Un monitoreo de precios que alcanza a veinte artículos alimenticios de primera necesidad que forman parte habitual del presupuesto de consumo familiar, en comercios y supermercados adheridos al congelamiento acordado con el gobierno nacional, puso en marcha la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
El trabajo de campo, que abarca tanto al Conurbano como al interior de la Provincia, busca garantizar el efectivo cumplimiento de la política de Estado que apunta a proteger el poder de compra de la gente, y que tendrá vigencia hasta el primero de abril.
En paralelo, el relevamiento pretende detectar eventuales situaciones de desabastecimiento de productos de la canasta básica, concientizar al comercio de la obligatoriedad de exhibir los precios de todos los bienes en las góndolas e inculcar en los consumidores el derecho a exigir el efectivo cumplimiento de esa disposición.
Todas las semanas, los equipos de «Difusión de Derechos» de la Defensoría realizarán un seguimiento de precios en establecimientos testigo, elegidos al azar, en distintos distritos bonaerenses, tarea que se repetirá sistemáticamente, en los mismos negocios, hasta el final del compromiso.
Asimismo, la Defensoría decidió que en todas sus sedes se reciban denuncias vinculadas a posibles violaciones al convenio y en ese sentido habilitó sus vías de comunicación para que los habitantes de la Provincia puedan informarse o evacuar dudas relacionadas con el alcance del acuerdo, que comenzó a regir el primero de febrero.
El rol activo que la Defensoría asume en la fiscalización del convenio que la secretaría de Comercio Interior de la Nación rubricó con las principales cadenas de supermercados y con cámaras del sector alimenticio, apunta a la protección de derechos de los habitantes de la Provincia, que en este caso se traduce en el «cuidado y preservación del presupuesto familiar».
El Defensor del Pueblo, Carlos Bonicatto, consideró que las medidas se inscriben en «la estrategia para evitar aumentos de precios en los artículos de la canasta básica, hecho que incide en la economía familiar de los sectores más postergados de la sociedad».
Bonicatto señaló que la Defensoría «promocionará la participación ciudadana en la fiscalización y control del acuerdo, recibirá todas las quejas de los consumidores que declaren la variación en los precios», y sostuvo que el objetivo es “reparar la siempre desventajosa situación de los consumidores y de los sectores más vulnerables, quienes representan claramente los eslabones más débiles de esta cadena de comercialización”.
Para comunicarse con la Defensoría está habilitado el 0800-222-5262 y el correo electrónico [email protected]
