El ex presidente de CARBAP y abogado tri- butarista Juan Pedro Merbilhaá, presentó el último sábado en Sociedad Rural de 25 de Mayo ante productores agropecua- rios del partido de 25 de Mayo y de la zona, las distintas acciones judiciales que podrán ser llevadas a cabo como defensa frente al revalúo fiscal de las tierras en la Provincia de Buenos Aires.
«Es imposible sostener la legitimidad de las normas que provocaron este cambio», indicó el letrado, en la charla que se desarrolló en el salón Lucas Monteverde del predio ferial de la Sociedad Rural, entidad organizadora de esta jornada en conjunto con Fundación Despertar.
La jornada también contó con la disertación del ex presidente de Sociedad Rural Argentina, Eduardo de Zavalía. En 25 de Mayo pese al mal tiempo, fue importante la cantidad de asistentes a la exposición, donde destacó, como instrumentos legales más próximos, la acción en vía originaria que implicará una instancia única ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el juicio ordinario corriente de inconstitucionalidad, la acción meramente decla- rativa de certeza, y el recurso de amparo, «que no es lo más recomendable ya que para cuestiones tributarias está mal visto por los tribunales», subrayó.
En este sentido, Merbil- haá sostuvo que «hay forma de canalizar el reclamo agropecuario por vías legales», y explicó que tras el vencimiento del impuesto (el día de 16 de agosto), «las acciones más breves tienen un plazo de presentación que llega hasta fines de septiembre, mientras que las demás pueden llevarse a cabo con posteridad y en cualquier momento», dijo, resaltando además que al mismo tiempo «debemos seguir ejerciendo las vías gremiales con mucha intensidad, pensando en el productor que quiera defender sus derechos».
Merbilhaá indicó además que para toda información correspondiente pueden conectar las sociedades rurales,las asesorías locales o de CARBAP, para que decidan en definitiva si van a hacer sus propias acciones o no», señaló, tras resaltar el análisis realizado «sobre la ilegitimidad del Impuesto Inmobiliario Rural frente a este nuevo revalúo impulsado por Daniel Scioli».
Cabe recordar, a partir del decreto 442/12 se modificaron los valores óptimos y se hizo una nueva escala progresiva, y con la ley 14.357 -que revocó a la impositiva anual-, se hizo efectivo el aumento a partir del 16 de agosto. «Al productor lo están esquil- mando, pero también es preocupante lo que pasó en las instituciones», insistió el abogado.
«El Parlamento de forma ilegítima delegó en el Ejecutivo la potestad de establecer valores óptimos, cosa que no podía hacer; y este último accionó a partir de un decreto, marcando una segunda ilegitimidad. Finalmente los legisladores volvieron a retomar el tema para establecer el impuesto actual, con aumentos fenomenales y absolutamente indocumentados, porque no hay respaldo para llegar a estos valores alcanzados».
Y añadió que «es imposible sostener la legitimidad de las normas que provocaron este cambio», pero que además «son insos- tenibles los nuevos valores establecidos con el revalúo, porque no surgen de ninguna de las mecánicas que establece la Ley de Catrastro, sino que aparecen del capricho del gobernador Scioli, quien los estableció en un decreto y más tarde la Legislatura los tomó».
Prensa Fundación Despertar
