La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de ley para crear el Índice de Transitabilidad de Caminos Rurales (ITCR). La legisladora considera que sería una herramienta que permitirá medir el estado de los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires y transparentar la asignación de recursos destinados a obras viales.
La iniciativa propone incorporar este índice a la Ley 13.010 y establece que deberá elaborarse a partir de parámetros técnicos y medibles, como el escurrimiento del agua, el abovedado, el estado de la calzada, la capacidad para soportar carga pesada, la conectividad y las obras accesorias de cada camino rural.
La legisladora oriunda de Alberti explicó que «los caminos rurales son fundamentales para la producción, la educación y la vida cotidiana de miles de bonaerenses. Necesitamos contar con herramientas objetivas que permitan saber en qué estado están y garantizar que los recursos lleguen donde realmente se necesitan».
Además, el proyecto contempla la creación de un Consejo Asesor de Caminos Rurales, integrado por representantes del Estado provincial y entidades agropecuarias, que tendrá como función elaborar estadísticas y diagnósticos regionales, confeccionar el índice y publicar un ranking de gestión de los caminos rurales a nivel provincial.
La propuesta también habilita la posibilidad de firmar convenios con universidades nacionales para desarrollar herramientas tecnológicas que permitan reportar incidencias viales en tiempo real, facilitando la participación de productores y transportistas.
Otro de los puntos centrales establece que el Índice de Transitabilidad deberá publicarse cada 180 días en sitios web oficiales de la Provincia, garantizando acceso público a la información y mayor transparencia en la planificación de obras.
En los fundamentos del proyecto, Vaccarezza sostuvo que la iniciativa busca generar “un sistema de indicadores técnicos estandarizados y de acceso público” que no solo permita conocer el estado de los caminos, sino también orientar la asignación de recursos y la ejecución de obras tanto provinciales como municipales.
Asimismo, remarcó la necesidad de que “el contribuyente rural sienta que el impuesto que paga tiene una contraprestación medible y auditable”.
