Carolina Vespasiano (Agencia CTyS – UNLaMatanza) – La primera marcha Ni Una Menos puso en evidencia que, en Argentina, cada 30 horas muere una mujer por el sólo hecho de serlo. En los años posteriores, pese a la visibilidad pública del tema y a la consolidación de áreas estatales específicas en materia de género, la cifra prácticamente no se modificó.
Según el Observatorio Ahora que sí nos ven, coordinado por Raquel Vivanco, en 2018 murieron 260 mujeres. Por su parte, la Casa del Encuentro, organización civil que monitorea desde hace más de una década la violencia letal contra las mujeres, publicó que, en 2015 hubo 286 femicidios, 290 en 2016 y 295 en 2017. Tan solo en enero y febrero de este año, se contabilizaron 46 femicidios.
Los datos conocidos sobre femicidios generalmente provienen de estas y otras organizaciones sociales, que registran las muertes y las características de cada caso a partir de archivos periodísticos. El Estado también cuenta con registros oficiales de femicidios, que recopilan la información a partir de causas judiciales. Sin embargo, la brecha entre unos y otros es notable.
El Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) elaboró un informe que estudia la producción estatal de información criminal sobre violencia de género en Argentina. Mediante la revisión de cuatro registros oficiales, revelaron que los datos estatales muestran divergencias no solo con lo publicado por las ONG feministas sino entre sí, y que, hacia el año 2018, “la variable género no ha sido incorporada al sistema”.
“Hay una superposición de diferentes organismos trabajando el mismo universo de casos y con diferentes metodologías. Lo curioso y objetable de esto es que lo hagan con criterios que no son coincidentes”, explicó a Agencia CTyS-UNLaM la politóloga Eva Pavón Tolosa, integrante de ILSED.
Los informes analizados fueron los del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, el Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Ministerio Público Fiscal. Las diferencias con lo recabado por la Casa del Encuentro, por citar un ejemplo, son considerables: a los registros del 2015 al 2017 de la Corte Suprema les falta incorporar, en suma, 131 muertes, sin contar los femicidios vinculados.
Según Tolosa, la divergencia entre los distintos informes, y los cambios en la selección de datos año tras año, derivan en que, ante un fenómeno que se mantiene estable como los femicidios, no se puedan desarrollar acciones capaces de reducir los niveles de violencia letal.
“Una de las cuestiones que nos parecen alarmantes es que, si bien hay un esfuerzo del Estado por registrar estos casos, eso no se traduce en políticas públicas concretas que tiendan a prevenir este tipo de crímenes, cuando uno puede extraer ciertos datos que deberían servir para la prevención”, recalcó la politóloga.
En ese sentido, Tolosa ejemplifica que uno de los datos que surgieron de las estadísticas estatales es que cerca del 25 por ciento de los crímenes de género se producen con armas de fuego, mercado en el que el Estado puede ejercer un control para reducir los factores de riesgo a los que se exponen las mujeres víctimas de violencia.
“La producción de datos –subraya Tolosa-, y sobre todo desde el Estado, debe servir para la toma de decisiones, y esto es importante recalcarlo. Las estadísticas deben estar al servicio de la planificación y de la prevención, sino, no tendrían sentido. Hoy hay poca información por parte del Estado acerca de cuáles son los usos que hacen de estos registros”.
Frente a eso, el informe sugirió construir un registro único de femicidios, travesticidios y transfemicidios a nivel nacional, transversalizar la perspectiva de género al análisis político criminal de todas las violencias, capacitar a los funcionarios en perspectiva de género y construir registros de violencias múltiples para comprender, en profundidad y en varios aspectos, este fenómeno social.
Por último, Tolosa concluyó que, si bien es necesario transparentar las acciones del Estado en materia de género –que hasta el momento se han caracterizado por su “corte punitivista”- el tratamiento de la violencia hacia las mujeres “debería estar acompañado de políticas activas de acompañamiento económico”.
