9 julio 2020

Soberanía Alimentaria

Nota de opinión

Escribe Ing.Eduardo Gallo Llorente
gallollorenteedu@gmail.com

Las excusas de intervenir la cerealera Vicentin e impulsar su expropiación suena tan ridícula que hasta los más alejados del tema se dan cuenta. Se dijo que había que proceder en ese sentido para cuidar la soberanía alimentaria, tener una empresa testigo y que era una decisión estratégica. Ninguna de las tres razones aplica.
Vicentin, cuya principal actividad es la molienda de soja y girasol y la exportación de aceites y harinas proteicas, exporta estos productos desde hace más de 50 años y la empresa tiene más de 90. La soberanía alimentaria no tiene nada que ver con un sector que está destinado en más del 90% a la exportación y no al consumo interno. La Argentina es uno de los principales países productores de soja y produce alimentos para 400 millones de personas. El sector agropecuario es sin duda el más eficiente de nuestro país y el que genera más dólares en exportaciones. Sin embargo, no puede imponer los precios de los productos agropecuarios que se rigen por el mercado de Chicago, por más que esta empresa esté en manos privadas o estatales.
A los peronistas y principalmente a los kirchneristas que son estatistas por naturaleza, les gusta expropiar empresas. Hubo muchos antecedentes durante los 12 años de gobiernos K, comenzando con el Correo oficial en el 2004, AySA en el 2006, Aerolineas Argentinas en el 2008, YPF en el 2012, empresa por la cual se pagaron US$ 5.000 millones por el 50% y en los últimos días nos hemos enterado de un juicio entablado en Nueva York que seguramente nos costará entre US$ 3000 y 10.000 millones más por parte de la empresa. YPF, que de contar con 10.000 empleados en el 2011 pasó a tener 20.000 empleados en la actualidad, según dichos del CEO de YPF Guillermo Nielsen, produce la misma cantidad de petróleo. Cuando Menem privatizó YPF tenía casi 50.000 empleados, ¿cuánto tiempo llevará volver a esta cifra?
Las expropiaciones de empresas en la Argentina han servido solamente para nombrar militantes, amigos y parientes de funcionarios y empleados.
Muchos peronistas se manifestaron en contra de la decisión presidencial de intervenir y buscar expropiar la empresa, tal como Guillermo Moreno que dijo: El poder ejecutivo no tiene facultades para intervenir la compañía y agregó que el peronismo no es estatista (sic). Además aseguró que no es facultad del Presidente intervenir una empresa del sector privado bajo ninguna circunstancia pero menos aún si está en convocatoria de acreedores, que significa que está bajo el paraguas protector de un juez natural.
Moreno no es el único dirigente peronista que cuestiona la iniciativa gubernamental. El ex Ministro de Economía Roberto Lavagna que mantiene un diálogo fluido con Alberto Fernández tomó distancia del proyecto y dijo: Hace algunos años se habló de soberanía energética y las cosas no salieron bien. Ayer se habló de soberanía alimentaria y esperemos que se haya aprendido la lección. No basta el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien.
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay también se manifestó públicamente en contra de la estatización de la empresa por razones jurídicas similares a las de Guillermo Moreno.
Durante la semana las alternativas del caso fueron variando desde el inicio cuando se habló de expropiación hasta el jueves que luego de una reunión del Presidente con el Gobernador de Santa Fe Omar Perotti y el CEO de la empresa se empezó a hablar de rescate. Veremos en los próximos días que postura prevalece dentro del gobierno. Aparentemente lo que llevó al cambio de postura de Alberto Fernández fue el fuerte rechazo entre la ciudadanía, en especial en Santa Fé, a la expropiación de la empresa, que por otro lado nunca han sido exitosas en nuestro país. El ejemplo más palmario es el de los ferrocarriles estatizados en 1946 por Perón que hoy son Argentinos pero tienen un servicio muy reducido de muy baja calidad y que casi no transportan ni pasajeros ni carga.

Eduardo Gallo Llorente
12 de Junio 2020
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