Las retenciones a los productos agrícolas, que son recaudadas por el Tesoro Nacional,
no son tenidas en cuenta en la distribución de la coparticipación hacia los municipios.
Esto afecta el crecimiento y el desarrollo económico de las localidades.
Las políticas de comercio exterior, conocidas como derechos de exportación, que aplica
el Gobierno Nacional desde principios de la década del 2000 e incrementadas en los
años posteriores, consisten en la recaudación de una alícuota por parte del Tesoro
Nacional al momento de exportar ciertos commodities. El argumento del gobierno al
aplicar retenciones es generar una disminución del precio interno de los commodities
respecto del precio internacional y, a su vez lograr una importante recaudación.
Medidas de este tipo provocan desequilibrios en el mercado interno, reduciendo tanto el
excedente del productor como el excedente del consumidor y generando pérdidas
irrecuperables de eficiencia. Se desea analizar, entonces, el efecto de estas políticas de
comercio exterior en el crecimiento y desarrollo económico local de los municipios
productores, como es el caso de 9 de Julio.
El partido de 9 de Julio es una localidad del interior la provincia de Buenos Aires y
nuestra economía local está basada en la red agropecuaria, dedicando 390 mil hectáreas
a campos productivos. Además, se desarrollan empresas, instituciones y diversas
actividades tanto para el sector agropecuario, como para sus encadenamientos hacia
adelante o hacia atrás. La producción es relevante a nivel provincial y nacional en
cultivos de cereales y oleaginosas de exportación. En la cosecha 2021/2022, 9 de Julio
produjo 500.000 toneladas de maíz, 312.000 toneladas de trigo y 744.000 de soja entre
la cosecha de primera y de segunda.
La producción de 9 de Julio de la última campaña fue de más de 624 millones de
dólares en concepto de trigo, maíz y soja. Considerando las retenciones de estos
productos agrícolas, del 12% para el trigo y el maíz y del 33% para la soja, egresaron de
nuestra localidad recursos económicos equivalentes a más de 158 millones de dólares.
Estos recursos que pierde la economía nuevejuliense, significan menos inversiones,
menos generación de empleo en el partido y menos inversión pública e infraestructura
tanto para este sector productivo como para el resto de la localidad, ya que es recaudado
por el Gobierno Nacional, sin ser coparticipable, es decir que no hay una trasferencia al
distrito que aportó dichos recursos.
Tomando dimensión de lo que significan estos recursos que pierde la localidad, se
destacan a continuación posibles inversiones privadas que podrían hacer los agentes
económicos con el objetivo de ampliar su producción, de generar nuevos sectores o
nuevas industrias. Por ejemplo, estos 158 millones de dólares que se perdieron en la
última campaña de cosecha son equivalentes a 7 molinos harineros, con una capacidad
de producción de 450 toneladas cada uno por día, lo que lograría generar un mayor
valor agregado en la producción de 9 de Julio. Las energías renovables, tema tan
relevante en las últimas décadas, son una industria vanguardista en la que se podría
invertir, haciendo inversiones como en una planta de bioetanol de 175.000 m3 o 19
plantas eléctricas de biogás de 2 MWh. O bien, ampliar industrias que ya existen a nivel
local, como 26 granjas de cerdos de 1000 madres cada una, u 8 frigoríficos de
exportación bovina de 100.000 cabezas por año. Se debe considerar no solo las
inversiones propiamente dichas sino el valor que se le agrega y las externalidades
positivas que generan, teniendo en cuenta sus encadenamientos hacia adelante y hacia
atrás.
Respecto a la inversión pública e infraestructura, el aporte del partido de 9 de Julio en
términos de retenciones de la última campaña de cosecha, es equivalente a 262
kilómetros de ruta doble mano. Este aspecto es uno de los más demandados por los
productores y vecinos de la ciudad que utilizan la Ruta Nacional 5, altamente transitada
y en pésimas condiciones, que conecta ciudades del interior de la Provincia con la
Capital del país. El aporte de la localidad también es equivalente a 3.291 cuadras de
asfalto o bien 9.292 kilómetros de reparación de camino rural con 1.000 toneladas de
piedra por kilómetro, lo que representa más de 6 veces los caminos rurales locales. A su
vez, equivale a 10 presupuestos municipales anuales, en el que se incluyen obras
locales, recolección de residuos y limpieza, salud local, sueldo de empleados
municipales, entre otros.
Reflexionando, el aporte que hace la producción agrícola del partido de 9 de Julio, al
Tesoro Nacional en términos de retenciones, se puede observar que el egreso de
recursos de nuestra localidad genera efectos negativos en el crecimiento y desarrollo
económico local. Dicha perdida de recursos limita potenciales inversiones privadas que
generarían nuevas industrias y nuevos puestos de trabajo. Restringe, a su vez, las
inversiones públicas y obras de infraestructura para la localidad, ya que las retenciones
no son coparticipables y la única transferencia que recibe el municipio de parte del
Tesoro Nacional es menor a un millón de dólares anuales, en concepto de “Fondo
Educativo”. Además, no olvidemos que los agentes económicos del municipio también
aportan sus impuestos al Tesoro Nacional como el impuesto al valor agregado o a las
ganancias, entre otros y tan solo recibe de la provincia el 0,35119% de lo que esta
coparticipa a los municipios. Entonces, si dichos recursos que egresan de la localidad en
una campaña de cosecha, quedaran en manos de los agentes económicos locales, ¿cuál
sería el crecimiento y desarrollo económico de la localidad? O bien, si dichos recursos
los administrara el municipio, ¿podría este generar un desarrollo económico
considerado desde abajo, brindando herramientas e infraestructura para un mayor
desarrollo de nuestra economía local?
Por: TOMÁS MIGLIERINA
Economista (UBA)
