21 septiembre 2020

Miguel Mingote: “el Intendente Battistella reconoció que no priorizó atender la demanda habitacional”

[19 de octubre de 2011] Hay temas sobre los cuales, especialmente en estos días, los vecinos de 9 de Julio reflexionan; teniendo en cuenta que, el próximo domingo, deberán emitir su voto a una propuesta que marcará el destino de la gestión municipal a nivel local. La cuestión urbanística en 9 de Julio, por así llamarla, es una temática que reviste una importancia sustanciaL y, sin dudas, la manera en que la misma sea encarada en los próximos años, enmar- cará la configuración que ofrecerá la ciudad en clave de desarrollo.

Para reflexionar acerca de este tema, EL 9 DE JULIO dialogó con el contador Miguel Mingote, persona de sólida experiencia en la función pública.

– ¿Cómo ve la política municipal en materia urbanística?

– Pese a que el presupuesto municipal se cuadruplicó, de 24 millones de pesos en 2005 pasará a 100 en 2011, el Intendente reconoció que no priorizó atender la demanda habitacional.

La contabilidad oficial muestra que en seis años no sumó un m2 de tierra, y que es insignificante el número de viviendas concretadas. Sí registra, elevados gastos en ornamentos y pinturas.

– ¿Qué consecuencias observa como resultado de esa política?

Los cambios impulsados por el mandatario, tanto en espacios públicos como avalando el afán de los desarrolladores privados, agravan el proceso de degradación urbano-ambiental que sufre la ciudad. Eleva el déficit habitacional (que era bajo en 2005), colapsa servicios, arrasa el arbolado público, incrementa precios de suelos urbanos, de viviendas y alquileres.

Hacina a vecinos y los manda a la periferia, lejos del trabajo, de la salud, de la escuela, de los servicios, de la recreación. Los margina de participar, construir y acceder a una ciudad democrática, pues la dispersión territorial que promueve maximiza costos de infraestructura, de equipamiento, ambientales y los derivados de la accidentología vehicular.

– ¿Por qué cree que ocurre?

– El esfuerzo de los nuevejulienses, y las políticas nacionales y provinciales aportan a la mayor bonanza económica jamás registrada en el distrito, aunque siga siendo distribuida con lamentable desigualdad. Y las acciones del gobierno local retroceden y vulneran más los derechos postergados de los sectores populares. Entiendo que ello ocurre por la orientación ideológica que aplica el Intendente a sus políticas públicas, que las decide “a puertas cerradas”, ignorando otras ideas «para no mostrar debilidad política». Gobernar así, más allá de los fundamentos y propósitos, inspira siempre desconfianza y genera rechazos, porque en vez de aportar, en este caso, a una ciudad con crecimiento armónico, reedita el estilo autoritario y vertical que se agudiza en 9 de Julio desde 2006: nula participación, nulos debates, nulos consensos, nula transparencia. Las imposiciones operan en todas las áreas, como si el Intendente fuese el dueño del municipio y de sus bienes, y la comunidad sus súbditos.

El resultado probable de los actos de gobiernos así diseñados, son frustrante para las mayorías de los vecinos, como viene sucediendo.

– ¿Cómo se puede revertir tal panorama?

– Los cambios urbanísticos se deberían consensuar en ámbitos multidisciplinarios y multisectoriales, para que el desarrollo urbano no esté sujeto a arbitrariedades de funcionarios, ni a la codicia especulativa ni a la dictadura del mercado. De ese modo, es factible asegurar al conjunto social un vivir que equilibre los intereses diversos, que distribuya con equidad los bienes y servicios para  no agravar la cohesión social y mitigar los desequilibrios entre barrios dentro de la ciudad y entre las localidades.

– ¿Qué hacer para atender la problemática habitacional en 9 de Julio?

– Para diagnosticar y evaluar respuestas, se debe terminar el proceso de imponer medidas inconsultas. Con la participación de los actores sociales hay que lograr consensos políticos y técnicos, para que las propuestas sean políticas de Estado, sin excluidos ni excluidores.

En tal sentido, y en el marco de las Ordenanza vigentes, para satisfacer el derecho al suelo y a la vivienda, se debe cuantificar el déficit, y luego acordar el control social de la planificación, de la gestión urbana y de las transacciones inmobiliarias.

La cuestión no es sólo gestionar exitosamente planes de viviendas, en propiedad y/o en comodato. Se debe también operativizar el Fondo Municipal de Tierra-Viviendas creado en 1992 y el Banco Municipal de Tierra, Desarrollo Urbano y Viviendas creado en 2004, y evaluar estrategias como: generar un núcleo urbano satélite para reducir el valor del suelo, estudiar la provisión de obras básicas de  infraestructura y descentralizar servicios, revalorizar las localidades del interior y fomentar el arraigo, crear fondos para subsidiar alquileres, alquilar casas con mínima ocupación, crear fideicomiso para sumar suelo urbano, efectivizar la ordenanza sobre plusvalía, intervenir en el mercado de alquileres, lograr créditos accesibles, etc.

Sería relevante reivindicar la autogestión, la autoconstrucción y el desarrollo cooperativo, y reactivar la Comisión Urbana Medio Ambiental ampliada, y reglamentando su operatoria.

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