28 octubre 2020

La Defensoría del Pueblo propicia una audiencia pública por la suba del agua

El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires planteó la necesidad de realizar bajo su órbita una audiencia pública o instancia informativa, que permita a los usuario de Aguas Bonaerenses (ABSA) ejercer sus derechos como consumidores, frente a la aplicación del aumento tarifario, hoy suspendido por la Justicia.

En el escrito que presentó ante el juzgado que decidió frenar el ajuste en todo el territorio provincial, la Defensoría expresó su voluntad de “ejercer la representación colectiva de los usuarios del servicio público de agua potable y desagües cloacales” prestado por ABSA.
La propuesta de la Defensoría sostiene que la “audiencia pública es un ámbito de discusión que amplía la participación de los ciudadanos para la protección de sus derechos, favoreciendo la transparencia en la toma de decisiones y la consolidación del derecho a la información que les asiste”.
Asimismo, la organización que conduce Carlos Bonicatto informó que en el marco de la investigación de oficio sobre la eficacia del servicio público del agua, le pidió informes a ABSA, al ministerio de Infraestructura y al Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA), sobre el incremento de la tarifa previsto por la empresa.
“Ante la eventual afectación de los derechos de los habitantes de la Provincia, corresponde propiciar la celebración de las audiencias públicas, siendo ese el ámbito donde los usuarios podrán esgrimir sus derechos”, afirmó el Defensor.
Bonicatto explicó que la audiencia pública “es un ámbito de discusión y participación ciudadana”, y sostuvo que “cualquier otra interpretación que la excluya afectaría el principio de progresividad, propio de los derechos humanos”.
La presentación judicial de la Defensoría sostiene que se considera “imprescindible obtener información acerca de los fundamentos del porcentual del aumento tarifario; de la aplicación uniforme frente a las particulares características territoriales; las diferentes situaciones socio- económicas; y la contemplación de excepciones para colectivos vulnerables”.

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