El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se reunió con la gobernadora María Eugenia Vidal para plantearle la necesidad urgente de avanzar en una nueva política urbanística, de vivienda y de gestión del suelo debido a que, denunciaron, existe un millón de familias sufren algún tipo de problema habitacional en la provincia de Buenos Aires.
Dirigentes del CELS, entidad que preside el periodista Horacio Verbitsky (quien no participó del encuentro), le acercaron a Vidal un duro panorama de la situación habitacional en el territorio, así como también se trazaron lineamientos sobre las políticas de salud mental, seguridad y penitenciarias. Según explicaron, aproximadamente un millón de familias sufre algún tipo de problema de techo, y para solucionarlo, dos tercios de ellas, alrededor de 650 mil hogares, no necesitan la construcción de una vivienda nueva sino apoyo técnico y económico para la refacción, ampliación y/o completamiento del stock construido.
De acuerdo al informe, la provincia crece algo más de un millón y medio de habitantes cada diez años. “Solo para contener el crecimiento y solucionar muy lentamente el déficit actual es necesario construir el equivalente a una ciudad de casi 200 mil habitantes por año, lo que sería como dos ciudades como Tandil por año”, indicaron desde el organismo. Sin embargo, marcaron una diferencia entre la situación de los 24 municipios del Gran Buenos Aires y el interior provincial. “Solo en el conurbano, 1.200.000 personas viven en barrios informales. Podría decirse que los habitantes en villas y asentamientos del GBA conforman la segunda ciudad del país”, señalaron.
Del encuentro con Vidal participaron Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS; Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad; y Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal. Y según indicaron desde el organismo, la gobernadora compartió parte de las preocupaciones planteadas y se comprometió a habilitar canales de diálogo para discutir medidas concretas con funcionarios de su Gabinete.
Otras de las problemáticas planteadas fue lo relacionado a las políticas de seguridad y violencia policial, y en ese sentido indicaron que se necesita reformas a partir de consensos y estrategias que no contrapongan seguridad y derechos humanos. La Policía Bonaerense es una fuerza violenta, desprofesionalizada y marcada por la corrupción estructural, responsable de gravísimas violaciones a los derechos humanos y de comportamientos mafiosos con fuerte capacidad de desestabilización”, señalaron en un comunicado.
Finalmente, discutieron sobre los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental. “A más de cinco años de sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), a la que adhirió la Provincia, la principal política pública para las personas con padecimiento mental continúa siendo la internación prolongada. De los cuatro hospitales públicos considerados por el Ministerio de Salud bonaerense en emergencia crítica, dos son psiquiátricos: Melchor Romero y Open Door”, concluyeron.
