29 octubre 2020

NOTA DE OPINION

gallollorente-eduardo
EL GASTO MALGASTADO
Esta semana se conoció un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del cual surge que la Argentina es el país con más gasto público ineficiente de la región, 7,2% del PBI. El Estado tiene ineficiencias en el rubro compras, en el gasto de nómina salarial y en la transferencia de subsidios. El promedio de la región es del 4,4% del PBI y el valor menor es el de Chile, 1,8% del PBI. Corregir estas ineficiencias sería más que suficiente para eliminar la extrema pobreza e incluso para disminuir la pobreza moderada en numerosos países de la región.
Los salarios de los empleados públicos en nuestro país representan el 30% del gasto público total, superior al promedio de América Latina. En el año 2014 los salarios del sector público eran en promedio un 25% más altos que en el sector privado. Los salarios estatales fueron aumentando paulatinamente en los últimos 15 años.
En la Argentina muchos aspiran a tener un empleo público porque suelen, además de muchas veces tener buenos salarios, disfrutar de numerosos beneficios “no salariales”, tal como una mayor seguridad de empleo, más facilidades para obtener licencias y algunas veces pocos controles en el caso de ausencias justificadas e injustificadas.
En los últimos tiempos los argentinos nos hemos enterado con la causa de los cuadernos y en Brasil con el Lava Jato como se pactan las obras públicas en toda América Latina. Según las estimaciones del BID entre un 10 y 30% de la inversión en proyectos de infraestructura financiados con dinero público pueden perderse debido a la mala gestión, léase “coimas”.
También los programas sociales y las transferencias a la empresas por subsidios en energía y transporte son fuentes de corrupción y poco control. Los errores, el fraude o la corrupción reducen la eficiencia económica de estas medidas, disminuyendo la cantidad de dinero destinada a quienes más lo necesitan.
Todo está relacionado, hace unos días María Eugenia Vidal decidió tomar medidas con el desquicio administrativo en el Astillero Rio Santiago de Ensenada que tiene más de 3000 empleados y producción cero o casi cero y hace 10 años que no construyen un barco. Esto nos cuesta a todos los bonaerenses $3.500 millones anuales. En nuestro país estamos acostumbrados a cosas que no son normales en otros países como: tener empresas públicas que no realizan las tareas para las que fueron creadas, como astilleros que no construyen barcos y fábricas de aviones que no fabrican aviones, empresas aéreas que no tienen aviones para volar como Lafsa que durante los años del duhaldismo y el kirchnerismo pagamos sueldos a gente que no cumplía ninguna función. Podríamos seguir la lista con Fabricaciones Militares y otras empresas más.
Esta semana por el diario La Nación nos enteramos de algunas de las prebendas que tienen algunos empleados públicos como por ejemplo los del Astillero Rio Santiago en donde un año antes de su jubilación los empleados no concurren a trabajar pero cobran su sueldo completo para irse adaptando a su nueva situación. En otros empleos públicos sucede lo mismo. Todo esto me parece una vergüenza nacional y explica en parte porqué la Argentina está como está y no podemos salir adelante.

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