La Cámara de Diputados giró hoy al Senado el proyecto de legalización del aborto, tras una sesión que concluyó con su aprobación por 129 a 125 votos y luego de concluir la discusión en particular de la iniciativa, donde se incluyó la creación de una comisión bicameral que controlará el funcionamiento de esta ley, si finalmente es aprobada por la Cámara Alta.

De esta manera, el proyecto pasará al Senado que tendrá que decidir si lo convierte finalmente en ley. El debate se extendió por 23 horas y fue acompañado afuera por cientos de manifestantes.

Los principales puntos del proyecto son los siguientes:

– La ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo hasta la semana 14.

– Se dispone que esta ley será de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina
– Se incorpora la objeción de conciencia para aquellos profesionales que lo manifiesten previamente a integrarse a la institución médica, pero esta concesión no podrá ser ejercida por la entidad sanitaria.

– Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción.

– El dictamen fija que cumplido el plazo de 14 semanas solo podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo:
a) En caso de que el embarazo fuera producto de violación, con el solo requerimiento de la declaración jurada de la mujer.

b) Si hay riesgo la vida o la salud la mujer o persona gestante.

c) Si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

– Previo a la realización de la interrupción del embarazo se requerirá el consentimiento escrito.

– En el caso de las adolescentes menores a 16 años se aplicará lo establecido en el artículo 26 del Código Civil, que habilita solo a realizar tratamientos «no invasivos» sin el acompañamiento de un adulto.

– La mujer podrá acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento.

– El establecimiento de salud deberá garantizar a las mujeres información adecuada y atención previo a la interrupción de la gestión de carácter médico, social y psicológica.

– La práctica médica del aborto se deberá realizar en los hospitales públicos, las obras sociales sindicales, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y de la justicia, el PAMI y las prepagas.

– El Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de establecer políticas activas para la prevención de embarazos no deseados y fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población.

– Se crea un registro de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria del embarazo, cuyos datos deberán ser de estricta confidencialidad.

– En ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer.

– El dictamen sustituye el artículo 85 del Código Penal para que solo se puedan aplicar penas de prisión de 3 a 10 años al que practique un aborto sin el consentimiento de la mujer. La pena se eleva a 15 años si ocurre su fallecimiento.

– Se aplicará con prisión de seis a dos años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud o profesional que dilate u obstaculice un aborto legalmente autorizado.

– Establece que se aplicará prisión de 3 a un año a la mujer que causara su propia aborto o consienta que algún se lo realice a partir de la semana 15. (DIB)

Inspectores del Centro Regional Buenos Aires Norte inspeccionan los frigoríficos productores de alimentos de origen animal para asegurar que el alimento que sale del país y el que llega a la mesa de todos los argentinos sea sano, inocuo y de calidad.

Para que la carne (y sus derivados) no represente riesgos para la salud humana, los frigoríficos faenadores e industrializadores –tanto para el consumo interno como con destino de exportación– deben cumplir con una serie de requisitos sanitarios y normativos específicos, por lo que resulta indispensable comprobar su cumplimiento, diaria y mensualmente.

De este modo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) realiza el control en cada uno de estos establecimientos que trabajan con productos, subproductos y derivados de origen animal, monitoreando e inspeccionando sus diferentes etapas de elaboración. Estas inspecciones, realizadas por profesionales del Senasa, son las que permiten evaluar el cumplimiento, por parte de la empresa, de las diferentes exigencias propuestas por la normativa sanitaria vigente en lo que respecta tanto a la producción para exportación como la destinada a consumo interno.

Es así que al control diario de plantas frigoríficas, jefes de inspección veterinaria, pertenecientes a la Coordinación de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Centro Regional Buenos Aires Norte, sumaron una segunda etapa de inspección y realizaron, durante los primeros 5 meses del 2018, un total de 400 visitas de supervisión a sus 150 establecimientos, entre transformadores –para el consumo humano–, exportadores y faenadores (ciclo I), industrializadores de productos cárnicos (ciclo II) y dadores de frío (ciclo III).

Es así que el Senasa trabaja en diferentes estrategias de prevención y etapas de control sanitario para que la carne que llega al plato del consumidor sea segura.

Es importante resaltar que a los controles en frigoríficos, se suman otros mecanismos de vigilancia, como son las inspecciones y monitoreos en los campos (controlando el estado sanitario de los animales vivos) y los controles integrados a trasportes en ruta, es decir, se controlan cada uno de los eslabones que integran la cadena de producción agroalimentaria con el objetivo primordial de preservar la inocuidad de todo producto de origen animal.

El 38% de las muertes por accidentes de tránsito en el país, que el año pasado totalizaron 5.420, involucran a motociclistas que, de acuerdo a datos oficiales, sólo en un 65% de los casos usan casco.
Según reveló un estudio presentado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con motivo del Día de la Seguridad Vial, el año pasado hubo 5.420 víctimas fatales por accidentes de tránsito, un 3% menos que en 2016, cuando fallecieron 5.582 personas. De ese total, el 38% de los accidentados circulaba en motos, el 32% en automóviles, el 11% fueron peatones, mientras que el 3%, involucró a personas que circulaban en bicis.
De acuerdo a datos publicados por la OMS en el período 2009-2013, en Argentina solo usan el casco 65% de los conductores, muy por debajo de otros países como Chile (99%), Perú (98%), Colombia (91%) y Uruguay (85%).
Del informe del ANSV se desprende que el 24% de los accidentes sucedieron en Buenos Aires, donde el año pasado fallecieron 1.302 personas. La siguen Córdoba (504 muertes), Santa Fe (406 muertes) y Mendoza (333 muertes).