A poco de cumplirse 10 años de la sanción de la Ley de Salud Mental, que prevé entre sus metas principales el cierre de los neuropsiquiátricos en 2020, aún hay más de 2.000 personas internadas en manicomios del sector público, según un reciente informe de la Comisión provincial por la Memoria (CPM), que advierte además sobre «trato indigno, falta de personal y sobremedicación».
En rigor, según datos de 2018, los últimos disponibles, se alojan un total de 2.064 personas con problemas de salud mental en hospitales a cargo del Ministerio de Salud bonaerense, en su enorme mayoría distribuidas en los neuropsiquiátricos Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero (470); Hospital Cabred de Open Door (705); Hospital Esteves de Temperley (636) y Hospital Taraborelli de Necochea (33). Las restantes, en los hospitales Rocha de Uribelarrea (83); San Lucas (26); Ingenieros (50), y Ramos Mejía (61) de La Plata.
No obstante, se estima que el sector público aloja solo a un 15% de la totalidad de las personas internadas por razones de salud mental en la provincia, por lo que el número de pacientes en neuropsiquiátricos podría ser hasta siete veces mayor, aunque desde la CPM reconocen que es muy difícil acceder a datos precisos ante la «resistencia» de esas instituciones.
La ley 26.627 de Salud Mental fue sancionada en diciembre de 2010 y reglamentada en 2013, pero en medio de obstáculos, polémicas y oposiciones, está lejos de cumplir su principal meta: la «desmanicomialización» a través de la sustitución y el cierre de los manicomios con plazo máximo en 2020.
Es que según advierte la CPM no hay dispositivos adaptados para estas personas con base en la comunidad y faltan servicios de atención de la salud mental en hospitales generales, lo que redunda en la derivación a la institución monovalente. «Estamos muy lejos de cumplir con el espíritu de la ley. Su sanción fue un avance significativo, pero las políticas que siguieron fueron de un retroceso total», dijo a DIB la directora del programa de Salud Mental de la CPM, Natalia Roccheti.
En ese marco, desde la CPM advierten sobre malos tratos, condiciones «indignas» de internación, falta de personal y de trabajadores especializados en salud mental y reingresos a esas instituciones ante «la falta de dispositivos fuera del hospital que permitan sostener el tratamiento».
«Más allá de que uno brega para que estos lugares no existan, en el mientras tanto deberían estar en buenas condiciones, pero no lo están», indicó Rochetti. «Además de la situación edilicia, existe una ausencia total de la privacidad porque los lugares están pabellonados, la comida es muchas veces de mala calidad y no hay dispositivos terapéuticos, por lo que las personas permanecen todo el día sin hacer nada», agregó.
Externación y vulnerabilidad
Del total de ingresos que hubo el año pasado en el Hospital Cabred el 89% se trató de reinternaciones, es decir personas que ya estuvieron en tratamiento y que por alguna razón volvieron a ingresar. Ese porcentaje respecto al total de entradas es menor en los hospitales Korn (54%), Esteves (42%) y Taraborelli (5%). En tanto, los datos agrupados indican que dos tercios de los ingresos en territorio bonaerense corresponden a reinternaciones.
«La externación debería ser pensada desde el primer minuto en el que la persona se interna, pero lamentablemente la realidad es que muchos pasan más de 40 años encerradas», indicó la directora del Programa. «Los manicomios arrasan con las personas porque deterioran la calidad de vida. Se pierde registro del afuera e incluso del cambio corporal porque no hay espejos, no se trabaja con la imagen y hay un deterioro también a nivel subjetivo», amplió.
Rochetti señaló que además hay que hacer un profundo trabajo en la sociedad porque aún persiste un estigma en relación a lo peligroso de estas personas, lo que hace muy difícil incluirlas en las lógicas de la vida cotidiana.
Cabe señalar que más de la mitad de las personas internadas en manicomios no tiene ningún tipo de cobertura social, por lo que eso complica aún más la continuidad de un tratamiento por fuera de esas instituciones. Mientras que si la persona no dispone de una pensión, no puede externarse, otro obstáculo para recuperar la vida fuera del manicomio.
En ese punto, sobre las personas que entran a los neuropsiquiátricos públicos, desde la CPM señalaron que «al recorrer la historia de quienes viven en el hospital, persisten relatos de vulnerabilidad, carencias y pobreza».
La CPM desarrolló un manual de monitoreo de lugares de privación de la libertad que incluye a los neuropsiquiátricos, a partir de dos dimensiones de relevamiento: la primera abarca las condiciones materiales en las que viven las personas en lo que respecta a lo estructural y edilicio, a la iluminación, ventilación, calefacción, higiene y espacios de intimidad; y la segunda refiere a la atención en salud, como la medicalización y el aislamiento.
Para arribar a las conclusiones, desde el organismo señalaron que se entrevistaron con pacientes y especialistas, y realizaron una revisión de las historias clínicas.
El caso del Hospital Cabred
El hospital Cabred de Open Door es el manicomio más grande de la provincia de Buenos Aires, donde hay 705 personas internadas. De ese total, más de la mitad no tiene cobertura social de ningún tipo, sólo 55 cuentan con jubilación y de acuerdo a lo que reportan los pacientes solamente el 7% accedió a un trabajo formal durante su vida.
Esas cifras complican el proceso de externación que, además, se realiza con poco personal capacitado, ya que «mantiene la misma dotación de profesionales que se desempeñan en esa área desde el año 2015». Según la nómina, solo hay asignadas seis personas para desempeñar funciones allí, cantidad catalogada como «insuficiente» por la CPM.
Además, la gran mayoría de los internados allí es oriundo de otras localidades, incluso a más de 100 kilómetros de Open Door, en el distrito de Luján. (DIB) MCH
