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viernes, marzo 29, 2024

Defensores del Pueblo de Latinoamérica debaten sobre los derechos de las personas migrantes

El ejercicio de los derechos de las personas migrantes y sentar de las bases de un Observatorio de Derechos Humanos de América Latina, fueron los ejes abordados en el seminario internacional «Migración regional, buenas prácticas, derechos humanos y justicia. Experiencia de las defensorías del Pueblo en América Latina», organizado por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

En la sede del ministerio de Justicia nacional, el encuentro, que convocó a defensores de Latinoamérica, funcionarios nacionales y provinciales, fue inaugurado por el Defensor Carlos Bonicatto, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Alvarez Rodríguez y el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, quienes subrayaron la importancia de las leyes argentinas que consideran un “derecho humano” a la migración y las políticas públicas de inclusión e integración llevadas adelante por el gobierno argentino.

«La irregularidad migratoria no puede ser una excusa para negar derechos», dijo Bonicatto y agregó que «los defensores debemos garantizar los derechos que surgen de nuestras las leyes progresistas y colaborar en la construcción de la Patria Grande, trabajando en la cultura de la integración».

Por su parte, el ministro Alak, destacó la política nacional de derechos humanos y consideró fundamental el papel de las defensorías en la promoción para que las personas «aprendan a ejercer los derechos y puedan acceder a los beneficios que ofrece la Argentina».

Alvarez Rodríguez hizo hincapié en la colaboración que existe entre la Defensoría y el gobierno bonaerense y subrayó que esta sirve como «una alerta y guía para poder enmendar errores de la administración y garantizar los derechos populares».

A su turno, Alicia Pierini, la defensora de la Ciudad de Buenos Aires, hizo un repaso sobre casos concretos en los que los derechos de los migrantes se chocan con burocracias administrativas; seguida por la exposición de Víctor Abramovich, director ejecutivo del Instituto de políticas públicas de derechos humanos del Mercosur y Daniel Posse, juez de la Suprema Corte de Justicia de Tucumán.

Más tarde, una mesa integrada por los defensores de Bolivia, Rolando Villena; de Paraguay, Manuel María Páez Monges; de Uruguay, Juan Faroppa y el adjunto de Ecuador, Patricio Benalcázar Alarcón, dedicó su atención a realizar una síntesis sobre la situación de los migrantes en cada país y la tarea que realiza cada institución en los casos a vulneración de derechos.

Los defensores de Neuquén, Ricardo Riva; de Paraná, Luis Garay y de Escobar, Rocío Fernández, también expusieron la situación de sus regiones y las prácticas de los organismos de derechos humanos en la protección de los migrantes. En el mismo panel participó Maximiliano Pérez, jefe del departamento de Trámites del Mercosur, de la Dirección de Migraciones.

Finalmente, se firmó un acta acuerdo que sienta las bases de un futuro Observatorio de Derechos Humanos de América Latina, con el fin de que este espacio se convierta en una usina de información y una herramienta de fortalecimiento de las políticas públicas para los países de América del Sur.

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