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Durante los años 2011 y 2012 antes y después de que el diario Clarín denunciara en una nota el desmanejo y descontrol de dinero que le entregaba el gobierno a la fundación Sueños Compartidos para la construcción de viviendas, mi primo Rafael Cabello que trabajaba en la Secretaría de Vivienda de la Nación, había comentado indignado la presión que sufrían él y otros compañeros de trabajo de parte de sus jefes para que agilizaran los trámites a fin de sacar pagos de certificados de avance de obra de distintos planes de viviendas de la fundación sin cumplir con los pasos y controles necesarios. Comentaba que más de una vez lo había visto a Sergio Schoklender en la Secretaría buscando personalmente cheques, que luego se supo cambiaba en financieras y se hacía de efectivo para los pagos de sueldos y materiales. Se sabe que no hacían los aportes correspondientes a la Seguridad Social, de los más de 5000 empleados que llegaron a contratar. Sin embargo durante varios años no se los intimó dicho incumplimiento, igual al caso de Cristóbal López con los impuestos a los combustibles no pagados al estado nacional, por dicho empresario dueño de la empresa OIL y no intimado por la AFIP.
Con parte de ese dinero Sergio Schoklender compró dos aviones, una lancha, autos de lujo y hasta el colegio que iba su hija para no tener problemas con sus maestras y autoridades.
Esta última semana el Juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a todos los mencionados anteriormente y a otros más. A Hebe de Bonafini y a los hermanos Schoklender por desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas y a José López y Abel Fatala por el delito de defraudación a la administración pública. El juez concluyó que Bonafini, como presidenta que firmaba los balances, tenía un rol clave en la Fundación y también estimó que Capitanich, Julio de Vido y algunos gobernadores no estaban al tanto de la maniobra y en consecuencia les dictó falta de mérito pero no están sobreseídos, las investigaciones continúan. Para algunos periodistas es una sorpresa que el Juez no procesara a Julio De Vido.
El fallo, que tiene más de quinientas fojas, señala que la AGN (Auditoría General de la Nación) detectó que $206.438.454 no pudieron ser asociados a pagos relacionados con la gestión de obra, es decir, fueron desviados de su destino original. Los que leyeron el fallo afirman que está muy bien documentado y en poco tiempo veremos si la Cámara rechaza o confirma lo dictaminado por el Juez de Primera Instancia. Para el magistrado, los hermanos Schoklender utilizaron a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo en convivencia con funcionarios públicos para gestionar y obtener de forma ilegítima fondos del Estado.
La Sra. Hebe, luego de conocerse el fallo, grabó un video responsabilizando al Presidente Macri afirmando que es él quién está detrás del procesamiento.
Lamento profundamente que mi primo Rafael Cabello, que falleció en marzo de 2013, y que fue testigo del accionar delictivo de esta gente, no pudo ver su procesamiento.
* Por Eduardo
Gallo Llorente
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