La decisión quedó formalizada durante un encuentro que mantuvo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en la sede de su cartera, con su par bonaerense Fernanda Raverta, intendentes de la provincia de Buenos Aires, organizaciones sociales y representantes de cultos para «hacer un seguimiento de la situación en los municipios del conurbano».

«Estamos ante una situación muy particular y, más que nunca, se requiere unidad y coordinación para que la ayuda en los centros urbanos llegue a todos. Junto con la inversión social que representa la tarjeta Alimentar y la asistencia a comedores y merenderos, decidimos crear un fondo extra de 300 millones de pesos a los municipios para la compra de alimentos frescos y de artículos de higiene», explicó Arroyo.

A través de convenios firmados con intendentes del conurbano, ese fondo descentralizado busca garantizar una mejor nutrición para los sectores vulnerables durante la cuarentena.

Según se informó, en la reunión se acordó también «establecer comités locales en las comunas para definir prioridades y articular acciones entre los distintos niveles de gobierno y las organizaciones, con el fin de reforzar la política alimentaria y el sostenimiento de los ingresos de las familias».

El encuentro, realizado en el piso 14 del ministerio, reunió a los jefes comunales Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Gustavo Menéndez (Merlo) y Juan Zabaleta (Hurlingham).

También estuvieron el asesor presidencial Alejandro Grimson; el presidente de Cáritas Argentina, monseñor Carlos Tissera; eldiputado nacional Juan Carlos Alderete; el subsecretario de Desarrollo Social y dirigente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez; y representantes de organizaciones sociales, entre otros.

Los planes de acción están destinados a atender a cerca de «8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria» y a los «casi 3 millones de niños y adolescentes que comen en escuelas, comedores y merenderos».

Por eso, explicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo, fueron ampliadas las partidas presupuestarias «en 2 mil millones de pesos», se dispuso la entrega de viandas o de módulos alimentarios y se modificó el sistema de distribución de la tarjeta Alimentar para garantizar que la ayuda llegue a las familias.

Gildo Onorato, secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita, integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), consideró «muy productiva» la reunión realizada hoy con Arroyo y autoridades provinciales y municipales para comprender las disímiles realidades de los barrios populares.

«El aislamiento (en villas y asentamientos) no puede ser similar al de los vecinos de los barrios que tienen un hábitat saludable, con recursos económicos suficientes, sino que acá la unidad barrial hay que trabajarla en su conjunto, planteando las problemáticas puntuales al abastecimiento de alimentos y de medicamentos, a la pobreza, a las enfermedades respiratorias», graficó Onorato.

Otro participante del encuentro, el diputado nacional (FdT) y secretario general de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, manifestó a Télam su satisfacción por las decisiones adoptadas en la reunión y adelantó que «se duplicarán los recursos en las barriadas», al igual que la entrega «cada 15 días» de alimentos en escuelas y comedores.

También Alderete apuntó que se harán nuevos relevamientos en toda la provincia y en el interior del país para «saber fehacientemente la situación de las familias más vulnerables, las personas mayores de 60 años y los jefes de familias sin trabajo».

«Es indispensable que se asuma y se reconozca el rol insustituible que las organizaciones sociales están jugando en los barrios, con una activa y responsable solidaridad hacia los sectores que más están sufriendo los coletazos económicos de la cuarentena», dijo por su parte a Télam el secretario de Derechos Humanos de la Utep, Angel Borello, luego de la reunión.

En este marco, el dirigente le pidió al gobierno adelantarse «a futuros nuevos problemas en los barrios populares» y subrayó que «junto con la crisis sanitaria se está desarrollando una real crisis alimentaria».

En tanto, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) pidió que haya un «control popular de los fondos recibidos por gobernadores e intendentes» y se ofreció para dar «servicio a la comunidad en el marco de la emergencia sanitaria para que a los miles de familias más humildes no les falte un plato de comida».