31 octubre 2020

Terrorismo de Estado, democracia, inclusión social y derechos humanos

Dos secretarios de Estado, un defensor del Pueblo, un juez y un profesor universitario analizaron los derechos humanos en la Argentina de hoy. El seminario se desarrolló en la ciudad de Escobar.

Mientras el titular de los defensores del Pueblo de la Argentina, Carlos Bonicatto, aseguró que esas organizaciones contribuyen a la “solidez del sistema democrático” y la secretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, Marita Perceval, subrayó que “la lucha por los derechos humanos en el país lleva el nombre de igualdad”, el secretario provincial del área, Guido Carlotto, apuntó a la “memoria, la verdad y la justicia”, poniendo el acento en la “inclusión social” y el presidente del Tribunal Federal N° 1, Carlos Rozanski, sentenció que “el terrorismo de Estado generó la pérdida de sensibilidad ante las injusticias”.

Las definiciones de los funcionarios provinciales y nacionales tuvieron como marco el seminario “El rol del Defensor del Pueblo y los derechos humanos”, que se desarrolló hoy en la ciudad de Escobar, como epílogo de las deliberaciones que los defensores de todo el país nucleados en ADPRA, tuvieron en esa ciudad durante los últimos dos días, a quienes se sumó el secretario del Instituto y Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Federico Di Bernardi.

En la apertura del panel, Bonicatto destacó que “los derechos de las personas están asentados en su posibilidad de ejercerlos. El Defensor del Pueblo contribuye a solidez democracia, siendo un instrumento de participación de la gente para el diseño de políticas públicas”.

“Como colaborador crítico del Estado, el Defensor del Pueblo tiene que recomendar cómo se emiten las partidas presupuestarias ya que los derechos tienen un aspecto económico importantísimo”, añadió el Defensor bonaerense.

Marita Perceval destacó la capacidad de ADPRA para “trabajar coordinadamente, entendiendo al otro como aliado estratégico”, abogó para que la organización “trate los diferentes temas como una causa militante” y se pronunció por el “reconocimiento” de la tarea de las mujeres a la hora de “generar una conciencia del nunca más, en relación al delito de la trata de personas”.

“Nuestro ámbito de acción común tiene que ver con la historicidad de los derechos humanos, que son las luchas y los sueños de las sociedades; en el país el desafío de estos derechos lleva el nombre de igualdad”, explico la funcionaria nacional.

Por su parte, Guido Carlotto reconoció que “las defensorías del Pueblo y nuestra secretaría tienen muchos puntos de contacto. Nosotros concebimos a los derechos humanos como la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia en relación a todo lo sucedido durante la última dictadura cívico militar; y los derechos humanos hoy, siendo éste el aspecto que más debemos trabajar con las defensorías, apuntando desde la inclusión social”.

“La lucha por los derechos humanos es un compromiso moral, y es por eso que debemos trabajar coordinadamente para encontrar el principio de solución a todos estos problemas”, concluyó.

Carlos Rozanski analizó “el terrorismo de Estado y su consecuencia sobre los derechos humanos en la actualidad. Esto generó la pérdida de sensibilidad ante las injusticias; la nula o tenue aceptación de la norma y la pérdida de la empatía”.

“Hay que llevar adelante actos concretos contra la impunidad, porque necesitamos algo más dinámico que la verdad: la justicia”, sentenció el magistrado.

En tanto, Federico Di Bernardi resaltó que “todos los organismos del Estado son organismos de derechos humanos, algunos explícitos y otros tácitos. Si se asume el compromiso democrático, tenemos que concebir esta esencia”.

“Las defensorías del Pueblo tienen el desafío de asegurar que las instituciones aborden sus tareas desde una mirada de derechos humanos, acentuando el carácter de independencia que le confiere legitimidad”, puntualizó.

Para finalizar, la Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, resaltó el valor de la jornada como “fundamental para reflexionar el hecho de la vigencia del goce efectivo de los derechos humanos”.

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