28 septiembre 2020

Omar Malondra se refirió a la situación de las cooperativas eléctricas en «riesgo de quiebra»

MALONDRA14

(Télam) El fallo judicial que frenó el aumento en la tarifa de luz en la provincia de Buenos Aires podría llevar a la quiebra a unas 200 cooperativas que distribuyen la energía eléctrica a domicilios, empresas y establecimientos rurales en 240 localidades bonaerenses, ante la imposibilidad de hacer frente al ajuste. El nuevejuliense Omar Malondra (CEyS) fue consultado por la Agencia Télam.
Esto pone en peligro no sólo el servicio eléctrico que se brinda a millones de hogares bonaerenses, y también a miles de comercios, pequeñas y medianas empresas, grandes industrias y explotaciones agrícolas y ganaderas, sino también múltiples servicios esenciales, como el de gas y el de agua, que ofrecen las mismas cooperativas.
«Este fallo nos pone en la situación de bajar a la mitad de lo que cobramos por prestar el servicio, es decir, nos hace retrotraer los ingresos. Pero los gastos, producto de la nueva tarifa fijada a las cooperativas por la compra de energía a las generadoras, se multiplicó por tres, y su vez el resto de los costos, también se multiplicaron», explicó a Télam Nicolás Ambrosius, presidente de la Asociación de Prestadores Eléctricos bonaerenses (Apeba) y también titular de la Cooperativa de Electricidad de Tres Arroyos.
Ambrosius remarcó que «quedan los gastos a valores nuevos pero los ingresos a precios viejos», y alertó que «eso produce una situación que pone en riesgo el servicio».
El presidente de la Cooperativa de Electricidad de 9 de Julio, Omar Malondra, quien a su vez es vicepresidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Eléctricas, dijo que la medida judicial representa ingresos por 300 millones de pesos para las cooperativas, mientras que a nivel mayorista el costo asciende a 800 millones de pesos, lo que representa un importante desfasaje respecto a los ingresos y los egresos.
Ambrosius advirtió que «de persistir esta situación, en los próximos 30 días se puede producir un deterioro de un servicio que es vital», como la electricidad.
Las cooperativas de electricidad, que en muchos casos también proveen gas y otros servicios esenciales, llevan la luz no sólo a domicilios, sino también a comercios, pymes, fábricas y establecimientos rurales.
En consecuencia, el riesgo del deterioro en el servicio eléctrico pone en peligro a su vez el normal desenvolvimiento del entramado productivo de una provincia cuyas producciones agrícola, ganadera e industrial significan más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) todo el país.
Malondra dijo a Télam que con la retracción del aumento de tarifas «se genera un estado de situación muy particular», porque alertó que las prestadoras van «a caer en una cesación de pagos».
«Le vamos a enviar una comunicación a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que provee de electricidad a las cooperativas) indicándole la imposibilidad que tenemos de pagar» por la compra de energía a nivel mayorista, indicó Malondra, quien explicó que «no es posible seguir comprando a un precio tres veces mayor al anterior, pero vendiendo a valores del año pasado».
Del mismo modo, el presidente de la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas (FICE) y titular de la cooperativa de Pinamar, Roberto Otero, señaló a Télam que «si uno tiene que pagar la electricidad al precio que está y cobrarla al que impuso el juez, el servicio se va a resentir porque no hay manera de soportarlo».
Sin embargo, Otero se mostró más optimista que sus compañeros dirigentes, al destacar que «el fallo todavía no está firme, la medida del juez es apresurada, y si se eleva a la Cámara de Apelaciones, ésta le dará la razón a la Provincia», cuya gobernadora, María Eugenia Vidal, presentó un recurso para revertirlo.
«Si le sale en contra la decisión judicial, la Provincia tendrá que arbitrar los medios para sostener el servicio eléctrico y volver a los subsidios», remarcó el titular de la FICE, quien alertó que «de esta manera no podemos seguir, deberán compensarnos por la diferencia de plata que no tenemos».
En este marco, y ante tamaña preocupación, los representantes de Apeba, de FICE, de la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos (Fedecoba), y de la Comunidad Regional de Entidades Cooperativas de Electricidad y Servicios (Creces), todas entidades bonaerenses, y de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), de representación nacional, se reunieron de urgencia en la localidad de Azul.
Allí resolvieron acatar el fallo del juez Luis Arias del Departamento Judicial de La Plata, que ordenó a los distribuidores provinciales y municipales de energía eléctrica, entre ellos las cooperativas, de abstenerse de aplicar la resolución 22/16 del Ministerio de Infraestructura bonaerense que había dispuesto el ajuste de los cuadro tarifarios desde el 26 de febrero y, en consecuencia, retrotraer la facturación a los valores vigentes con anterioridad a la decisión suspendida.
Sin embargo, los dirigentes cooperativos advirtieron que la suspensión de los nuevos cuadros tarifarios que transparentaron los reales costos de las prestación del servicio ocasionará graves problemas.
«Es un tiro de gracia para las cooperativas», indicó Ambrosius, quien sostuvo que «había que adecuar tarifas, pero no esta escalada, ni de esta manera».
En tanto, Malondra insistió con que «se va a cortar la cadena de pago del sistema y se pone en riesgo el servicio», y remarcó que «cómo se va a enfrentar con precios viejos una paritaria acordada con valores nuevos».
AM 1420
Omar Malondra fue consultado por AM 1420 Radio Dime (www.la1420.com.ar) para referirse acerca de la situación de las cooperativas en relación al aumento de las tarifas y el fallo judicial.

 

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