27 octubre 2020

El incremento de la tarifa de luz alcanzaría un 10 % en 9 de Julio

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó un aumento tarifario para el servicio eléctrico que prestan las distribuidoras y las 200 cooperativas de la Provincia. Según estimaciones locales el aumento no superaría el 10 %.

La prestadora local, la Cooperativa Eléctrica y de Servicios «Mariano Moreno» a pedido de «EL 9 DE JULIO» informó que el incremento no superaría ese porcentaje, cálculo inferior a lo informado por medios periodísticos nacionales y provinciales.
En ciudades como La Plata, el incremento será mayor (entre un 15 y un 20 %).
Se informó que el ajuste se aplicará en forma retroactiva a los consumos registrados desde el 1º de julio y alcanzará a hogares, industrias y comercios.
El Presidente de la CEyS Omar Malondra recordó que el último aumento tarifario eléctrico a nivel provincial se había producido en abril de 2011.
Si bien el aumento es retroactivo, desde el 1º de julio, se cobrará de acuerdo a la toma de estado que se realiza en cada domicilio. Si es que no se alcanzó a registrar la totalidad del aumento en las facturas de agosto, a partir de septiembre se cobraría todo el aumento.
Como la medida es reciente, esta mañana en la sede de la Cooperativa funcionarios y autoridades se encontraban analizando la situación para la aplicación del nuevo cuadro tarifario.
Otro de los aspectos que hay que considerar es que con las facturas de electricidad se abonan impuestos y servicios, que no guardan relación directa con este servicio eléctrico pero que se incluyen como una gestión de cobro.
DISTRIBUIDORAS
El mapa del interior de la provincia está dividido entre tres distribuidoras de energía: EDEN, EDEA y EDES. La primera de ellas abarca 36 sucursales de partidos de la zona norte y tiene unos 335 mil clientes. Mientras EDEA presta servicio en 17 localidades del centro y del sudeste con unos 475 mil clientes, EDES comprende 15 partidos del sur y a más de 140 mil usuarios.
Desde el Gobierno justificaron el ajuste con el argumento de que es una demorada y necesaria “actualización” del valor agregado de distribución (VAD) destinada a mejorar los ingresos directos de las eléctricas. Y el sector empresarial aduce que los costos aumentaron en la última década más de un 500 por ciento y los salarios un 800, mientras que las tarifas permanecían prácticamente sin modificaciones.

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