpabilidad o se declarará estancado el debate, y habrá que conformar un nuevo tribunal.

“NO SERÁ TAREA FÁCIL”
Durante su discurso luego del sorteo, el gobernador Daniel Scioli reconoció que la tarea de los jurados populares “no será fácil” porque “escucharán el relato de situaciones conmovedoras pero no podrán guiarse de sus emociones”, ya que “decidirán sobre lo más sagrado junto a la vida: la libertad de las personas”.
Asimismo, señaló que el lanzamiento de este sistema forma parte “de un hecho histórico para la democracia de la Provincia” y aseguró que estos cambios tienen como objetivo “acercar la justicia a la gente y la gente a la justicia”.
Desde la Provincia estiman que para fines de año se estaría en condiciones de tener los primeros juicios por jurados, y uno de ellos podría ser el de Cristian Martínez Poch, el hombre que mantuvo secuestrada a su ex pareja (la abogada Vanesa Rial) y abusó de sus dos hijas, teniendo en cuenta que su defensor ya lo requirió.
Sin embargo, desde la presidencia de la Suprema Corte bonaerense se advirtió que para ponerlos en marcha falta adaptar edificios, equipamiento informático y filmación de audiencias, además de instrumentar la capacitación del personal y la definición del pago de las remuneraciones, viáticos y movilidad, entre otras cuestiones de índole administrativa. (DIB) MCH