Parte I: Sus origenes
La historia institucional de una cámara empresarial constituye, en esencia, un reflejo fiel de las transformaciones económicas, sociales y políticas que atraviesa una comunidad a lo largo del tiempo. En el caso de la Cámara de Comercio e Industria, Producción y Bienes Raíces de 9 de Julio, su trayectoria centenaria, que se extiende desde 1926 hasta nuestros días, representa no solamente la evolución de una entidad, sino también el testimonio vivo de la capacidad asociativa del empresariado nuevejuliense frente a las crisis recurrentes que marcaron la historia argentina del siglo XX y principios del XXI.
Fundada bajo la denominación original de “Sociedad Unión Comerciantes e Industriales”, esta institución nació como respuesta directa a las dificultades crediticias que enfrentaban los comerciantes minoristas en un contexto económico complejo, signado por el endeudamiento creciente de los consumidores y la proximidad de la mayor crisis económica mundial que conocería el capitalismo. A lo largo de un siglo de existencia, la entidad ha transitado por múltiples etapas de consolidación, transformación y adaptación, manteniendo siempre como norte la defensa de los intereses comerciales, industriales y productivos de 9 de Julio.
LA FUNDACION
El 3 de octubre de 1926, un grupo de veintinueve comerciantes e industriales de 9 de Julio suscribió el acta fundacional de la “Sociedad Unión Comerciantes e Industriales”. Los firmantes, Marino Amor, Pablo Aguila, Juan Buetto, Tito Blanco, Dante Berté, Manuel Castro, Francisco Caldentey, Juan Crosa, Salvador Cantóni, Antonio Conca, Santos De Benedetto, Diez Hnos, Victorio Di Nesta, Carmelo Elías, Francisco Fernández, Angel Hidalgo, Santiago Locatto, Francisco López, Luis Montanaro, Fernando Nieto, José Fernández Otero, Vicente Paladino, Blás Rodríguez, Manuel Ruizo, Martín Sanaberry, Raúl Scolari, Bartolomé Salamone, José Viyella, Zacarías Ortelli y Francisco Villalba, representaban un corte transversal del empresariado local..
El objetivo explícito de la asociación era la ayuda mutua en la concesión de créditos y el cobro de cuentas, lo cual revela la naturaleza eminentemente práctica y defensiva de la iniciativa. No se trataba inicialmente de una entidad con proyecciones políticas o representativas amplias, sino de un instrumento de protección económica ante la expansión incontrolada del crédito comercial y las dificultades de recupero de las deudas.
La primera comisión directiva reflejó el liderazgo de quienes habrían de convertirse en figuras centrales de la vida empresarial nuevejuliense durante las décadas siguientes. Francisco Caldentey asumió la presidencia, cargo que ejercería hasta 1928, acompañado por Juan Crosa, como vicepresidente; José Fernández Otero, secretario; José Viyella, prosecretario; Carmelo Elías, tesorero; Marino Amor protesorero, y como vocales, Salvador Cantoni, Francisco Fernández, Francisco López y Vicente Paladino. Por su parte, Manuel Russo y Juan Ortelli fueron designados revisores de cuentas.

CONSOLIDACION INSTITUCIONAL Y EXPANSION
Los primeros años de la Sociedad estuvieron marcados por un proceso gradual de consolidación y ampliación de su base social. La adhesión progresiva del comercio y de los industriales expandió significativamente la capacidad de representación de la entidad, transformándola de un núcleo inicial de comerciantes minoristas en un frente empresarial más amplio y diversificado. Esta evolución culminó con la obtención de la Personería Jurídica en 1934, hito fundamental que otorgó reconocimiento legal y capacidad plena para actuar en representación de sus asociados.
Durante este período inicial, la entidad tuvo su sede social en la calle Nicolás L. Robbio, entre Bartolomé Mitre y San Martín, espacio que ocupó hasta 1939.
La presidencia de la institución fue ejercida sucesivamente por Francisco Caldentey (1926-1928), Esteban Murillo (1928-1930) y José Gaig (1930-1934), quienes consolidaron las bases organizativas y ampliaron las funciones de la entidad más allá de su objetivo fundacional.
José Gaig, propietario del Bazar “El Siglo”, en su libro de memorias recuerda su intervención en la vida institucional, en sus primeros años y algunos avatares por los que debió transitar la organización apenas fundada:
“En 9 de Julio –recuerda Gaig- se había formado una Sociedad de Comerciantes formada por el comercio minorista. Desde un principio la firma a que pertenezco se asoció, pero nunca quiso formar parte de la comisión directiva, por considerar que las bases estaban mal orientadas y en esta forma la sociedad no podía prosperar”.
“Un día –prosigue-, cuando ya no quedaban más que quince socios que pagasen la cuota mensual, me nombraron de la comisión y me llamaron para una reunión urgente. Era un caso extremo. Un inconveniente me impidió ser puntual, cuando llegué ya se había resuelto la liquidación de la sociedad”.
“Entonces –escribe Gaig- pedí que se reconsiderara la medida, que mi opinión era que la sociedad debía continuar pero con otras bases. Les pedí un plazo corto para intentarlo, algunos de la comisión me apoyaron, pero había quienes querían liquidarla. Felizmente se resolvió hacer una prueba. Al día siguiente tres miembros de la comisión me acompañaron a visitar a los principales comerciantes y les invitamos a que formaban parte de la nueva comisión”.
Según Gaig, “al principio se negaron, porque consideraban a la sociedad como enemiga del comercio mayorista; sin embargo, una vez que se les explicó que se iban a reformar los estatutos completamente, todos, sin excepción, aceptaron”.
“A los pocos días se llamó a asamblea y se formó la nueva comisión. Me nombraron presidente, aunque yo no quería aceptar porque ya formaba parte de varias comisiones, pero comprendí que debía sacrificarme una vez más. Ya se cumplieron treinta y dos años de la reorganización de la sociedad y está cumpliendo su cometido a entera satisfacción de todos sus asociados”, rememoraba Gaig, en sus memorias, escritas en 1964.
CONTRA LA LEY DE TRANSACCIONES
Aún se conserva un documento histórico muy interesante. Una nota, fechada el 14 de julio de 1933, por medio de la cual la “Sociedad Unión Comerciantes e Industriales de 9 de Julio” se dirigía al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación manifestando su discrepancia con la sanción de la denominada “Ley de Transacciones”. En ese proyecto de ley se establecía un prorrateo del percibido de los impuestos de las transacciones y retiros comerciales.
“Entendemos –refiere la nota-, rati ficando las sugestiones anteriores que se le han hecho llegar a esa Comisión de su digna presidencia, que la ley de Transacciones debe ser derogada y suspendida toda medida compulsiva hacia los contribuyentes morosos y, en lo que respecta a la del impuesto a los réditos, convendría el establecimiento del prorrateo, entregándole proporcionalmente lo que a cada provincia le corresponda. El patriotismo de que están poseídos los representantes del pueblo, hace que éste les haga llegar, por conducto de las instituciones llamadas a hacerlo, las sugestiones pertinentes. Y el pueblo en estos momentos no puede cargar con erogaciones que vienen a agravar su maltrecha situación económica. Por lo demás, rigen en el estado provincial un sin número de impuestos superpuestos que, con la vigencia de la señalada ley nacional, hacen imposible la perspectiva de apremio que se le crea”.
No fue esta la única nota con la cual la Sociedad adhirió a esta lucha. También lo hizo enviado al Ministerio de Hacienda de la Nación un pliego, de más de veinte páginas, con análogo petitorio, con las firmas de los comerciantes e industriales de 9 de Julio. Por último, esa legislación fue anulada.





















