Durante el procedimiento la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental de la Fiscalía, a cargo interinamente de Federico Villalba Díaz, constató que los animales eran víctimas de actos de maltrato y carecían de los mínimos recaudos sanitarios y de controles veterinarios.
Los perros fueron reubicados en distintos refugios para su resguardo y se desmantelaron todas las jaulas en las que permanecían los animales encerrados en el fondo de la finca, mientras que el responsable del lugar -que quedó imputado en el marco del artículo 2 de la ley 14.346 de Maltrato Animal- fue lo traslado a la Comuna 4 para que realice el trámite de identificación, informó la Fiscalía en un comunicado.
La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental había recibido denuncias de vecinos del lugar que se quejaban por los llantos de los perros y de los olores nauseabundos, producto de la acumulación de animales en la finca.
Con las denuncias, informó el organismo, se dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que llevó a cabo todas las tareas de investigación previas, como las entrevistas de los vecinos «y compulsa de las páginas de Facebook a través de las cuales se comercializan ilegalmente los animales», con lo que se pudo localizar al responsable del criadero ilegal.
