El Ministerio de la Producción bonaerense recibió durante 2012 en su línea telefónica de Orientación al Consumidor más de 54 mil consultas y denuncias mientras que la cartera labró multas por cerca de 6,5 millones de pesos por incumplimiento de leyes.
Así lo indicó Producción en un comunicado y señaló los llamados recepcionados en la línea gratuita 0800-222-9042 tuvieron que ver, básicamente, con inconvenientes en la prestación de servicios (facturación y cobros indebidos y dificultad para dar la baja) y compras de bienes (no reconocimiento de garantías, deficiencia en el servicio técnico y la entrega de bienes defectuosos, entre otros).
Se indicó que los más de 6 millones de pesos por multas fueron aplicados por violación a las Leyes de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor, en tanto se retiró mercadería de la comercialización por un valor superior a los 500 mil pesos al no cumplir con las condiciones necesarias para la venta.
INSPECCIONES
Por otro lado, la cartera productiva profundizó en las últimas horas los controles de los productos que integran la canasta navideña y de juguetes y artículos a la venta en los establecimientos de la cadena de comercialización minorista.
En ese sentido, se indicó que los operativos, que se realizarán hasta el 6 de enero, mediante la dirección Provincial de Comercio, están orientados a controlar la existencia del Sello de Seguridad en los juguetes -obligatorio según las Resoluciones Nacionales N° 799/99 y N° 197/04- que acredita el cumplimiento de los requisitos de seguridad en los productos, y que debe estar acompañado por el logotipo o el número del organismo que realizó la certificación.
También se inspecciona que los juguetes posean el rotulado que indica si entre sus componentes de fabricación contiene ftalatos -una sustancia química peligrosa para el consumo humano- y que cumplan con las normativas vigentes para su uso según la edad.
Con respecto a los productos que integran la canasta navideña, se verifica que los comercios exhiban los precios de manera obligatoria, y las diferencias entre el precio en góndola y el cobrado en la caja, de acuerdo a la Resolución Reglamentaria 7/2002 de la Ley Nacional 22802 de Lealtad Comercial, que garantiza el derecho de los consumidores a recibir plena información sobre los precios de bienes y servicios que se ofrecen a la venta.
El ministro de la Producción, Cristian Breitenstein, señaló que “este tipo de acciones además de asegurar que los productos se encuadren en las normas de seguridad, están destinadas a proteger los intereses de los consumidores” al tiempo que agregó que “el Estado debe brindar todas las herramientas para defenderlos de prácticas abusivas”. (DIB)
