Por Héctor José Iaconis.
Hay fechas que la historia local guarda de manera menos ostentosa, aunque su gravitación haya sido decisiva para el destino de un pueblo. El 30 de julio de 1876 es una de ellas. Aquel día, hace ahora ciento cincuenta años, 9 de Julio dejó de ser un caserío de frontera aislado en la inmensidad de la llanura bonaerense para incorporarse, mediante el hilo eléctrico, a la trama de comunicaciones que unía a la Nación con el resto del orbe.
Este acontecimiento se inscribió en un proceso más amplio, de alcance continental, que había comenzado dos décadas antes y que, hacia 1875, se proyectaba con urgencia estratégica sobre la línea de frontera con el indígena.
Este artículo se propone reconstruir ese proceso en sus dos escalas necesarias: por un lado, la nacional, que explica por qué y cómo llegó el telégrafo a la Argentina y a qué lógica política respondió su despliegue; y, por otro, la local, que documenta con precisión el itinerario administrativo y militar que condujo a la inauguración de la estación telegráfica de 9 de Julio aquel 30 de julio de 1876.
Para ello se recurre a fuentes de primera mano, tales como el mensaje que el Poder Ejecutivo Nacional dirigiera al Congreso el 25 de agosto de 1875 proponiendo el tendido de líneas telegráficas hacia las comandancias de frontera, entre ellas, la de Fuerte General Paz; la legislación provincial y nacional sancionada en esos mismos meses, y los testimonios documentales reunidos sobre la inauguración del servicio en nuestra ciudad. Se suma, además, un dato poco difundido: a lo largo de las primeras seis décadas del siglo XX, 9 de Julio contó con cinco estaciones telegráficas simultáneas, reflejo de la densidad que alcanzó aquí la vida de las comunicaciones.
ORÍGENES DE LA TELEGRAFÍA ELÉCTRICA EN LA ARGENTINA
La historia del telégrafo eléctrico en estas tierras comienza con veinte años de retraso respecto de las primeras experiencias europeas y once años después de que los Estados Unidos inauguraran su primera línea pública. Fue en 1855, en la ciudad de Buenos Aires, cuando el técnico francés Adolphe Bertonnet, radicado en Montevideo, realizó con la colaboración del daguerrotipista italiano Luigi Bartoli, las primeras pruebas con el nuevo invento. La prensa de la época ya anticipaba el impacto de la novedad, destacando la posibilidad de “saber en Buenos Aires todo lo que interesa al comercio” y de que los gobiernos rioplatenses pudieran “trabarse en dimes y diretes” sin gasto de papel ni de diplomáticos.
La escasez de recursos postergó, sin embargo, la instalación de la primera línea pública hasta 1860. Se construyó entonces, en paralelo a las vías del Ferrocarril del Oeste, con equipos de la firma alemana “Siemens & Halske”, un tramo de veintiún kilómetros entre la Plaza Lavalle porteña y la localidad de Moreno.
Seis años más tarde, bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, se inauguró por licitación pública la primera línea internacional, entre Buenos Aires y Montevideo, concesionada por quince años a la “River Plate Telegraph Company”, con sede en Glasgow.
Fue, no obstante, Domingo Faustino Sarmiento quien imprimió al telégrafo su verdadero sentido de política de Estado. Convencido de que la Nación debía tejer una red que uniera Buenos Aires con las capitales de provincia y con los países limítrofes, creó en 1869 la Inspección General de Telégrafos, a cargo del inglés Carlos Burton, que fijó las primeras tarifas, adoptó el código Morse y fundó la Escuela de Telégrafos. Ese mismo año se inauguró la línea a Rosario; al siguiente, la que llegaba a Córdoba y, vía Santa Fe, a Paraná.
En 1871 se creó la Administración Central de los Telégrafos Nacionales, y al año siguiente se completó la línea transandina hasta Valparaíso.
Para 1873 la red cubría ya cuatro mil millas y ocupaba a ciento cincuenta empleados. El propio Sarmiento explicó el criterio rector de esa expansión: «El telégrafo es una forma de la correspondencia epistolar cuya transmisión es función nacional […] El Gobierno ha rechazado […] nuevas solicitudes de concesiones de líneas de telégrafos en las Provincias, temeroso de crear intereses contra su posible rescate para la unificación de las redes telegráficas».
Esa concepción, el telégrafo como servicio público, subvencionado por el Estado y bajo jurisdicción del Ministerio del Interior, se plasmó normativamente el 7 de octubre de 1875, ya bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, con la sanción de la Ley de Telégrafos Nº 750 ½, que declaraba nacionales a los telégrafos interprovinciales, liberaba de derechos aduaneros a los materiales de instalación y obligaba a las empresas ferroviarias a ceder un hilo para uso del Gobierno Nacional.
Al año siguiente, 1876, la Administración Central de Telégrafos Nacionales se fusionó con la Dirección General de Correos, dando nacimiento a la Dirección General de Correos y Telégrafos, bajo cuya órbita la red se extendería, con el tiempo, desde La Quiaca hasta la Patagonia.
Este es, en sus grandes trazos, el contexto nacional en el que debe leerse la llegada del telégrafo eléctrico a 9 de Julio, un proyecto de Estado que, hacia mediados de la década de 1870, encontraba en la frontera con el indígena su frente de expansión más urgente.
LA FRONTERA Y LA PALABRA ELÉCTRICA. EL PROYECTO DE OCUPACIÓN Y LA RED TELEGRÁFICA MILITAR
Durante la década de 1870 el crecimiento de la red telegráfica argentina fue notable. De trescientos veintisiete kilómetros de hilos en 1870 se pasó a seis mil cuatrocientos ochenta y cinco diez años después.
Pero ese crecimiento coincidió, en su tramo final, con un giro estratégico decisivo: la subordinación del tendido de líneas a las necesidades de la ocupación militar de los territorios habitados hasta entonces por los indígenas.
A mediados de 1875, el ministro de Guerra, doctor Adolfo Alsina, elevó a la legislatura un mensaje en el que exponía su proyecto de ocupación de esas tierras, incluyendo entre sus requerimientos la extensión de las líneas telegráficas existentes, que hasta ese momento alcanzaban, según el testimonio recogido por Walter, “hasta Chivilcoy, por el Oeste; hasta Rojas, por el Norte; y en dirección a Bahía Blanca, hasta Las Flores”. La escasez de comunicaciones rápidas era, en efecto, un obstáculo mayúsculo para la defensa de la línea de frontera.
Ese mismo año, el 25 de agosto de 1875, el Poder Ejecutivo Nacional dirigió al Honorable Congreso un mensaje “adjuntando un Proyecto de Ley estableciendo líneas telegráficas en la frontera”, acompañado del plano y los presupuestos de tres líneas destinadas a unir Buenos Aires con las cinco comandancias de frontera de la provincia.
El texto no escatimaba en detalles sobre la gravedad del problema. Si en la comandancia en Sauce Corto, se advertía “un amago de invasión”, el parte debía viajar a caballo ciento ochenta kilómetros hasta la Blanca Grande, y de allí, para ser transmitido, otros ciento diez hasta el Azul y ciento quince más hasta Las Flores, un total de 405 kilómetros de galope antes de que la noticia llegara siquiera a una oficina telegráfica.
La situación de la frontera oeste, la que interesa de manera directa a esta reseña, no era menos crítica. El mensaje presidencial lo señalaba con precisión: “Al oeste de la frontera de Buenos Aires el telégrafo sólo alcanza a Chivilcoy, de manera que para trasmitir avisos a General Paz, comandancia de la frontera oeste, es preciso recorrer a caballo ciento cincuenta y cinco kilómetros, que es la distancia que separa á Chivilcoy del fuerte mencionado”.
Para remediarlo, el proyecto contemplaba tender una línea “de Chivilcoy á General Paz, con estaciones en Bragado y Nueve de Julio”, de ciento cincuenta y cinco kilómetros de extensión , cifra que, no por casualidad, coincide con la que hoy conocemos como el itinerario fundacional del telégrafo en nuestra ciudad.
El documento detallaba asimismo el criterio técnico y económico de la obra. Los materiales (alambres, aisladores, pilas y demás aparatos) se encargarían a Europa, y la construcción quedaría bajo la inspección directa del Estado, sin intermediación de contratistas particulares, “mucho más cuando hay aquí cuerpos de ingenieros al frente de las dos direcciones existentes”.
El costo estimado por kilómetro, según la experiencia ya acumulada en el país, oscilaba “de ciento noventa á doscientos pesos fuertes”. El conjunto de los setecientos setenta y un kilómetros proyectados (que incluían, además de la línea al Fuerte General Paz, las que unirían Las Flores con Bahía Blanca y Rojas con General Lavalle) representaría un desembolso cercano a los ciento cincuenta y cuatro mil pesos fuertes, aunque se solicitaba autorización para gastar hasta doscientos mil.
Entre las once estaciones previstas en el proyecto figuraban, explícitamente, Chivilcoy, Bragado, Nueve de Julio y General Paz.
El mensaje presidencial incluía también la dimensión formativa del proyecto. El Poder Ejecutivo había dispuesto establecer “una oficina de enseñanza en el Colegio Militar” para instruir a los cadetes en telegrafía eléctrica teórico-práctica, de modo que, llegado el momento, “el servicio de las líneas fronterizas, que es militar”, quedara “entregado […] á la competencia y a la lealtad de los mismos militares”. Fue precisamente el general Julio de Vedia, fundador de 9 de Julio, quien siendo director del Colegio Militar de la Nación bregó por la enseñanza de la telegrafía entre los cadetes de la institución como parte de la formación curricular.
El cierre del documento del presidente Avellaneda, que nos ocupa, resumía con vehemencia el sentido político de la empresa. El establecimiento de las líneas proyectadas era, según sus propias palabras, “la base de todo plan que se dirija a ocupar el desierto de una manera permanente, entregando a la civilización y a la riqueza zonas de campo rico y dilatadas”.
En los primeros días de octubre de 1875 el Congreso Nacional sancionó, en consonancia con ese proyecto, la Ley N.º 753, referida concretamente a los telégrafos entre Buenos Aires y las comandancias militares de la provincia y sus posibles ramificaciones, dando forma legal a la iniciativa que el propio Alsina había impulsado desde el Ministerio de Guerra.
LEY 1016 Y LA DUODÉCIMA LÍNEA: EL COMPROMISO PROVINCIAL CON 9 DE JULIO
Si el impulso y el marco general de la obra provinieron de la Nación, fue la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires la que asumió, en los hechos, la responsabilidad concreta de construir la línea que llegaría hasta nuestra ciudad.
El 23 de diciembre de 1875 sancionó la Ley N.º 1016, referida a la construcción de doce líneas telegráficas en el territorio bonaerense, entre las cuales la duodécima estaba destinada a unir Bragado con 9 de Julio. Para financiar el conjunto de esas obras, el gobierno provincial dispondría de hasta siete millones y medio de pesos, recursos que podía tomar “de los fondos depositados por cuenta del empréstito de 1870, debiendo devolver dichas sumas al depósito tan luego como para las obras del puerto fuese necesario”.
La empresa se llevó adelante “bajo la inmediata vigilancia del directorio del Ferrocarril del Oeste”, en un arreglo que reflejaba la estrecha asociación, ya señalada por la legislación nacional de aquellos años, entre el tendido de vías férreas y el de líneas telegráficas.
La obra, según se consignó entonces, permitiría “asegurar la comunicación de las fuerzas militares que se movilizaban sobre territorio del indio”, a la vez que acompañaba la formación de nuevos centros de población y de fortificaciones de línea.
Conviene detenerse en la magnitud real de lo que esa obra significaba para un pueblo como 9 de Julio hacia 1876. Sus características no diferían demasiado, por entonces, de las de aquellos caseríos de frontera donde los progresos científicos llegaban con cierta lentitud.
El Ferrocarril del Oeste culminaba su recorrido en Chivilcoy, de modo que el vínculo con el resto del país dependía todavía de las mensajerías y los servicios de galera. En ese contexto, la inauguración de la línea telegráfica constituyó, sin exageración, uno de los acontecimientos más benéficos de cuantos había conocido el siglo XIX en la comunidad, comparable únicamente, años más tarde, con la prolongación de la línea ferroviaria hasta la propia ciudad.
EL 30 DE JULIO DE 1876: LA INAUGURACIÓN DEL SERVICIO
La línea del telégrafo eléctrico, “como se llamaba entonces”, que el Ministerio de Guerra había ordenado construir por razones estrictamente militares, culminó su tendido y quedó conectada con el correspondiente transmisor y receptor el día 30 de julio de 1876, fecha en que se libró de inmediato al servicio público, “uniendo desde ese momento este rincón de la Provincia […] con el resto del orbe”, tal como lo afirmó Buenaventura N. Vita.
Las autoridades de la Corporación Municipal no dejaron pasar la ocasión. Aquel mismo día remitieron los primeros telegramas oficiales de la naciente estación, dando cuenta de la inauguración del servicio. Tres fueron sus destinatarios, cuidadosamente elegidos: el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Casares; el general Julio de Vedia, fundador de 9 de Julio y figura de relieve en el escenario militar de la época; y el presidente del directorio de la empresa encargada de la construcción de la línea.
El acontecimiento cobra su verdadera dimensión si se lo compara con la escala del servicio telegráfico en todo el país aquel mismo año: doscientos cincuenta y cuatro empleados estaban afectados a la red nacional, de los cuales dieciséis se desempeñaban en la dirección general, cuarenta y uno en Buenos Aires y ciento noventa y siete distribuidos en el interior. 9 de Julio se incorporaba, así, a una estructura todavía modesta en sus números, pero ya decidida en su vocación de alcance nacional.
EL SERVICIO: COSTOS, SACRIFICIOS Y EXPANSIÓN POSTERIOREl sostenimiento de este servicio, como el de correos, insumía al Estado un gasto considerable, particularmente en los pueblos de frontera. Una Memoria del Ministerio del Interior de 1880 explicaba con elocuencia la lógica que justificaba esa erogación: «En pueblos que empiezan a formarse, la institución del Correo y del Telégrafo nunca puede ser considerada como fuente de recursos. Se gasta cuanto es necesario para acercar a los hombres y vincularlos por medio de la más frecuente comunicación, no en vista de una renta inmediata sino como el medio de llegar a una época más o menos próxima a un estado de civilización y de progreso que compensen aquellos sacrificios». Esas palabras, escritas apenas cuatro años después de la inauguración de la estación local, resumen con precisión el espíritu que animó la empresa: un gasto concebido no como negocio, sino como inversión en el porvenir.
La confirmación de que 9 de Julio no era, para el Estado, un punto terminal sino un nudo destinado a crecer llegó a mediados de 1881, cuando una nueva ley provincial autorizó la construcción de otras cuatro líneas telegráficas. Entre ellas se contemplaba prolongar los hilos, “tan luego como los recursos públicos” lo permitieran, desde 9 de Julio hasta San Carlos de Bolívar, extendiendo hacia el sudoeste la red que apenas cinco años antes había llegado, por primera vez, a nuestra ciudad.
CINCO ESTACIONES PARA UN SIGLO. LA MULTIPLICACIÓN TELEGRÁFICA EN 9 DE JULIO
La estación inaugurada el 30 de julio de 1876 fue apenas la primera de una serie que, a lo largo de las primeras seis décadas del siglo XX, llegó a sumar cinco estaciones telegráficas en la ciudad, reflejo de la creciente densidad de las comunicaciones locales y de la superposición de jurisdicciones que caracterizó al desarrollo de la telegrafía argentina.
Funcionaron entonces, en 9 de Julio, el Telégrafo de la Provincia de Buenos Aires, heredero directo de aquella primera línea construida al amparo de la Ley 1016; el Telégrafo Nacional, dependiente de la Dirección de Correos y Telégrafos (el llamado telégrafo del Correo); la estación del Ferrocarril del Oeste, expresión de aquella obligación legal que desde 1875 exigía a las empresas ferroviarias reservar un hilo para el servicio público; la de la Compañía General Buenos Aires y la del Ferrocarril Provincial, con su estación en Villa Fournier, conocida entre los vecinos como “El Provincial”.
Esa multiplicidad de estaciones constituye, en sí misma, un testimonio elocuente de cuánto había crecido 9 de Julio desde aquel 30 de julio de 1876 en que un solo hilo, tendido entre postes de frontera, la sacó del aislamiento.
Esas cinco estaciones –sin contar las que existieron en cada una de las estaciones ferroviarias ubicadas en las localidades y parajes del interior del Partido de 9 de Julio- constituyeron, en conjunto, la columna vertebral de la comunicación nuevejuliense durante buena parte del siglo XX. Por sus redes no solo circulaban las disposiciones de la administración pública y los movimientos de las empresas privadas, sino también la trama más íntima de la vida cotidiana de miles de familias de la ciudad. El telegrama que anunciaba un casamiento, el que comunicaba un nacimiento y el que, con la brevedad que imponía el formato, debía dar cuenta de un deceso, formaban parte de los mensajes transmitidos.
A la vez, ese entramado de estaciones resultó decisivo para las transacciones financieras y económicas y sirvió de soporte indispensable para el despliegue de las más diversas acciones sociales, culturales y políticas de la comunidad.
PALABRAS FINALES
Ciento cincuenta años después, resulta difícil imaginar la magnitud del cambio que aquel 30 de julio de 1876 introdujo en la vida cotidiana de 9 de Julio. Antes de esa fecha, una noticia urgente debía viajar al paso de un caballo, expuesta a los mismos riesgos que amenazaban a la incipiente población de frontera.
Después de ella, la palabra pudo recorrer, en cuestión de minutos, la distancia que separaba a la ciudad de Buenos Aires, del gobierno provincial, de la autoridad central militar y, a través de esas conexiones, del resto del mundo. El telégrafo no fue, como bien lo entendieron sus impulsores, un mero adelanto técnico. Por el contrario, fue el instrumento con el que el Estado nacional y provincial intentaron tejer, hilo a hilo, la trama de una civilización que hasta entonces solo existía como proyecto sobre el papel.
Los mismos hombres que redactaron los mensajes de agosto de 1875 al Congreso Nacional, hablando de “civilización”, de “riqueza” y de “progreso”, sabían que estaban fundando, junto con las líneas telegráficas, una nueva relación entre el centro y la periferia del país.
9 de Julio, que había sido sede de una comandancia de una frontera que dejaba de serlo, fue uno de los puntos donde esa relación se hizo, literalmente, palabra eléctrica. Recordar esta fecha es, también, reconocer el modo en que la historia de nuestra ciudad se entrelaza, siempre, con la historia de la Nación.
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