El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, le señaló a su par nacional, Sergio Iraeta: «No sé cuán escasos estarán de recursos, pero le deben 13 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires».
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, participó el último miércoles del Consejo Federal Agropecuario (CFA) regional, realizado en Córdoba, donde mantuvo un intercambio directo con el secretario nacional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta. En ese marco, reclamó la reactivación de la obra del Río Salado -específicamente el tramo 4.2- que el Gobierno de Javier Milei anunció públicamente hace apenas diez días, pero cuya planificación concreta aún no se conoce. Rodríguez además expuso la situación crítica de los municipios afectados por las inundaciones, cuestionó los créditos “valor producto”, habló del sistema obligatorio de trazabilidad electrónica y exigió definiciones sobre el INTA.
Rodríguez remarcó que “el tramo 4.2 (de la obra del Salado) tiene financiamiento nacional” y que “se anunció que iban a retomar una parte, pero no hay novedades sobre las otras dos subetapas. Si avanzan solo en diez kilómetros y no en los treinta que hacen falta, el problema sigue exactamente igual”.
El funcionario también advirtió que no se puede considerar una reactivación parcial como un avance real: “Necesitamos que se reactiven los 30 kilómetros, no que queden 20 de ellos paralizados. Hasta ahora parece que solo están hablando de una parte”.
El ministro también señaló que la obra de impermeabilización del Consorcio de Riego del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO) “está igualmente paralizada y sin previsión de continuidad”, pese a contar con financiamiento internacional asegurado.
“Tenía licitación, financiamiento aprobado y estaba todo listo para que entren las máquinas. El Gobierno nacional la frenó sin explicación”, sostuvo el funcionario.
Ante los planteos del secretario Iraeta sobre falta de recursos, Javier Rodríguez respondió con firmeza: “No sé cuán escasos estarán, pero le deben 13 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires”.
Emergencia hídrica
En el encuentro del CFA, Javier Rodríguez expuso la situación crítica de los municipios afectados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y reiteró la necesidad de que el gobierno nacional colabore en medio de un escenario en el que la Casa Rosada mantiene paralizada la obra pública desde el inicio de la gestión Milei.
“En estos dos años las rutas nacionales se deterioraron muchísimo. El acceso a los puertos por rutas nacionales está destruido. La ruta 3 es imposible. Es urgente retomar las obras”, enfatizó.
Créditos “valor producto”
El ministro de Desarrollo Agrario también se refirió a los créditos lanzados por el Gobierno nacional bajo la denominación “valor producto”, y fue categórico: “Creo que están haciendo un abuso del lenguaje. No es valor producto: es un crédito UVA más 8%. Publicitarlo como valor producto es engañoso”.
El ministro explicó la diferencia con los créditos bonaerenses: “Nosotros en la provincia damos créditos a valor real de producto: litros de leche, kilos de miel, kilos de carne. El productor sabe que debe 100.000 litros de leche y paga según el precio vigente. Eso es valor producto. Lo de ustedes es UVA más un porcentaje, por más que pongan un tope”.
Trazabilidad electrónica
Javier Rodríguez se refirió también al sistema obligatorio de trazabilidad electrónica: “Está claro que implica un mayor costo para el productor. Y además se impone sin diálogo con las provincias”. Además, cuestionó que se haya retirado el acompañamiento técnico que Nación había prometido: “Antes se decía que iban a apoyar con aparatos para los productores más complicados. Ahora nos dicen que nada de eso va a estar”.
El ministro criticó la “falta de coherencia normativa”: “Acá hablan de un proceso de transición, pero la normativa no dice nada de transición. La norma se cumple o no se cumple. Si quieren una transición, que la normativa lo exprese”. Y planteó una alternativa: “No digo que no avancemos hacia un sistema más moderno. Digo que no lo hagamos obligatorio (al 1 de enero). Pensemos un plan realista, que incluya a todos los productores y defina quién asume los costos”.
Asimismo, propuso explorar un esquema optativo: “Si los frigoríficos van a ser los principales beneficiarios, ¿por qué no son ellos los que pagan un precio diferencial por el ganado chipeado? Eso sería más razonable que imponer un costo obligatorio a todos”.
DIB
