Desde el gobierno de la provincia se activó un plan de contingencia que incluyó a todas las áreas del Gobierno para ejecutar de forma coordinada e inmediata una serie de medidas de urgencia con el fin de otorgar distintos apoyos, subsidios y beneficios a los afectados.

Se cumple hoy un mes desde que Bahía Blanca atravesó uno de los fenómenos meteorológicos más dramáticos: en solo cuatros horas cayeron más de 300 milímetros de lluvia. Toda la ciudad se vio afectada por las inundaciones: viviendas, comercios y automóviles arrastrados por las correntadas. Más de 300.000 personas sufrieron daños, 17 muertes fueron reportadas (hay una niña desaparecida) y más de 1.400 personas desplazadas de sus viviendas. Nunca en la historia de la ciudad se vivió una situación semejante.

Por un lado, la reacción inmediata fue la empatía desde diferentes sectores de la sociedad que iniciaron campañas solidarias para acompañar y asistir a todos los damnificados. En tanto, desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires se activó un plan de contingencia que incluyó a todas las áreas del Gobierno para ejecutar de forma coordinada e inmediata una serie de medidas de urgencia con el fin de otorgar distintos apoyos, subsidios y beneficios a los afectados. Avanzar lo antes posible en la reactivación de la ciudad de Bahía Blanca con una inversión de $ 273.000 millones.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos realizó una inversión extraordinaria por $ 192.000 millones para poner en marcha el Plan de Reconstrucción Integral (primera etapa) que incluye: obra de reconstrucción del canal Maldonado; reparación de los puentes sobre el canal Maldonado y de infraestructura urbana con la creación de un fondo especial por $ 75.000 millones.

En materia de Salud, se realizó una inversión de $ 22.000 millones para reparar y poner en funcionamiento en su totalidad al Hospital Penna. Se pusieron a disposición más de 200 agentes sanitarios, equipamiento, ambulancias, medicamentos, vacunas y personal especializado en salud mental para recuperar el total funcionamiento del hospital.

En la emergencia, se aplicó un plan de contingencia en la ciudad con el envío de tres unidades sanitarias móviles, una unidad de terapia intensiva móvil, nueve ambulancias, seis móviles 4×4, tres unidades sanitarias móviles, un helicóptero y un avión para concretar traslados y derivaciones. Se sumaron equipos de emergencias del SIES, Salud a la obra, Salud comunitaria, Región Sanitaria I junto a autoridades, trabajadores y trabajadoras. Se entregaron medicamentos, vacunas y botiquines esenciales para la atención de enfermedades crónicas y agudas que incluyeron: 513.884 comprimidos de medicamentos enviados al Hospital Penna; 14.883 dosis de vacunas; más de 63 mil unidades de insumos descartables y no renovables y 21.213 unidades de medicamentos enviados para abordajes territoriales.

Además, Bahía Blanca recibió diez nuevas ambulancias que pasarán a integrar la flota de los hospitales municipal y provincial. Se envió el Tren Sanitario con vagones preparados para atención primaria, vacunación y acompañamiento. El mismo cuenta con un equipo interdisciplinario que incluye enfermeras, vacunadoras, médicos y médicas, promotores de salud y personal administrativo y de logística. El Plan “Cuidar a los que cuidan” envió un equipo de salud mental con profesionales de distintos hospitales provinciales, para acompañar a los trabajadores de la salud durante el proceso de reapertura del hospital.

También se implementó un sistema de telemedicina las 24 horas, gratuito, para que vecinos y vecinas puedan hacer atención de guardia, consultas con profesionales y confección de recetas médicas a través del sitio web https://www.gba.gob.ar/saludprovincia. Junto al equipo Prosamic y al municipio, se desarrolló un acompañamiento en los centros de evacuados y el hospital, entre otros espacios, de atención de la salud mental en incidentes críticos.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad puso a disposición insumos y materiales para la construcción, y acompañamiento para el mejoramiento habitacional, a través de una inversión de $ 5.600 millones. Activó de forma urgente la Mesa de Respuesta Comunitaria en la Emergencia, que realizó tareas de asistencia en los centros de evacuados. Al mismo tiempo, se trabajó en la zona con un equipo de 69 personas integrado por socorristas, enfermeros, bomberos y psicólogos.

Más de 400 voluntarios de toda la provincia participaron en tareas de limpieza, distribución de agua potable, ropa, elementos de primera necesidad y asistencia en los barrios afectados. Además, se enviaron 137 camiones con 303.000 kilos de alimentos secos, 46.781 colchones, 22.750 frazadas, 15.000 kit de limpieza, 19.832 pañales, 2.592 repelentes, 25.092 bidones.

De igual manera, se enviaron cuatro camionetas 4×4, un micro doble piso, dos lanchas para evacuación, cuatro kayaks, una cocina móvil (300 raciones por turno), un consultorio móvil, cuatro carpas de atención primaria de salud, un puesto de comando de terreno y una central de comunicaciones. Por otro lado, se duplicaron los módulos del programa MESA para los meses de marzo y abril. El aumento implica una inversión de $ 725.891.960 por mes para garantizar el acceso a la alimentación de los 24.092 estudiantes y sus familias. Por su parte, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) trabajó en pavimento, desagües, alumbrado público y equipamiento, destinando $8.000 millones.

Línea de subsidios no reembolsables
La Provincia puso en marcha una línea de subsidios no reembolsables para hogares de menores ingresos afectados por la inundación y destinada a 35 mil hogares por un monto de $ 800 mil por hogar. De igual forma, el Banco Provincia activó líneas de crédito blando destinadas a familias, empresas, comercios, pymes y microemprendimientos con tasa subsidiada y doce meses de gracia. Los montos ascienden hasta $ 10 millones para familias y hasta $ 40 millones para empresas. A su vez, ofreció préstamos para financiar la reparación en hogares y/o comercios y la adquisición de capital de trabajo para los comercios y empresas con una tasa especial del 28% anual y doce meses de gracia para el pago de capital.

Además, se desarrolló una línea de crédito junto al Ministerio de Producción por un total de $ 2.500 millones destinado a empresas y comercios y una línea de fenómenos meteorológicos para microemprendedores, con al menos seis meses de antigüedad, con una tasa anual del 28% y 48 meses de plazo. Durante la emergencia, se montaron tres unidades móviles con dos cajeros automáticos cada una para reforzar el acceso a dinero en efectivo en puntos estratégicos.

En cuanto al Ministerio de Educación, distribuyó más de 10.000 kits escolares y 20.000 guardapolvos. Envió mobiliario para reemplazar el dañado por la inundación y destinó 10.000 millones adicionales para la reconstrucción de los edificios educativos dañados.

Seguridad dispuso de inmediato a 800 efectivos policiales, 205 móviles, 46 medios acuáticos y 5 aéreos. Se enviaron grúas, palas mecánicas, grupos electrógenos, torres de iluminación y elementos de comunicación. Se entregaron 20 patrulleros para la flota de la Policía en la ciudad y se trasladaron a 313 bomberos voluntarios provenientes de las federaciones “Centro-Sur”, “Provincia de Buenos Aires” y “Bonaerense”. Por su parte, se firmó la implementación del Fondo Municipal del Fortalecimiento de la Seguridad para la compra de más patrulleros y equipamiento.

Acciones con organismos internacionales

El Gobierno de la Provincia impulsó acciones con organismos internacionales de crédito: con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para destinar US$ 40 millones del financiamiento vigente para la reconstrucción de la infraestructura educativa, sanitaria, hídrica y vial afectada. De igual forma, se trabaja con el BID y el Banco Mundial para financiar, con programas vigentes, otras medidas impulsadas

“Ninguna medida es suficiente para contener el dolor de una ciudad y su población arrasada de forma imprevista por un fenómeno meteorológico como el que vivió Bahía Blanca hace apenas un mes. De todas formas, su reconstrucción es posible. Está en marcha a través de estas acciones, medidas y políticas que reflejan la decisión de un Estado provincial presente, junto a quienes más lo necesitan”, consignan desde Gobernación.

Más acciones

El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana brindó asistencia en limpieza, desinfección y acondicionamiento de instituciones y establecimientos educativos. Entrega de agua potable, alimentos secos y deshidratados, mediante el programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición Adecuada (SANA): 24,7 toneladas de alimentos

ABSA destinó $ 200 millones al plan de asistencia especial: 60 trabajadores, camionetas 4×4 y utilitarios equipados para fortalecer los trabajos en el territorio. Entregó 100.000 litros de lavandina, 20 camiones cisternas de 10.000 litros, 3 de 30.000 y 21 tanques de agua colocados, 8 camiones desobstructores, bombas de achique con motobomba, 15 bombas sumergibles y otros elementos para drenar subsuelos y cocheras subterráneas.

Respecto del Ministerio de Transporte, por 30 días corridos la Provincia asume el cargo del boleto del transporte público. Envió personal y 28 vehículos de seguridad vial y de fiscalización.

El Ministerio de Desarrollo Agrario entregó semillas y materiales para la reconstrucción de invernáculos (nylon y postes de maderas) a productores hortícolas. Acompañamiento técnico veterinario y aportará material genético para un nuevo ciclo reproductivo. A través del Fondo Agrario se dispuso de una línea de financiamiento de hasta $ 20 millones.

El Ministerio de Ambiente coordinó con el municipio la recolección de residuos voluminosos y áridos y de residuos especiales. Se enviaron quince camiones, dos autoelevadores, una excavadora oruga, una minicargadora, una pala cargadora frontal, dos retroexcavadoras, seis contenedores basculantes, 100 palas anchas, 20 palas de punta, 50 carretillas y bolsones Big Bag para fortalecer el servicio de recolección de residuos.

El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano suspendió el pago de las cuotas de las viviendas del IVBA y del programa Buenos Aires CREA.

El Ministerio de Gobierno implementó conectividad en la ciudad y se enviaron 21 kits satelitales para garantizar acceso a Internet en distintos puntos del distrito junto a seis generadores de energía.

El Ministerio de las Mujeres y Diversidad entregó productos de gestión menstrual, toallitas femeninas, toallitas húmedas y algodón, y envió ropa interior para niñas, jóvenes y adultas.

A su vez, la Jefatura de Asesores, a través del Registro Provincial de las Personas, dispuso de operativos documentarios gratuitos. Hasta el 28 de marzo se implementaron doce operativos barriales en los que se realizaron 3.907 trámites. Otros 1.400 trámites se concretaron en las distintas delegaciones del Registro.

Por último, el Registro de la Propiedad eximió por 180 días el pago de tasas provinciales al recupero de escrituras públicas de inmuebles que se perdieron en las inundaciones. (DIB) GML

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) advirtió sobre la necesidad imperiosa de que el estado nacional y el provincial trabajen en conjunto para definir un plan de administración y gestión de la infraestructura que genere las cada vez más necesarias obras de mantenimiento y ampliación de la red existente de caminos tanto rurales como urbanos, canales, conductos y tuberías que permiten la evacuación de los excedentes pluviales de manera acorde al régimen de lluvias actuales, de generación, transporte y distribución de energía, junto con las necesarias de saneamiento y tratamiento de aguas tanto residuales como de consumo.

Desde la entidad colegial recordaron que el 27 de enero del corriente año expresaron su preocupación ante la paralización y falta de continuidad en las obras públicas en todo el ámbito nacional, pero especialmente en territorio bonaerense. A través de un comunicado, destacaron el impacto negativo que esta situación genera en la actividad económica y el desarrollo estructural del país.

“La tormenta del pasado 07 de marzo sobre la ciudad de Bahía Blanca y zonas aledañas debe recordarles a las administraciones que gestionan el Estado, tanto nacional como provincial y municipal, la imperiosa necesidad de accionar sin demora en el sentido solicitado por nuestro Colegio de Ingenieros, ya que la misma puso de manifiesto la fragilidad de la infraestructura que hace habitables nuestras ciudades y permite que la cadena productiva genere bienes consumibles y exportables que nuestra economía necesita para crecer”, indicaron desde el CIPBA

Los Ingenieros manifestaron nuevamente que esta falta de un régimen Nacional que permita la materialización de inversiones, públicas, mixtas y/o privadas en el sector debe ser solucionada a la mayor brevedad para abordar el estudio y la solución de estas problemáticas de manera integral y estructural generando entonces un proceso virtuoso de mejora continua, rompiendo el círculo vicioso en el cual nos encontramos actualmente.

Aunque el gobierno provincial ha logrado sostener algunas obras en marcha, este programa se ve afectado por la ausencia de un esquema de financiamiento lógico que permita la continuidad de estas a ritmos razonables.
En ese sentido, el presidente del CIPBA, Ing. Civil Jorge Castellano, consideró que la solución de la cuestión de la Infraestructura debe ser abordado pensando más allá del proyecto, licitación y construcción de obras de la manera tradicional, sino que debe adecuarse tanto la necesidad de atender la problemática de obras, su forma de solución como la manera en que el gobierno provincial diseña el presupuesto y cuanto del mismo va a la materialización de inversiones en el sector.

Los ingenieros remarcaron que en las últimas horas se ha presentado un informe en el Senado bonaerense comparando el gasto público en las 24 jurisdicciones del país, el cual arrojó que nuestra provincia es una de las jurisdicciones que menos destinan en porcentaje del presupuesto a gastos vinculados a obra pública y energía.

El relevamiento corresponde al ejercicio 2023 por ser este el último año completo con información pública disponible, en el mismo la provincia de Buenos Aires se encuentra en el puesto 21 de 24 en el porcentaje de inversión de capital (mejora de rutas, hospitales, escuelas y redes de agua) sobre el total de gastos, con sólo un 7%.

En el período mencionado las cinco primeras jurisdicciones de este listado gastaron en 2023 entre el 17 y el 30% de su presupuesto en inversiones de obras de infraestructura, de las mediciones parciales del primer trimestre de 2024 no se obtienen datos más alentadores para nuestra provincia ya que el porcentaje invertido llega solo a 5,10% del gasto público provincial, por lo que analizar el presupuesto bonaerense es el primer paso para la reorientación del gasto público que hará cualquier programa de obras de infraestructura sostenible a futuro, ya que da la impresión que se destina dinero a obras en función de lo que deja libre el gasto de mantenimiento de una estructura burocrática-política obsoleta e improductiva como la actual, puntualizaron desde el CIPBA y agregaron que «a pesar de lo injusto de la coparticipación de los recursos nacionales en lo relativo a aporte a la caja nacional e reintegro a las arcas provinciales nos preguntamos: ¿La gestión provincial gasta de manera razonable los recursos con los que cuenta?»

«A simple vista pareciera que no, ya que la mayoría de este se destina a gasto corriente. Entonces debemos pensar si los regímenes especiales jubilatorios son viables, si la cantidad de empleados públicos junto con su idoneidad para los lugares que ocupan es la que necesita un estado eficiente, entonces es necesario saber si el crecimiento del número de ministerios, secretarias y subsecretarías que pareciera que no aportan nada al crecimiento de la economía ni a la mejora de las condiciones de vida de nuestra población, entre otros puntos a revisar, deben ser mantenidos ó redefinidos con un nuevo criterio de eficiencia porque no se trata de discernir si los gastos son justos o no, sino que le aportan al conjunto y si pueden pagarse tanto ahora como a futuro», advirtieron los especialistas.

Respecto de la dimensión del Estado provincial, se preguntaron si «¿el tamaño de su planta de empleados es acorde al servicio que presta en las condiciones en que debe brindarlo?, y nuevamente pareciera que no, ya que no hay servicios que deba brindar nuestro estado provincial, pensando en la seguridad, educación, salud entre otros que funcionen en el territorio como nuestra gente los necesita. Entonces ¿Son los empleados incorporados últimamente de la calidad que necesita el sector al que fueron asignados o son solo incorporaciones de militancia política reubicada tras haber quedado libre de lugares nacionales tras la derrota electoral en las presidenciales de 2023?», cuestionaron.

Castellano también opinó que “la suspensión del financiamiento Nacional de la obra pública fue determinada en el marco de las políticas de déficit cero, que si bien son positivas en materia de orden fiscal, van dejando en claro que están afectando la capacidad productiva y el desarrollo económico de amplias zonas de la provincia y del resto del país pero que han puesto en evidencia la necesidad de hacer una reingeniería del presupuesto provincial fijando como prioridades las inversiones de capital por sobre un gasto político ya insostenible, debemos lograr invertir en infraestructura evitando el endeudamiento provincial”, además y ante la necesidad de abordar soluciones a los problemas de infraestructura, se fortalece el rol de los profesionales de la ingeniería y recordó que “los únicos que pueden trabajar en obras de infraestructura, habilitados para hacer rutas, caminos, puentes, desagües pluviales, diques y todo tipo de obras que son las que necesita la Provincia para poder prepararse y estar acorde con estos cambios que se están generando”.

El CIPBA ha manifestado en reiteradas ocasiones su disposición para colaborar con las autoridades nacionales y provinciales en la planificación y ejecución de proyectos estratégicos. Los ingenieros de la provincia ya están participando activamente en el relevamiento de establecimientos educativos y en la evaluación de daños en las zonas afectadas por las últimas inundaciones. Desde dicha entidad han manifestado que es evidente la necesidad de dar nuevos enfoques de solución que sean superadores de los tradicionales tanto en lo técnico como en lo ejecutivo ya que se deben crear planes de contingencia y directores que permitan abordar la solución de los problemas hídricos, viales, de energía y saneamiento más urgentes como su proyección a futuro, pero resaltaron sin embargo que el desafío de fondo sigue siendo la definición de un esquema claro y sostenido de financiamiento para garantizar la continuidad de las obras públicas con recursos genuinos y propios.

“Nuestra provincia está inundada, con un sistema de comunicaciones obsoleto, con menos energía de la que necesita, con faltantes de agua potable, con un sistema cloacal que no siempre depura, sino que mayormente contamina, sin establecimientos educativos, de salud y seguridad modernos con servidores públicos dedicados y eficientes como nuestro pueblo merece, pero el tema principal para la clase política dirigente es si desdoblamos las elecciones a legisladores de 2025. Creemos que esta situación actual es insostenible y debe ser abordada de inmediato con la responsabilidad profesional que permita resolverlas, aunque abordándolas con un enfoque novedoso que ponga énfasis en el cuidado ambiental, el apoyo a la cadena productiva y por sobre todo en la racionalidad del gasto, dando prioridad a destinar recursos crecientes a esta mejora en detrimento del gasto político innecesario de corte ideológico, obsoleto e improductivo. El crecimiento del sistema productivo depende de lograr construir en el mediano plazo un sistema que permita implementar una infraestructura sólida y moderna ya que, sin la reactivación de las obras del sector, será difícil lograr el crecimiento y la competitividad de los sectores estratégicos que permitan recursos crecientes para modificar el estado de cosas actual”, concluyó Castellano.