El miércoles, 3 de junio se llevaron a cabo movilizaciones en todo el país, en el marco de la lucha «Ni una menos». En 9 de Julio tuvo lugar la movilización en el Estacionamiento de la Terminal de Omnibus a partir de las 17:30 horas, frente al mural que recuerda a las víctimas de femicidio de nuestra ciudad.
Hubo espacio para infancias, artistas, lecturas, micrófono abierto y lectura del manifiesto.
Un número importante de vecinas y vecinos se acercaron a participar de la jornada de reflexión y reclamo. Los manifestantes marcharon por calle Robbio hacia Cardenal Pironio, Mendoza, volviendo al mismo lugar.

MANIFIESTO 3J – NI UNA MENOS 2026:
9 de Julio
Hoy volvemos a encontrarnos en las calles.
Nos encontramos porque la violencia machista y patriarcal sigue existiendo. Porque mientras estamos reunidas acá, en algún lugar del país una mujer, una niña, una adolescente o una persona de la diversidad puede estar atravesando una situación de violencia, miedo o desprotección.
Nos encontramos porque no queremos acostumbrarnos.
Porque detrás de cada cifra hay una vida. Hay proyectos interrumpidos, familias atravesadas por el dolor, infancias marcadas por la ausencia y comunidades enteras que
siguen reclamando justicia.
A once años del primer grito colectivo de Ni Una Menos, seguimos denunciando una realidad que continúa siendo alarmante.
En 9 de julio una mujer denuncia violencia por motivos de género cada 16 horas. A lo largo
de este año, en 154 días hubo 220 denuncias por situaciones de violencia.
45% de las denunciantes se encuentran en ALTO RIESGO. 40.9% riesgo moderado. Y 13.6% bajo riesgo. 200 niños, niñas y adolescentes están expuestos a situaciones de
violencia. De las 200 denunciantes 52 se encuentran desempleadas o realizan tareas de cuidado
Los relevamientos realizados a nivel Nacional por observatorios y organizaciones feministas registran que en la Argentina ocurre aproximadamente un femicidio cada 31
horas. Dicho de otra manera: cada 31 horas, un varón en la Argentina se convierte en femicida. Solo entre el 1° de enero y el 24 de mayo de 2026 hubo 99 víctimas fatales de
violencia machista: 83 femicidios directos, 8 femicidios vinculados, 4 travesticidios/transfemicidios y 4 instigaciones al suicidio. Por eso decimos con claridad: los
femicidios existen.
Nombrarlos no es una cuestión ideológica ni discursiva. Nombrarlos es reconocer que estas muertes ocurren en el marco de violencias estructurales sostenidas por desigualdades
históricas entre géneros.
Cuando desde sectores del poder político se intenta borrar la palabra femicidio, relativizar las desigualdades o negar la violencia de género, no estamos frente a un simple debate
semántico. Estamos frente a discursos que buscan desresponsabilizar al Estado y debilitar las herramientas construidas colectivamente para prevenir estas violencias. Estamos frente
a un estado femicida
Mientras las violencias continúan, asistimos al desmantelamiento de políticas públicas que fueron resultado de años de organización, movilización y lucha colectiva.

La Línea 144, herramienta fundamental de asistencia y acompañamiento para personas en situación de violencia de género, sufrió una reducción presupuestaria del 64%. El Programa Acompañar, destinado a fortalecer la autonomía económica de quienes atraviesan situaciones de violencia, registró recortes cercanos al 90%. Además, fueron eliminados programas territoriales y dispositivos de protección y asistencia que cumplían funciones esenciales en todo el país.
Cuando se vacían programas, cuando se despiden trabajadoras y trabajadores, cuando se recortan presupuestos y cuando el Estado abandona políticas de prevención y
acompañamiento, las consecuencias no son abstractas.
Las consecuencias tienen nombres, rostros e historias.
Por eso rechazamos el ajuste sobre las políticas de género, diversidad y prevención de las violencias.
Porque los derechos no son privilegios.
Porque la asistencia no es un gasto.
Porque las políticas públicas salvan vidas.
También denunciamos y rechazamos el avance de iniciativas que buscan instalar la idea de las “falsas denuncias” como si se tratara de un problema masivo. Los propios datos oficiales
muestran otra realidad. Un informe elaborado por el Observatorio de Género de los Ministerios Públicos Fiscales de todo el país, sobre más de 8 millones de investigaciones
penales analizadas entre 2023 y 2025, concluyó que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% de los casos relevados. Aun así, avanzan discursos y proyectos que
buscan instalar sospechas sobre quienes denuncian violencia.
Sabemos lo que producen esos discursos.
Producen miedo.
Producen silencio.
Producen desconfianza hacia las víctimas.
Y fortalecen una cultura donde muchas personas siguen sin animarse a denunciar.
De hecho, distintos informes advierten que el verdadero problema sigue siendo el subregistro de las violencias y las enormes dificultades que enfrentan las víctimas para
acceder a la justicia y al acompañamiento institucional.
Porque el odio nunca comienza con la eliminación física. Comienza mucho antes; cuando se niega la existencia de una problemática, cuando se desacredita la palabra de quienes denuncian, cuando se cuestiona el derecho mismo a nombrar las violencias que sufrimos.
Negar los femicidios, negar la violencia de género y desmantelar las políticas públicas construidas para prevenirla y erradicarla no es neutral. Tiene consecuencias concretas sobre nuestras vidas.
Porque tenemos claro que asistimos a un plan sistemático de desmantelamiento de derechos y políticas públicas construidas durante décadas de lucha colectiva. Un plan que busca disciplinar nuestras vidas, silenciar nuestras demandas y debilitar las herramientas que protegen a mujeres, diversidades, infancias y adolescencias. Frente a ello, seguimos luchando, resistiendo y defendiendo cada uno de los derechos que nos quieren quitar y aquellos que ya nos han arrebatado. Cómo el artículo 3 de la Ley Nacional 27.234, que regulaba la obligatoriedad de realizar las jornadas “Educar en igualdad: Prevención y erradicación de la violencia de género” a nivel nacional. Eliminada a partir de decretos y medidas impulsadas por el gobierno nacional actual.
Por eso hoy defendemos cada derecho conquistado.
Defendemos la Educación Sexual Integral ley 26150
Defendemos la Ley Micaela, en nuestra ciudad Decreto Barbara Zabala
Defendemos la Línea 144.
Defendemos el Programa Acompañar.
Defendemos las políticas de prevención, asistencia y protección.
Defendemos el derecho a vivir una vida libre de violencias.
Y lo hacemos porque sabemos que nada de esto fue un regalo.
Cada conquista fue el resultado de años de organización feminista, de movilización popular,
de debates colectivos y de la lucha incansable de quienes transformaron el dolor en acción política.
Hoy estamos acá, frente al mural que recuerda a las víctimas de femicidio de nuestra ciudad.
Y elegimos reunirnos acá porque la memoria también es una forma de lucha.
Porque los nombres de quienes ya no están no pueden ser borrados.
Porque cada una de esas ausencias nos sigue interpelando.
Porque no queremos una sociedad que olvide.
Porque no queremos una sociedad que naturalice.
Porque no queremos una sociedad donde el miedo condicione nuestras vidas.
Claudia Gallipo. PRESENTE
Dora Bossio.PRESENTE
Carina Baho.PRESENTE
Sandra Villalba.PRESENTE
Barbara Zabala. PRESENTE
Micaela Zalazar.PRESENTE
María Romina Ahumada.PRESENTE
AHORA Y SIEMPRE…
A once años del primer Ni Una Menos seguimos ocupando las calles porque la violencia machista no terminó. Seguimos nombrando a las que faltan, abrazando a quienes sostienen
la lucha cotidiana y defendiendo cada derecho conquistado frente a quienes intentan negarlo, vaciarlo o destruirlo.
No aceptamos el silencio, no aceptamos el odio, no aceptamos que la crueldad se convierta en política pública.
Por las que ya no están, por quienes hoy resisten y por las generaciones que vendrán, seguimos organizadas.
Porque vivas, libres y desendeudadas nos queremos.
Ni una menos.
El Estado es responsable.