Por Héctor José Iaconis.
Hay años que, leídos desde la distancia del siglo, adquieren una densidad particular. Tal como lo hemos dicho ya, en esa misma página, en otros sentidos, al año 1926 fue también, en la historia del servicio eléctrico de 9 de Julio, uno de esos momentos en que la inercia cede ante la acción. El vecindario, harto de tarifas abusivas y de un servicio deficiente, halló en sus representantes comunales y en la prensa un instrumento eficaz para enfrentarse, por primera vez de modo sistemático, al poder monopólico de una empresa privada.
Hacía más de una década que la Empresa Eléctrica “9 de Julio”, sociedad anónima inscripta en Buenos Aires y ligada al llamado “Grupo Herlitzka”, explotaba el servicio de energía eléctrica en la ciudad mediante una concesión otorgada el 4 de junio de 1913. Los términos de ese contrato lacunosos, cuando no deliberadamente elásticos, habían dejado a los consumidores en una situación de manifiesta indefensión.
Sin fiscalización efectiva de los medidores, sin límites precisos a la tensión suministrada y con cláusulas que la empresa interpretaba siempre en su favor. Sobre ese suelo fértil medró, durante años, una conducta que combinaba la negligencia técnica con el usufructo irrestricto.
El centenario de aquel año invita a reconsiderar lo que entonces ocurrió: no como una curiosidad archivística, sino como el primer episodio orgánico en la larga lucha que culminaría, décadas después, en la creación de la Usina Eléctrica Popular “Mariano Moreno”, hoy Cooperativa Eléctrica y de Servicios.
El contexto: un servicio viciado desde el origen
Para comprender cabalmente los sucesos de 1926, es preciso remontarse brevemente a la génesis del problema. La concesión de 1913 fue el resultado de un proceso tortuoso que atravesó intentos fallidos de licitación, tratos abortados con empresas inglesas y alemanas, y una inacabable sucesión de demoras administrativas. Finalmente, la Municipalidad de 9 de Julio acordó con la firma A. Parcus & Cía. la construcción de una usina equipada con motores Diesel de procedencia alemana , fabricados en Görlitz, y generadores Siemens. El edificio, levantado en la esquina de las calles Jujuy (hoy Tomás Edison) y Río Negro (hoy avenida Cardenal Pironio), era considerado entonces una obra de primer orden para la escala de la ciudad.
Pero la arquitectura y la ingeniería, por más sólidas que fueran, no podían subsanar los vicios contractuales. Un agente fiscalizador de la Provincia lo advirtió con precisión lapidaria: “En la concesión del 4 de junio de 1913, que consta de 31 artículos, no hay uno solo de ellos que contemple la pérdida máxima de tensión en las redes ni la fiscalización municipal de los medidores, base fundamental para que la tarifa sea cierta, justa, equitativa y razonable”. Era, en suma, un contrato hecho a la medida del concesionario.
A lo largo de los años siguientes, la Empresa pasó por sucesivas manos societarias, siempre dentro de la órbita del ingeniero Mauro Herlitzka, cuyo grupo había conseguido dominar, de manera casi absoluta, el mercado eléctrico del interior bonaerense. La concentración del servicio en pocas manos, sin mecanismos reales de control municipal, fue configurando lo que la prensa local ya denominaba, sin ambages, el “trust eléctrico”. Una denominación que respondía a una realidad orgánica de monopolio con tarifas discrecionales y calidad de servicio fluctuante.
1926: un concejo deliberante con voluntad de acción
Desde el 27 de diciembre de 1925 ocupaba la intendencia municipal Florentino Valenzuela, hombre del radicalismo y vecino de reconocida probidad. Su administración, y la de su sucesor Ramón N. Poratti (la primera gestión, la segunda fue diferente), que lo continuó en el cargo, se caracterizó por una disposición activa hacia la mejora de los servicios públicos, apoyada en un bloque deliberativo que incluía figuras como Miguel B. Navello. Este, además de concejal, dirigía el periódico “El Liberal”, lo que dotó al movimiento de una tribuna pública de incuestionable influencia.
La primera medida del nuevo Concejo resultó tan directa como reveladora, dejar sin efecto la “tarifa de consumo mínimo”, convenida seis años antes con la Empresa. La ordenanza respectiva era terminante en su formulación: “Habiéndose –decía- comprobado que la Empresa Eléctrica local cobra a sus abonados indebidamente una tarifa de consumo mínimo, el D.E. procederá a los efectos de suspender su aplicación y dejando a salvo los intereses de los consumidores”. El segundo artículo iba aún más lejos, pues declaraba caduca la concesión otorgada para esa tarifa el 16 de enero de 1922.
La empresa, sin embargo, no se apresuró a devolver lo cobrado en demasía. Un periódico de orientación conservadora lo consignó con indignación contenida: “Al no efectuar la devolución de lo cobrado demás por el absurdo derecho del consumo mínimo de fuerza motriz, no cumple con lo acordado por nuestras autoridades, y se burla de la confianza del vecindario”. La “válvula de escape” era, como de costumbre, la remisión al proceso judicial: quien quisiera recuperar lo pagado en exceso debería litigar. Y muy pocos lo harían.
La denuncia periodística y la comisión investigadora
El 15 de mayo de 1926, el periódico “El Liberal” publicó una nota con cargos precisos contra la Empresa Eléctrica “9 de Julio”. Al día siguiente, los concejales socialistas Roque Rumi y Miguel B. Navello formalizaron ante el Concejo Deliberante una denuncia de idéntico tenor. El hecho tenía una significación que trascendía lo anecdótico, pues era la primera vez que –sobre el tema del “problema eléctrico”- un bloque político articulaba, de manera coordinada con la prensa, una acusación documentada contra la concesionaria.
La consecuencia inmediata fue la constitución de una comisión investigadora, integrada por los concejales Adobato, Navello y Rumi, cuyo mandato era examinar el grado de cumplimiento del contrato de concesión y de los convenios posteriores. La comisión comenzó sus trabajos en junio y los prolongó hasta septiembre aproximadamente.
Entre sus primeras diligencias, los comisionados solicitaron al gerente local de la Empresa, Sigmond Kulberg, un informe sobre las denuncias formuladas, así como una de las lámparas entonces en uso en el alumbrado público. Gesto aparentemente menor, el requerimiento de la lámpara era en realidad un acto de inteligencia técnica, ya que permitiría comparar el poder lumínico real con el consignado en el contrato. El 12 de junio consiguieron la visita del ingeniero Vergottini, de la Dirección de Ferrocarriles del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, quien inició una inspección técnica de la usina local. La visita quedó registrada con pormenores en las actas de la comisión.
una modificación sustancial
El trabajo de los concejales rindió frutos en el otoño del mismo año. El 31 de octubre de 1926, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que modificaba el artículo décimo del contrato de concesión y derogaba el tercero. En términos prácticos, se fijaba la cantidad y calidad de las luminarias que debía alcanzar el alumbrado público: 190 lámparas incandescentes de 300 watts, más 45 de 200, en reemplazo del vetusto sistema de arco voltaico.
El cambio tecnológico no era baladí. El arco voltaico era una tecnología que, para mediados de la década de 1920, se encontraba en franca retirada en favor de la lámpara de filamento metálico incandescente, cuya distribución era más uniforme y su mantenimiento más sencillo. La transición importaba, sin embargo, una elevación del precio del kilovatio. Según cálculos de la época realizados por el técnico Alfredo de Tommaso, la tarifa resultante ascendía a 0,2515 pesos por KWH, aproximadamente un 23,6% más que en el antiguo sistema. El incremento era el precio de la modernización pero también un argumento que la empresa supo utilizar en su favor.
El 15 de noviembre, reunido en Buenos Aires, el directorio de la Empresa, integrado por Arnaldo Maione, Luis J. Sidler, Ramón Abella, Francisco Colmeiro y Adolfo G. Vispo como directores titulares, aprobó las modificaciones. Al mismo tiempo, instruyó a Kulberg para suscribir la escritura pertinente. La ciudad había logrado, finalmente, que la concesionaria admitiera formalmente cambios en un contrato que, hasta entonces, parecía inamovible.
La Oficina Electrotécnica, un instrumento de control
Simultáneamente con las acciones sobre las tarifas, la administración de Valenzuela impulsó la creación de la Oficina Electrotécnica Municipal, concebida para “vigilar y controlar el servicio de alumbrado público para que se realice de acuerdo con el contrato establecido con la Empresa de Electricidad local”. La repartición fue habilitada al servicio el 9 de febrero de 1927 y constituyó un avance institucional de primera magnitud. A partir de entonces, el municipio contaba con un órgano especializado, con medición continua de tensión y registro sistemático de las prestaciones.
Un informe redactado por el técnico de la Oficina hacia julio de 1927, en respuesta a consultas del Concejo, reveló la magnitud de los abusos que hasta entonces habían pasado inadvertidos o habían sido tolerados por omisión. La Empresa cobraba un canon por el traslado de medidores, sin autorización contractual alguna. En cuanto al control de tensión, se registraban oscilaciones que en ciertos momentos descendían por debajo de los 220 voltios estipulados. Y la empresa había estado cobrando a los abonados el costo de las líneas que cruzaban las calles, quedando estas de su propiedad, sin ninguna disposición que lo habilitara.
El propio técnico municipal dejó constancia de un hecho revelador. En los cinco meses de funcionamiento de la Oficina, no había llegado ni una sola queja del vecindario. “Con la colaboración del vecindario -escribió- la labor del control podría hacerse más eficaz”. La pasividad de los usuarios era, en sí misma, una consecuencia del largo sometimiento al que el sistema monopólico los había habituado.
la “trustificación” y sus ramificaciones
Las acciones de 1926 no pueden leerse cabalmente sin considerar el marco estructural en que se inscribían. El “Grupo Herlitzka”, del cual la Empresa Eléctrica “9 de Julio” era una pieza más, había expandido su dominio sobre el interior bonaerense de manera sistemática. Es indudable que había aprovechando la debilidad contractual de los municipios y la escasa regulación provincial.
En septiembre de 1927, Herlitzka lograría incluso un convenio con el Poder Ejecutivo de la Provincia, que le concedía el uso de todos los caminos públicos de jurisdicción provincial para sus instalaciones.
Hacia finales de 1929, ese grupo cedería todas sus usinas al consorcio norteamericano “Electric Bond and Share Company”, ligado a la “General Electric” y a la banca Morgan. La Compañía de Electricidad del Sud Argentino, una de las cinco sociedades anónimas constituidas por ese consorcio en el país, recibiría en 1932 la transferencia de la usina de 9 de Julio. El servicio público ingresaba así, definitivamente, en el espectro monopólico de los “trust eléctricos”.
En ese trayecto, las medidas de 1926 representaron uno de los primeros ejercicios colectivos de resistencia institucional ante una estructura de poder que, de no haberse cuestionado a tiempo, habría consolidado su hegemonía sin encontrar obstáculo alguno. EL 9 DE JULIO y “El Liberal” primero, luego “El Gráfico” y el periódico “La Fe” (fundado expresamente para hacer frente a los “abusos del trust”) serían otras expresiones de esa misma voluntad.
Palabras finales. Lo que el centenario nos dice
Cien años después, los sucesos de 1926 ofrecen una lección que excede la historia local. Aquellos concejales demostraron que la fiscalización del poder concesionario es una obligación republicana elemental; que un contrato mal hecho puede, con voluntad política, ser corregido y que la prensa cumple una función irremplazable cuando se pone al servicio del bien colectivo.
La Usina Eléctrica Popular “Mariano Moreno”, constituida en 1930, no nació de la nada. Sus raíces más profundas están en ese año de 1926, en aquel Concejo Deliberante que se negó a mirar hacia otro lado y en los vecinos que, aunque con la parsimonia propia de quienes han aprendido a desconfiar, comenzaron a imaginar que otra forma de gestión era posible.
El servicio eléctrico cooperativo es hoy, para quienes habitan 9 de Julio, una realidad tan cotidiana que raramente se detienen a pensar en quién lo garantiza ni a qué precio histórico fue conquistado. Este centenario es, entre otras cosas, una invitación a recordarlo.
Fuentes y bibliografía
[Estas fuentes se citan tal cual como fueron consultadas en los meses de febrero-mayo de 2002, con las signaturas que poseía entonces. Puede que en la actualidad haya variado su ubicación topográfica, en virtud del traslado posterior del Archivo de Gestión Municipal].
Archivo de la Asesoría Legal y Técnica. Municipalidad de 9 de Julio. (1922, 1926). Ordenanzas municipales. 9 de Julio.
Archivo de Gestión de la Municipalidad de 9 de Julio (en adelante, A.G.M.). (1925-1926). Actas del Concejo Deliberante. 9 de Julio.
A.G.M. (1926, junio-septiembre). Actas de la Comisión Investigadora de la Empresa Eléctrica. 9 de Julio.
A.G.M.. (1927). Informes de la Oficina Electrotécnica Municipal. 9 de Julio, Buenos Aires, Argentina.
Catalá, L. F. (Notario). (1926, 9 de diciembre). Escritura nº 224: Acta constitutiva de la Empresa Eléctrica 9 de Julio S.A. Registro Notarial, 9 de Julio, Buenos Aires.
De Tommaso, A. (1946). Estudio integral de la prestación del servicio de electricidad en 9 de Julio. 9 de Julio.
El 9 de Julio [Periódico]. (1926). 9 de Julio.
El Liberal [Periódico]. (1926). 9 de Julio.
Iaconis, H. J. (2016). La energía eléctrica en la historia de 9 de Julio: Una trama de conflictos y armonías, 1892-1929 (Obra original publicada en 2006; Primer Premio, Concurso de Monografías “El Desarrollo Energético en la Provincia de Buenos Aires y su Impacto Social”, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Doctor Ricardo Levene” y Dirección Provincial de Energía, 2002).
Muñoz, E. J. (1951). Informe sobre condiciones generales en que se realizan los servicios de energía eléctrica en la ciudad de 9 de Julio. 9 de Julio.
Rinaldi, P. D. (ca. 1988). U.E.P. Memorias. 9 de Julio.
