Por Héctor José Iaconis.
Existen individuos que, aún carentes de las cualidades necesarias para el ejercicio de la función pública, persisten en el intento por competir en las urnas, o fuera de ellas, con tal de lograr su obstinado cometido. Sobrados ejemplos hay en la historia política nuevejuliense más remota y, desde luego, también en la historia reciente.
En 1960 ocurrió un hecho singularísimo: en el contexto de una gestión municipal en período democrático, un intendente municipal fue destituido de sus funciones por el Concejo Deliberante.
LA UNION VECINAL
El gobierno de la Revolución de 1955 había convocado a elecciones generales para 1958, proscribiendo de las mismas al Partido Peronista.
Los comicios se celebraron el 23 de febrero de 1958, ocasión en la que fue elegido como intendente municipal del Partido de 9 de Julio, Adolfo R. Poratti, quien había conformado la denominada “Unión Vecinal”.
Sobre Poratti pesaba, por así decirlo, el prestigioso nombre de su padre, Ramón N. Poratti, eximio hombre público que también había desempeñado con acierto la función de intendente municipal. Asimismo, Adolfo, había estado al frente del Poder Ejecutivo municipal durante unos meses, como comisionado, en 1945.
El flamante intendente asumió el 1° de mayo de 1958. Con él también lo hicieron los nueve ediles de su agrupación: Miguel A.S Muratore, Ruperto C. Bottini, Federico C. Barroso, Mateo Mesquida, Miguel O. Citro, Juan Carlos Dottori, Gabriel Roger, Mateo José Podestá y Alberto Celloto.
Otras dos fuerzas políticas habían logrado bancas para sus concejales: la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), de la cual ingresaron cinco miembros (Adolfo Echeverría, el doctor Ernesto Báncora, Reinaldo Culaciatti, Adolfo González y Lorenzo Pastorino) y la Unión Cívica Radical del Pueblo, en minoría, ingresó cuatro ediles (el escribano Santos Abel de la Plaza, Adolfo Raíces, Juan C. Rolando y Raúl Righetti).
UNA GESTION BREVE
Para 1960 la gestión municipal de Adolfo Poratti había acumulado tal sumatoria de desaciertos que, poco a poco, fue perdiendo la confianza no solamente en el Concejo Deliberante sino también de los vecinos.
A mediados de 1959, el concejal Mateo Podestá, quien disentía frecuentemente con Poratti se había separado del bloque oficialista para conformar uno personal, la Unión Vecinal Independiente. Más aún, por discrepancias con el intendente, otro hombre de su confianza, Miguel Muratore (segundo en la lista de candidatos) había intentado renunciar a la concejalía.
Con el rechazo a las rendiciones de cuentas presentadas y la obstrucción a algunos proyectos que prendía llevar adelante, le demostraban a Poratti que, el Departamento Deliberativo, poco a poco le iba quitando su apoyo.
Motivo de escándalo fue, sin dudas, el disparatado intento por designar a un edil de su entorno como funcionario municipal, manteniendo simultaneidad y, claro está, cobrando un salario por el segundo. La cuestión del Matadero Municipal, en cuya administración se presentaban anomalías, era otro tema que el Concejo reclamaba al intendente, sin que éste, al parecer, hiciera oídos.
Tras los comicios de marzo de 1960 se sumaron nuevos concejales, quitando poder al influjo oficialista que había asumido un par de años antes.
LA DENUNCIA DE LA PRENSA
A mediados de 1960, el Diario EL 9 DE JULIO, se hizo eco de una preocupación que circulaba en la sociedad, respecto de la deplorable labor municipal de Adolfo Poratti.
En un llamado al Concejo Deliberante a “extremar su celo”, denunciaba los “descuidos en el manejo y en la percepción de sus rentas, lo que se refleja[ba] en el incumplimiento de sus compromisos de pago, ya sea al personal o servicios, tales como los de la electricidad y otros”.
Otro aspecto que la prensa revelaba era la falta de seguimiento y control de las licitaciones de obras otorgadas y ejecutadas, acerca del cual también circulaban comentarios desfavorables.
Más aún, quienes estaban al tanto de cuanto sucedía puertas adentro de la Municipalidad, hablaban de evasiones e irregularidades por varios cientos de miles de pesos.
LA ACUSACIONES DEL H.C.D.
El 12 de julio de 1960 fue integrada una Comisión Investigadora, designada por el Concejo Deliberante. Cada uno de sus miembros representaba a uno de los bloques: Ernesto Báncora (UCRI), Otto Rafael Adobato (UCRP), Gilberto Aguilar (Partido Conservador), Miguel Muratore (Unión Vecinal) y Mateo Podestá (Unión Vecinal Independiente) . La misma debía estudiar la gestión del Departamento Ejecutivo y, ardua tarea, poner a la luz las falencias de la misma, a pesar de los obstáculos que hallaría por parte del intendente.
El exhaustivo informe elaborado por la Comisión destacó nueve tópicos suficientemente probados:
1º) Falta de repuesta a reiterados pedidos de informes acerca de la suspensión injustificada de un empleado.
2º) Incumplimiento de las ordenanzas sobre estabilidad y escalafón.
3º) Falta de reglamentación de ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante.
4º) Falta de cobrabilidad en los impuestos municipales. Algunas empresas, dedicadas al faenamiento de hacienda a gran escala, que debían pagar de forma anticipada, llegaron a deber el equivalente a varios millones de pesos, trasladados a la moneda actual.
5º) Trato preferencial, discriminatorio y desigual, en el cobro de impuestos a faenadores de haciendas.
6º) Falta de cobrabilidad en las multas por infracción e incumplimiento de ordenanzas.
7º) Por suministro de servicios sin cobro de derechos. Aquí la acusación gravaba sobre la utilización de cámaras frigoríficas por dos matarifes.
8º) Por la existencia de comercios sin habilitación municipal.
9º) Anormal rendimiento de cuentas y presuntas irregularidades en la Delegación de Morea.
En este abanico de defraudaciones o malversaciones, había una permanente insistencia en la cuestión de la carne, el Matadero y la relación de la Municipalidad con los matarifes.
Poco más tarde, la Comisión Investigadora agregará otras anormalidades encontradas: la enajenación de bienes municipales sin la autorización del Concejo Deliberante; la falta de imputación de deudas de caminos; el incumplimiento de cláusulas determinadas en contratos vigentes y obras inconclusas; la designación en cargos públicos a personas inhabilitadas para el ejercicio de los mismos (la terquedad del intendente sobrepasaba los límites de la legalidad) y la cancelación de un importe a un contratista por el valor inferior al que figuraba en la orden de pago, entre otros.
LA CARNICERÍA
La Comisión Investigadora había llegado a detectar la existencia de una carnicería, ubicada en la esquina de la avenida San Martín y Santa Fe. Concerniente a ella, aludía el punto octavo de la lista de acusaciones.
No solamente, este comercio, carecía de habilitación, sino que además no pagaba impuestos y no podía determinarse la identidad de su propietario. Por si fuera poco, la aludida carnicería, era atendida por personal municipal.
LA SUSPENSIÓN DEL INTENDENTE Y EL “CAMINO FANTASMA”
La enumeración de estos cargos, permitió al Concejo Deliberante aplicar una suspensión de su cargo al intendente Poratti, la cual fue ordenada en la sesión del 26 de julio de 1960. Ante las acusaciones de la Comisión Investigadora el intendente había reaccionado rechazándolas.
Naturalmente, el intendente Poratti se negó a acatar la suspensión que le había aplicado el Concejo Deliberante.
A esta altura, la gestión municipal había cosechado un total desprestigio. En un clima de tensión, el intendente se encaramó en el cargo y, lejos de procurar resolver los muchos problemas que se le iban suscitando a diario, se preocupó por agudizar el estado de tensión que mantenía con el Concejo Deliberante.
Al salir a la luz la situación, por todos conocida, del “Camino Fantasma” (el acceso a la localidad de La Niña, obra que quedó inconclusa por el desvío fraudulento de los fondos), Poratti terminó procesado, junto al tesorero municipal y a un funcionario provincial.
“JAQUE MATE” Y “CHAU PICHO…”
A pesar de las rogativas de Poratti, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, falló favorablemente a las disposiciones del Concejo Deliberante, referidas a la aplicación de la suspensión. En consecuencia, el 19 de octubre de 1960, ante el escarnio popular, debió entregar el gobierno comunal en manos del concejal Miguel Muratore.
Tras ello, el Concejo Deliberante aprobó un pedido de destitución definitiva del intendente suspendido.
Estos acontecimientos echaron por tierra cualquier aspiración futura de Poratti a ejercer otro cargo público, conminándolo a retornar a la vida privada y a la práctica del ajedrez, sobre cuyo juego se jactaba de ser buen contrincante.
Su popular expresión, “Chau picho”, vulgar epílogo con que solía rematar sus discursos, quizá estuvo en el pensamiento de más de un nuevejuliense, en aquella jornada de octubre del ’60, al verle abandonar estrepitosamente el despacho oficial del intendente que, por veintiocho meses, había sido suyo.
