El Gobierno bonaerense analiza endurecer las penas para aquellos productores que instalen o mantengan canales clandestinos en sus campos, a quienes podrían inhibirles las propiedades denunciadas, además de impedir la comercialización de mercaderías.
La iniciativa se desprende de un proyecto presentado por el Ejecutivo que ya se debate en la Legislatura. El documento, al que tuvo acceso DIB, da un plazo de 90 días a los productores para que regularicen su situación. Si esto no ocurre, podrían recibir penas que van desde la prohibición de la entrega de Cartas de Porte para comercializar granos hasta la inhibición de las propiedades en donde se encuentren las obras clandestinas.
Las persistentes precipitaciones que este año provocaron inundaciones en buena parte del interior provincial y generaron anegamientos en los cascos urbanos renovaron los pedidos por la existencia de canales clandestinos que “escurren” el agua de los campos hacia cursos hídricos que, desbordados, afectan a la ciudad. En este marco, la Provincia aseguró que de las casi 2.000 denuncias de canales clandestinos recibidas durante los últimos años, más del 60 por ciento aún no fueron regularizadas.
La construcción de canales clandestinos, que durante los meses más críticos de las inundaciones enfrentaron a jefes comunales y productores de diferentes municipios, pusieron de manifiesto el problema hidráulico de la Provincia, y frente a las críticas de los distritos más complicados, el Gobierno bonaerense promovió una normativa que establece “penas más severas” para los productores que construyan canales ilegales para sacar el agua de sus campos.
El procedimiento de regulación de las obras clandestinas que rige hasta el momento, fue impulsado luego de las inundaciones de 2001, pero según afirman funcionarios y damnificados hoy “no alcanza para poner freno a la problemática”. Por ese motivo, desde el ministerio de Infraestructura provincial impulsaron un proyecto que tiene como objetivo “castigar de forma rápida y contundente”. Así lo manifestó a DIB el presidente de la Autoridad del Agua, Daniel Coroli, responsable de la iniciativa. La movida fue confirmada por el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, quien sostuvo que “pensamos en avanzar con una acción legislativa para penar canales que buscan soluciones individuales a problemas generales, sancionándolos acorde al daño social que provocan”.
“El Estado hoy no tiene las herramientas correspondientes para terminar con la problemática. Por eso buscamos nuevas sanciones ejemplares, que sirvan para que quienes quieran realizar obras clandestinas en sus campos, lo piensen dos veces”, dijo Coroli.
El proyecto de ley establece que las penas se llevarán a cabo en caso de que los propietarios, luego de ser intimados por el organismo provincial a cargo, no regularicen la situación de sus obras en un plazo determinado. Es decir, no recibirán sanciones quienes después del llamado de la Provincia desactiven los canales realizados de manera ilegal o presenten la justificación correspondiente de la necesidad de esa obra, que será evaluada y dará lugar a la autorización o a un nuevo plazo de adecuación a la ley.
Los intendentes de los municipios más perjudicados por el escurrimiento del agua, solicitaron al Gobierno el poder de policía para poder ser ellos quienes tuvieran la facultad de multar a quienes pongan en marcha estas obras. Con respecto a esto, Coroli indicó que el proyecto contempla este pedido, porque los jefes comunales “están más cerca de la problemática que nosotros, y la idea es trabajar en conjunto”. Y agregó: “Inclusive son ellos quienes extienden las guías de ganado, que se prohibirán para los productores que estén en falta”.
CASTIGOS MÁS SEVEROS
De acuerdo al titular de la Autoridad del Agua, de las 2000 denuncias de canales clandestinos recibidas en los últimos años, más del 60 por ciento aún no fueron regularizadas. “Eso quiere decir que los controles y las intimaciones que hemos llevado hasta el momento no alcanzan, porque al no tener medidas concretas de castigo, los responsables se hacen muy fácilmente los desentendidos”.
En ese sentido, las penas serán “más duras que una simple multa”. Según manifestó Coroli, el plan de regularización deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días, fecha a partir de la cual se considerarán automáticamente clandestinas las obras no adaptadas a la normativa.
En ese caso, los castigos variarán desde “el impedimento, a través de inhabilitación de Carta de Porte, de sacar la cosecha de los campos o la no extensión de guías para ganado, hasta la inhibición de las cuentas o de las mismas propiedades, en casos más extremos”, manifestó.
